El bipartidismo atenuado, resultado directo del
mencionado Pacto, y que se acentuó a partir de las elecciones presidenciales de
1973 entre los socialdemócratas de AD y los socialcristianos del COPEI –institucionalizados
y articulados de forma tal en aquel escenario político, como para mantenerse en
todo momento prácticamente alejados de toda confrontación y polarización
ideológica- generó, por ende, un compromiso de las cúpulas partidistas en la
solución concensuada de los conflictos. Este período se caracterizó, además,
por el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo; la malversación de
los fondos públicos; el clientelismo político; la monopolización de la
producción, concentrándose eminentemente en el petróleo; así como la constante
represión y persecución de los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles.
La fórmula puntofijista provocó un entronizado
elitismo (cogollocracia), que alejó cada vez más a las masas de la
participación en la toma de decisiones, sentándose las bases para una
partidocracia, cuyo único límite fue el consenso de las organizaciones
implicadas en dicho pacto. Durante su vigencia no se ejerció
oposición real por el partido contrario ante la expectativa de ser bien tratado
y, a sabiendas, de sus posibilidades de acceder al poder a corto o mediano
plazo.
De este modo ocurrió una extrema monopolización de la vida política por los
partidos, constriñéndose estos a la sociedad civil, al centrarse eninterés
políticos electorales, perdiendo su arraigo popular, su atractivo ideológico y
su capacidad para satisfacer las necesidades sociales.
Aparejado a todo este fenómeno, la corrupción
administrativa involucraba frecuentemente a los miembros de los partidos,
acentuando su descrédito ante los ojos del
pueblo. De este modo el poder oligárquico de los
partidos políticos pervirtió su papel de intermediario entre las masas y el
Estado, perdiendo la legitimidad y confianza ciudadana.
A su vez, el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo dentro del
sistema provocó que los líderes (caudillos) fueran los dirigentes políticos que
afirmaban su poder al interior de los partidos. Con ello se eliminó todo
disenso y se construyó maquinarias bien estructuradas de militantes ligados por
la fidelidad a toda prueba, a quienes se recompensaba con cargos políticos o
favores de otra naturaleza, compensaciones que obtenían los militantes leales y
de consecuente militancia en los partidos, concibiéndose un
clientelismo político sin paralelos en la historia venezolana. Se convirtió al
estado en un gran empleador de labores innecesarias,
por cuanto los partidos ofrecían prebendas a sus militantes como mecanismo de distribución de la riqueza
pública. Fue así como
las políticas económicas y sociales alimentaban una clientela partidista y
electoral, que creó una forma de dependencia permanente entre el centro de poder y la clientela.
Incluso lacorrupción, la malversación de fondos públicos, la impunidad legal,
la ineficiencia y partidización infestó al sistema judicial venezolano,
resquebrajando la credibilidad de los venezolanos en sus instituciones, lo cual
aceleró un clima de irrespeto por las normas jurídicas
que sustentaban la sociedad.
La dependencia exclusiva del
petróleo significó sostener el sistema en sus tres pilares fundamentales, a
saber: la renta petrolera, las cada vez más crecientes expectativas sociales de
solución de las dificultades que enfrentaban y el aseguramiento de la
representación y la legitimidad del
sistema. Sin embargo, esta economía sustentada en el modelo petrolero-además
del control de precios y los subsidios –encubría un proceso inflacionario que
irrumpiría, posteriormente, en la escena económica; además, la concepción
equivocada de los planes de desarrollo condujeron al incremento del
endeudamiento público y crearon una crisis financiera, fiscal, y socioeconómica
sin precedentes. El modelo establecido de democracia representativa se
caracterizó por la restringida participación popular en la toma de decisiones
políticas mediante la expresión del sufragio cuando se celebraran
los comicios electorales, forjándose un sistema político elitista y excluyente
que mar ginó a la gran mayoría de los ciudadanos. Las
principales decisiones las adoptaban las élites gobernantes y estos tenían
asegurado sus intereses frente a los intereses generales.
