El proceso de privatizaciones en la Argentina desde una perspectiva del Balance de Pagos







El proceso de privatizaciones en la argentina desde una perspectiva del balance de pagos1
I. Introducción
Laaplicación de un programa de privatización de empresas públicas implica una decisión estratégica por parte de un gobierno de retirarse de la actividad económica directa. Uno de los países precursores en adoptar este tipo de programas fue el Reino Unido. A fines de la década del 70, el partido conservador britanico puso en marcha un extenso programa de privatizaciones con la idea de reducir la intervención del gobierno en la actividad económica y ampliar la participación del sector privado. En América Latina, el primer país en desarrollar un programa de privatizaciones de gran alcance fue Chile, cuando a partir de 1974 el gobierno militar transfirió a manos privadas la mayoría de las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno anterior, devolviéndolas a sus antiguos dueños. Unos años después, el programa también alcanzó a las mas grandes empresas públicas de infraestructura y transporte.

Mas tarde, a partir de mediados de la década siguiente y particularmente a comienzos de los 90´s, estos programas comenzaron a llevarse a cabo en un número importante de países en desarrollo, en especial en América Latina. En estos países, ademas de perseguir objetivos de largo plazo, las privatizaciones fueron una manera de aliviar los abultados déficits presupuestarios de los gobiernos, en un momento en el que el acceso al crédito era muy restringido. México fue uno de los primeros de la región en emprender un amplio y extenso programa de privatizaciones. Luego de ventas de empresas públicas menores llevadas a cabo a mediados de los ochenta, se privatizaron a fines de la décadalas dos aerolíneas nacionales y las empresas de telecomunicaciones y, a principios de los noventa, bancos nacionales y empresas mineras y de manufacturas de hierro y acero.
El amplio proceso de privatizaciones encarado por el gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se enmarcó en este contexto. En ese momento, se inició en el país un importante proceso de reformas que apuntó a la reestructuración de la economía y a la redefinición del rol del estado en la misma. La privatización de las principales empresas estatales (avalada por la Ley de Reforma del Estado de 1989) constituyó uno de los lineamientos principales de la nueva política económica, cuyo primer objetivo residía en la estabilización de precios, paso primordial para lograr la confianza y credibilidad de los inversores y la subsecuente entrada de capitales necesarios para el crecimiento de la economía.
Las privatizaciones aliviaron la situación financiera del gobierno en varios sentidos. El ingreso de efectivo sirvió como financiamiento en un momento en el que el acceso al mismo era escaso tanto interna como externamente, y la aceptación de papeles deuda pública como forma de pago permitió mejorar la situación de las cuentas externas y de ese modo, acercarse a un acuerdo con sus acreedores, que desde la década anterior presionaban por la realización de este tipo de operatoria. Por último, se mejoró la situación fiscal ya que el estado se desprendió de empresas que generaban déficit y las nuevas empresas privatizadas generarían futuros recursos tributarios con el pago de impuestos.
La formaen que se realizaron los pagos de las privatizaciones respondió a distintos motivos prioritarios a lo largo del proceso. Los primeros desprendimientos realizados por el Estado Nacional tuvieron como objetivo central reducir la deuda externa y facilitar la regularización de los pagos externos, requisito necesario para generar confianza en la comunidad de negocios y crear las condiciones para lograr el acceso a los mercados de capitales y la estabilidad macroeconómica. Para cerrar el paquete financiero - que concluyó con la negociación del Plan Brady en 1992- el estado necesitaba reducir el stock de deuda a refinanciar a un monto compatible con los fondos disponibles para destinar a la compra de las garantías del nuevo plan de refinanciación.2
Durante los años 1990-1991 fueron vendidos algunos de los activos mas preciados del Estado, a diferencia de otros países que comenzaron sus procesos privatizadores con la venta de activos menores. En el año 1990 el valor nominal de los títulos entregados en pago ascendió a U$S 6.343 millones lo que representó un 47% del total para todo el período. A partir de 1992, ya lanzado el plan de convertibilidad, con la mejora en el ordenamiento de las cuentas públicas y con la economía en franca recuperación, las privatizaciones comenzaron a privilegiar la recaudación en efectivo.
Todo este proceso estuvo caracterizado por una amplia participación del capital extranjero llevando a un rapido crecimiento de los flujos en concepto de inversión extranjera directa y de inversión de cartera. Es por eso que en este trabajo se expone laparticipación de las empresas privatizadas en las principales cuentas del balance de pagos. Se mostraran aperturas por origen geografico de los inversores, por actividad económica de destino y se intentara delinear la estrategia seguida por los grupos adjudicatarios en cuanto a la conformación de los consorcios controlantes de las empresas públicas. Con ese objetivo, en la primera parte de trabajo se mostrara un resumen de la historia del proceso de privatizaciones en Argentina en la década del noventa.

