Participación ciudadana: base del gobierno democrático

Elio Villaseñor Gómez*
La participación en los asuntos públicos ha sido un valor que los ciudadanos y ciudadanas hemos ido desarrollando en los últimos años en nuestro país. Entre los antecedentes que confluyen para que esto sea posible, hay dos hechos que cualifican la participación ciudadana en nuestro país.
Durante los años ochenta, dos acontecimientos marcaron la historia de México: uno, fue el terremoto de 1985 y, el otro, las elecciones de 1988. En estos años, los ciudadanos salimos de la actitud pasiva en la que estábamos, de simplemente esperar o ser receptores de las iniciativas de los gobernantes, a tomar la iniciativa, con nuestras capacidades y valores y buscar que los asuntos públicos fueran asumidos por la ciudadanía, a pesar de la falta de voluntad gobernantes y de los partidos políticos.

En 1985, los ciudadanos salimos a la calle para asumir el control de la ayuda humanitaria, los proyectos de vivienda y de autodesarrollo social. Esos apoyos y ayudas quedaron centralmente bajo el control de la ciudadanía, y menor medida del gobierno.
Podemos decir que la primera manifestación de la ciudadanía social en nuestro país se dio a raíz del terremoto, ya que entonces se mostró como una ciudadanía no simplemente demandante, sino con capacidades intelectuales y espirituales con las que se enfrentaron los problemas comunitarios y la reconstrucción de la Ciudad de México.

El terremoto de 1985 marcó a la ciudadanía delDistrito Federal y sus efectos sociales se extendieron a todo el país. Este acontecimiento permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles y cambió las actitudes de ciudadanos y ciudadanas que ya no permanecieron instalados en conductas y acciones sólo de queja y pasaron a la elaboración de propuestas para solucionar, desde lo local, los problemas públicos.
Sus efectos se combinaron con los de las elecciones de 1988. Entonces, se unieron la fuerza de la ciudadanía social con la de la ciudadanía cívica. Ciudadanos y ciudadanas disputamos entonces lugares en el espacio de lo público, buscando maneras de resolver nuestra problemática cotidiana y exigiendo también nuestros derechos políticos.

Esa nueva ciudadanía, que se desarrollará durante los años noventa, va a exigir, por un lado, el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales y, por el otro, el ejercicio también efectivo de sus derechos políticos, como una estrategia para ir construyendo el ser ciudadano, es decir, hablamos de una nueva cultura ciudadana que pone por delante los intereses públicos en lugar de los particulares y que va a constituir el gran avance en la construcción de la nueva cara de la ciudadanía en nuestro país.

Esta forma de ser ciudadano ha ido abriendo cada día más espacios, entrando no sólo en el terreno de los problemas públicos, sino exigiendo su participación en las orientaciones, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Esto posibilitará en nuestro país la emergencia de una gama enorme de actoressociales y civiles que participan en la vida pública del país desde diferentes ejes temáticos: medio ambiente, género, microempresa, desarrollo local, vivienda, salud, educación y patrimonio cultural, entre muchos más.
Nos encontramos frente un actor civil que va asumiendo su entorno público sin sentirse obligado a pedir permiso a los gobernantes ni a los partidos políticos, para ser considerado como parte de lo público, es decir, se construye una ciudadanía que de manera cotidiana, a nivel regional, nacional o internacional exige que ejerza su derecho de ser parte de la solución de los asuntos públicos. En este sentido la participación ciudadana en nuestro país ha tenido la característica de un movimiento que busca, primeramente, que se le reconozca su 'mayoría de edad', como interlocutor válido y capaz.