Esen este entorno donde se articularon, como factores reales de poder, los
partidos políticos tradicionales, los grupos económicos y de presión, los
medios de comunicación, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas e, incluso,
las individualidades poderosas de la sociedad venezolana, que garantizaron que
no serían afectados sus intereses por la regla de la mayoría en la formulación
de políticas públicas.
Ante la situación de decadencia del
viejo sistema se planteó, como
alternativa política, la salida jurídica de la misma mediante una reforma
general de la Constitución vigente, basada en la falta de salidas
institucionales ante la crisis de representatividad de los partidos
tradicionales. A esto se añadió el agotamiento del modelo rentista y el debilitamiento de los órganos
estatales, todo lo que de conjunto erosionó con fuerza la legitimidad de las
bases del
sistema. Se estaba en presencia sin dudas, del último intento desde dentro del sistema de salvar las bases y pilares en los cuales
se erigió durante casi treinta años, denotando cuanto este había sido capaz de
devorarse como
propuesta seria de construcción social. Sin embargo, el fracaso de dicho
intento, marcado por el ascenso al poder de la alternativa presentada por Hugo
Chávez, al pueblo, permitió que este accediera verdaderamente a un ejercicio de
su poder soberano, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, que por
primera vez descansó en la legitimidad de la soberaníapopular.
Con la aprobación y promulgación del nuevo texto constitucional, en diciembre
de 1999, comenzaron a sentarse en Venezuela las bases de una democracia
participativa y protagónica una democracia ¨ no excluyente ¨ sino ¨
incluyente¨, que permite el acceso al pueblo a la adopción de las decisiones
políticas de la sociedad. El establecimiento de nuevos instrumentos que
viabilizan al efecto tal posibilidad, y permiten al
pueblo participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como vía que garantiza el
completo desarrollo individual y colectivo. Esto significa, sin dudas, el
aporte más trascendental dentro del sistema político venezolano
actual, dado por el nuevo texto constitucional.
El nuevo sistema político se erige, además, en los pilares del nacionalismo
como expresión de la defensa de la soberanía frente a la globalización y la
implementación de políticas neoliberales en nuestro continente-, en el rescate
del ideario y el pensamiento de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Simón Rodríguez
y en la constante búsqueda de una sociedad humanista , bolivariana,
revolucionaria, en la cual el hombre es el eje central de transformación y
desarrollo, con un sistema de gobierno que promueva los valores de igualdad,
justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y la garantía de los Derechos
Humanos.
En esta nueva concepción se le reconoce al Estado un
prioritario papel en el enfrentamiento de los males queaquejan a la sociedad
venezolana mediante políticas públicas equitativas y con una inversión social
adecuada. Este sistema político, económico y social coloca al hombre como
centro de atención y de su razón de ser, posibilitando la satisfacción de las
necesidades vitales para el pueblo, en correspondencia con sus capacidades y
esfuerzos, y permitiéndole condiciones de vida dignas.
La política social del Estado debe tener como objetivo, entonces, la inclusión
real y efectiva de toda la población, lo que significa que se deben diseñar
políticas públicas encaminadas a potenciar el acceso a los bienes primarios y
básicos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, entre
otros.
Debe ser, como
el aparato público, un ente rector, promotor y estimulador de relaciones de
cooperación entre los diferentes factores sociales y económicos, en defensa de
la gran mayoría, para impedir que estos sean tragados por las minorías.
Se plantea de este modo, un proyecto de país, marcado por importantes retos y
compromisos con las esperanzas absolutas y fundadas en que el proceso
revolucionario devolverá a la nación una próspera abundancia y bienestar
individual y colectivo, dirigido a consolidar una verdadera igualdad, una
razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia
democrática de los poderes y las organizaciones políticas y sociales, así como
la responsabilidad del Estado en la integración social y económica.