II. Las privatizaciones en el período 1990-1999
A lo largo de la década del noventa los ingresos fiscales (nacionales y provinciales) en concepto de privatizaciones ascendieron a 23.849 millones de dólares, de los cuales 19.422 millones de dólares correspondieron a ingresos del sector público nacional (81%) y 4.427 millones de dólares fueron recaudados por los gobiernos provinciales (19%).
Cuadro 1: Ingresos totales por privatizaciones nacionales y provinciales
(en millones de dólares)

II.1. Modalidades de pago.
Con respecto a las diferentes modalidades de pago utilizadas, es necesario aclarar que en algunos casos la venta de las empresas públicas incluyó también parte de sus pasivos que eran, en algunos casos, de exigencia inmediata con el propio gobierno3 implicando un ingreso inmediato en los recursos del Tesoro.4
Las modalidades de pago incluidas como ingresos por las privatizaciones se limitaron a: efectivo de libre disponibilidad para el vendedor, efectivo destinado a la constitución de fideicomisos (en principio destinados a la compra de papeles de ladeuda externa) y la entrega de títulos de deuda. En el caso de Aerolíneas Argentinas hubo otras dos modalidades adicionales. Ademas del pago acordado en efectivo y mediante entrega de títulos, parte del precio pagado por la empresa se canceló con un crédito otorgado por el vendedor (que finalmente fue pagado con la entrega de bonos externos 1989) y parte se canceló contra deudas que el Estado mantenía con la empresa (relacionada entre otras cosas con la provisión de pasajes a funcionarios públicos). Estas dos modalidades particulares se muestran en el cuadro siguiente como “otras”.
Cuadro 2: Privatizaciones por modalidad de pago
(en millones de dólares)

En los pliegos de cada caso el estado establecía los requerimientos de pago de las operaciones. Por ejemplo, para el caso de ENTEL, las ofertas debían consistir en pagos en efectivo -al contado y a plazo- y entrega de títulos. Dado que el monto requerido por el gobierno como pago en efectivo era fijo, el consorcio que ofreciera la mayor cantidad de bonos resultaba adjudicado.
La mayor parte de los ingresos por la venta de empresas fueron en efectivo, sin embargo se destaca la importancia de la entrega de títulos de deuda pública especialmente en los primeros años del proceso. En el período 1990-1994 el 30% de los ingresos por privatizaciones corresponde al valor efectivo de los títulos entregados.
Grafico 1: Privatizaciones por modalidad de pago

Los depósitos constituidos en fideicomisos estaban destinados a la compra por licitación de papeles de la deuda externa. Luego de un período de un año, si esos fondosno se utilizaban para la recompra de papeles de deuda pasaban a la Tesorería con libre disposición de su destino. Este último fue finalmente el destino de estos fondos.
Cuadro 3: Detalle de Fideicomisos
(en millones de dólares)

II.2. Los pasivos privatizados.
En general, la política adoptada por el programa de privatizaciones fue la de transferir los activos de las empresas públicas al sector privado. Esto facilitó la venta de estas empresas que, en la mayoría de los casos, estaban muy endeudadas. Esto significó que el gobierno asumió gran parte de esos pasivos.
Sin embargo, en algunos casos, las empresas adjudicatarias se hacían cargo de parte de la deuda de las empresas que recibían.
Cuadro 4: Pasivos de las empresas privatizadas asumidos por los adjudicatarios
(en millones de dólares)