Se reconoce, por supuesto, que los gobernantes tienen un papel asignado y la capacidad para enfrentar los problemas públicos, pero lamentablemente por mucho tiempo se ha demostrado que solos no pueden. La ciudadanía ha mostrado su capacidad y voluntad para elaborar y llevar a cabo proyectos o propuestas para enriquecer las políticas públicas, tanto locales como nacionales.
Desde esta nueva perspectiva, la participación responsable de hombres y mujeres reclama que se nos considere ciudadanos no solamente en épocas electorales, cada tres o seis años, sino que se acepte que somos ciudadanos plenos los 365 días del año, para que todos los asuntos públicos sean asumidos de maneracorresponsable entre los gobernantes y los ciudadanos.
Con esta nueva exigencia, que parte de una ciudadanía que ha aumentado sus capacidades y su acceso a la información sobre sus problemas cotidianos y los problemas globales, su presencia ha ido ganando peso e importancia todos los días; con una agenda propia, inquietudes y propuestas para resolver sus problemas actuales y para un mejor mañana.
Sin embargo, uno de los problemas más importantes que vivimos es que, dadas las acciones y escasa respuesta de muchos gobernantes y miembros de los partidos políticos ante las propuestas de participación ciudadana, se ha generado entre la ciudadanía una gran desconfianza y desencanto hacia los políticos y los partidos. Ciudadanos y ciudadanas percibimos que no hay cambios entre la clase política; desgraciadamente, para muchos de sus miembros, lo público sigue siendo considerado como patrimonio exclusivo de gobernantes y partidos.
En este campo, grupos y organizaciones civiles y sociales, han librado una gran lucha para que lo público se transforme en un espacio de coordinación entre gobernantes, ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, academia y otros sectores de la sociedad, es decir, transformar lo público para que deje de ser un asunto partidario y evolucione hacia un espacio para construir el bien común, el bien público. Este es el gran cambio que los ciudadanos hemos ido logrando: estamos superando el estancamiento en que cayó la alternancia del poder y estamos construyendo verdaderamentepuentes hacia la democratización de las políticas públicas.
Algunos ejemplos de este proceso impulsado por la ciudadanía son los avances de algunas leyes aprobadas en México. Dos de ellas me parecen que fundamentan lo que estamos exponiendo
La Ley General de Desarrollo Social, que en el artículo 3, fracción V, nos dice:
'La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:
'-Participación social: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social'.
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en el artículo 5, en diferentes fracciones, se refiere a las actividades de la sociedad civil:
'Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:
'-III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.
'-VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario.
'-XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales.
'-XV. Participación en acciones de protección civil'.
En el Artículo 6, fracción XI, de la misma ley encontramos:
'Artículo 6. Para losefectos de esta ley, las organizaciones de la sociedad civil tienen los siguientes derechos:
'-XI. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables, en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta leyïsœ'
Estos artículos muestran, que el cabildeo en el proceso de aprobación de dichas leyes, ha logrado el reconocimiento de la participación ciudadana como un requisito indispensable para llevar a cabo cualquier política pública. Nos indica el gran reto que tenemos enfrente para lograr que los gobiernos se ejerzan bajo las nuevas bases de la participación ciudadana.
Desde estas experiencias, podríamos considerar algunas de las bases para una nueva forma de gobernar
1. Debemos entender que el y la gobernante son servidores públicos, electos para cumplir un mandato que los ciudadanos y ciudadanas les dimos para ejercer el poder. Si así lo entendemos, el gobernante deberá considerarse como alguien que ha sido contratado por la ciudadanía para proporcionar un servicio público. Por lo tanto, tenemos que cambiar la percepción de que las y los gobernantes son los dueños absolutos del espacio público y hacerles entender que están llamados a ser servidores y servidoras que deben contar con la aprobación de la ciudadanía para desarrollar un programa público.
2. Las y los gobernantes democráticos debencomprometerse a incorporar a la ciudadanía en todas las acciones públicas. En la medida en que lo hagan estarán cumpliendo con su responsabilidad de asumir que lo público no es patrimonio personal, de grupo o de partido, sino que es un espacio donde ciudadanos, ciudadanas y gobernantes construimos el bien público.
3. Tenemos que asumir que el ejercicio de gobernar es una acción en la que deben coordinarse los distintos sectores de la sociedad y trabajar de forma corresponsable para que el bien público sea el bien de todos y de todas.
4. Por último, debemos entender que la acción de gobernar es una acción pública y que toda acción pública deber ser realizada de cara a la ciudadanía. Para ello es deber de todas y todos los gobernantes informar a la sociedad de manera permanente sobre sus acciones y decisiones. No deben hacer de la información un asunto protocolario, sino lograr que sea una acción en la que se incorpore la ciudadanía como vigilante, para que juntos podamos hacer que la acción pública no sólo sea eficiente, sino que tenga calidad humana.
Todas las características de esta nueva forma de gobernar nos llevan a la consideración de que la democracia no siga siendo un acto ritual, en el que ciudadanos y ciudadanas hacemos presencia solamente en los procesos electorales (cada tres o seis años). Hay que entender que la ciudadanía hoy no es la misma de hace 40 años; la actual se ha formado y ha emergido con nuevas capacidades, que exige que sus derechos humanos integrales sean reconocidoscomo parte del espacio y las acciones públicas.
La participación ciudadana se va imponiendo cada día, aunque existan todavía muchos gobernantes y líderes políticos que se resisten y prefieran solo tratar con individuos callados y pasivos frente a sus abusos de poder. Que los ciudadanos y las ciudadanas hayamos tomado en nuestras manos la disputa sobre los asuntos públicos locales, nacionales e internacionales, para integrar nuestras propuestas como parte de la solución a los problemas es ya un asunto irreversible y global.
Este cambio que ha ido logrando la sociedad organizada tendrá que verse reflejado en los actos de gobierno que deben responder efectivamente a la demanda y al mandato dado por los ciudadanos y ciudadanas, más que a los criterios impuestos por los intereses de sus partidos políticos y otros grupos de poder. Se requieren ya otro tipo de gobernantes que respondan a los intereses de la sociedad en su conjunto.
Se requiere, pues, desarrollar una nueva etapa sustentada cotidianamente en una ética social, con valores de tolerancia, respeto, transparencia y rendición de cuentas y equidad ante la ley. Esto resulta hoy fundamental para reconstruir las relaciones de confianza entre gobernantes y ciudadanía.
Desde nuestra experiencia, estas son las bases necesarias para una nueva forma de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y gobernantes dispuestos a coordinarse con los distintos sectores de la sociedad, para construir el bien público, el bien de todos.