YPF tenía antes de su privatización un pasivo de U$S 11.300 millones. Como parte del proceso de privatización el gobierno asumió deudas con organismos multilaterales por un monto de U$S 5200 millones y deuda externa con bancos comerciales por U$S 3.340 millones. Asimismo, refinanció o condonó gran parte de la deuda impositiva de YPF. Los pasivos asumidos por la empresa se estiman alrededor de los U$S 2.800 millones según surge de los balances de la empresa.
En el caso de Entel, los consorcios que participaron de la licitación se comprometían a asumir U$S 380 millones del pasivo de la empresa, de los cuales U$S 202 millones correspondieron a Telefónica y U$S 178 a Telecom. El estado mientras tanto absorbía el resto de la deuda de la compañía estimada en U$S 1760 millones.Al momento de su privatización en 1992 SEGBA tenía un pasivo de U$S 4820 millones de los cuales U$S 374 millones fueron transferidas a las nuevas compañías privadas. Los restantes U$S 4446 millones fueron absorbidos por el gobierno. Alrededor de dos tercios de ese pasivo eran deudas de SEGBA con otras empresas públicas, con el sistema de seguridad social y con el Tesoro. El gobierno condonó esa deuda, quedando por lo tanto un monto neto de U$S 1430 millones relacionados con préstamos comerciales y financieros, de los cuales U$S 866 millones eran deuda externa y fueron refinanciados con el Plan Brady.
Antes de ser privatizada, Gas del Estado tenía un pasivo cercano a los U$S 2.660 millones. Parte del pasivo (U$S 947 millones) fue traspasado a las nuevas empresas privadas en proporción a su tamaño. La mas grande de las empresas, Transportadora de Gas del Sur, asumió U$S 205 millones.
Los consorcios adjudicatarios de las empresas en las que se dividió HIDRONOR para su privatización asumieron pasivos por un monto de U$S 1.128 millones (de los cuales Hidroeléctrica Piedra del Aguila asumió U$S 477 millones). A su vez, el estado asumía un nivel de pasivos cercano a los U$S 1.500 millones.
En resumen, el gobierno argentino absorbió gran parte de los pasivos de las empresas que privatizó. Esto se hizo debido a que, por un lado, los inversores prefieren comprar empresas libres de pasivos y, por otro, gran parte de las deudas de las empresas públicas (especialmente la deuda con organismos internacionales) estaba garantizada por el estado, y/o entraba dentro de larefinanciación llevada a cabo mediante el Plan Financiero de 1992.
II.3. Principales privatizaciones.
En 1990 se transfirieron a manos privadas la empresa nacional de telecomunicaciones y la empresa estatal aerocomercial, ademas de varios traspasos menores (areas petroleras marginales). Los ingresos fiscales alcanzaron la suma de 1.787 millones de dólares, de los cuales 886 millones de dólares correspondieron a la entrega de títulos de deuda. Estos representaron el 50% del financiamiento recibido por el estado por las ventas de empresas públicas en ese año. Los títulos de deuda recibidos a valor nominal ascendieron a U$S 6.343 millones. Esta particularidad refleja la situación crítica que atravesaba la economía en aquel momento, en la cual los títulos, en promedio, cotizaban al 14% de su valor nominal.

Recuadro 1: El caso de Aerolíneas Argentinas
Mediante el decreto 1591 del 27 de diciembre de 1989 se dispuso la privatización parcial – con participación estatal no mayoritaria – de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado. La venta del 85% de la empresa incluyó asimismo los derechos sobre la totalidad del capital de la empresa Operadora Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad del Estado (OPTAR), así como su participación del 55% en Buenos Aires Catering S.A. Se exigía en el pliego que al menos el 51% de la participación quedase en manos argentinas, conservando así la categoría de empresa de bandera nacional.
La operación se realizó mediante licitación pública internacional, a la cual se presentó un único oferente, un consorcio conformado por Iberia Líneas AéreasEspañolas, Cielos del Sur S.A. (antigua Austral) y otros. La participación de los miembros del grupo era la siguiente: Iberia 20%, Aldrey Iglesias 9.5%, Bonansea 7%, Pott 9.5%, Zanon 17.5%, Devi S.A. 9.5% y Cielos del Sur S.A. 12%.
El 21 de noviembre de 1990 se firmó el contrato de transferencia. La oferta consistió en U$S 260 millones en efectivo de los cuales U$S 130 millones fueron depositados en el Banco Nación Argentina (sucursal Nueva York) en diciembre de 1990 quedando un saldo de U$S 130 millones a pagar en 10 años al 8,31% de interés anual. Asimismo el consorcio se comprometía a entregar (dentro de los noventa días de la posesión) U$S 1.610 millones en títulos de deuda pública externa argentina, que en ese entonces cotizaba al 15% de su valor nominal, con intereses vencidos por U$S 400 millones.
Con respecto al monto a plazo, se convino en abril del año siguiente su cancelación mediante la entrega de Bonex '89 con valor nominal de U$S 142 millones – que incluían los intereses devengados -.
Por el mismo convenio se acordó que la deuda en títulos públicos sería cancelada en tres cuotas. De esta manera, al 12 de mayo habían sido entregados al Estado U$S 840 millones, en dos cuotas de U$S 610 y U$S 230 millones. Restaba entonces la entrega de títulos por U$S 770 millones.
El 4 de Julio se firmó un nuevo convenio por el cual la compañía se comprometía a entregar títulos por 210 millones, pero todavía quedaban pendientes 560 millones. Asimismo se acordó que se estudiaría el valor de los créditos que la empresa reclamaba al estado, y que, una vez estipulado elmonto, se traduciría a su equivalencia en títulos de deuda que se deducirían del saldo deudor mencionado. La paridad acordada fue de U$S 0.304 por cada U$S de valor nominal de los títulos.
Para esa época la composición del consorcio comprador se modificó sustancialmente; Iberia alcanzó el tope de 30% de participación, cuatro bancos españoles poseían un 19%, las empresas argentinas Riva S.A. y Devi S.A. un 17% cada una, y el 2% restante en manos de un particular argentino con residencia en España. El Estado Nacional y los empleados conservaban el 5% y 10% respectivamente.
En noviembre del mismo año, luego de extensas negociaciones, el Estado hizo lugar a reclamos de la empresa de deudas por U$S 109 millones en concepto de diferencias de inventario, deudas anteriores a la venta y pasajes vendidos y no volados.
El 13 de marzo de 1992, se declara que el saldo a favor del Estado ascendía a U$S 170 millones de valor efectivo. Descontados los U$S 109 millones, se declara un saldo de U$S 61 millones a favor del Estado. Parte de este importe se canceló con un pago de ARSA por U$S 10,5 millones que el estado aplicó al aumento de capital que había sido dispuesto por la asamblea de septiembre de 1991. Los restantes U$S 50,5 millones se cancelan con créditos a favor de ARSA originados en la provisión de pasajes a funcionarios públicos.

El 20 de julio de 1992, ante una situación de alto endeudamiento, se firmó un acuerdo mediante el cual se volvió a redefinir la estructura accionaria de la compañía. ARSA reconoce una deuda con el Estado por aproximadamente U$S 60 millones.Mediante la capitalización de esa deuda, el Estado Nacional suscribe las acciones no suscriptas en la última ampliación de capital (septiembre 1991). Son 271 millones de acciones que hacen aumentar la participación del estado en la empresa, pasando a controlar el 43%. Iberia retuvo el 30%, los bancos españoles Hispano-Americano, Banesto y Cofiva el 19%, Alfredo Otalora el 2%, y privados argentinos el 6%.
Luego, en marzo de 1994, se dispone un aumento de capital de U$S 500 millones. Iberia se compromete a integrar la totalidad de ese monto y como consecuencia la participación del Estado vuelve a reducirse al porcentaje original. Al año siguiente, el estado español compra las acciones de Aerolíneas en manos de Iberia, las cuales pasan a forman parte de Interinvest, sociedad que dicho estado comparte con los bancos Merrill Lynch y Bankers Trust. El estado español actúa a través de la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales.
En 1996 Austral pasa a integrar Interinvest, y en 1998 se incorpora la empresa norteamericana American Airlines, que compra el 10% y se hace cargo del gerenciamiento de la compañía. Luego de conflictos entre españoles y norteamericanos, en febrero de 2000 la gerencia pasa a manos de un ex directivo de Austral y se comienza a delinear un plan de reconstrucción de la compañía.


En 1991, con el inicio del plan de convertibilidad y la firma de acuerdos con el FMI (julio) y con el Club de París (septiembre), los ingresos por ventas de activos tuvieron como objetivo financiar al gobierno (ingresos extraordinarios) para asegurar eléxito del plan puesto en vigencia en abril.
De los 1.963 millones de dólares recaudados en el año, 1.943 millones fueron en efectivo (99%) y tan solo 20 millones en títulos de deuda que cotizaban al 15% de su valor nominal (al momento de la entrega). Las ventas mas importantes de este año corresponden a 5 areas petroleras centrales por un valor de U$S 858 millones (ver recuadro 3) y un 30% de Entel (Zona Sur) por U$S 838 millones. La venta de las acciones de Telefónica se realizó mediante la colocación de un porcentaje de la empresa en el mercado de valores, siendo el primer caso en que el gobierno utilizó esta modalidad para desprenderse de su participación en una empresa. En los años siguientes se repitió esta modalidad para la venta de otras empresas. Esta forma de colocación, que solo en el caso de la venta de la empresa estatal petrolera (YPF) tuvo como objetivo que el capital de la misma esté atomizado, alcanzó su punto maximo en 1993 con la venta de esta empresa.
Recuadro 2: El caso de ENTEL
La privatización de ENTEL fue definida por un decreto presidencial que dispuso una separación de la empresa tanto funcional como geografica. Funcionalmente fue dividida en servicios basicos, internacionales y competitivos. El servicio basico se dividía a su vez en dos zonas – norte y sur – en la que cada una de las empresas adjudicatarias gozaría de monopolio por siete años con opción a extenderlo tres años mas. A su vez se crearon dos empresas denominadas “Sociedad Prestadora de Servicio Internacional” y “Sociedad Prestadora de Servicios en Competencia”. Estas últimas seadjudicarían conjuntamente y por partes iguales a los consorcios que ganaran la licitación del servicio basico.
La privatización se realizó en dos pasos. En noviembre de 1990 se vendió el 60% de las acciones de cada una de las empresas de telefonía basica. Cada consorcio que participaba en la licitación debía tener uno o mas operadores de telecomunicaciones que tuvieran al menos 10% del capital del consorcio. Asimismo se impusieron restricciones en cuanto al nivel de activos que cada consorcio debía disponer y en cuanto a ciertos servicios técnicos que deberían garantizar (por ejemplo garantizar que el tiempo de conexiones fuera como maximo de 15 días). Poco antes de la licitación se introdujo un contrato de management entre el operador y los accionistas sobre temas de transferencia de tecnología, de planeamiento, de contratación de personal calificado y de formulación de presupuestos anuales de operaciones.
Se utilizó un sistema de 'doble sobre', por el cual primero se evaluó la capacidad técnica y financiera y luego se permitió realizar ofertas a los grupos precalificados. Una vez que los consorcios calificaban tenían dos meses para preparar sus ofertas. Se fijó un precio base en efectivo de U$S 100 millones para la zona norte y U$S 114 millones para la zona sur. Se estableció que el grupo ganador de la licitación sería aquel que ofreciera el mayor número de títulos de deuda externa argentina.
Siete grupos se presentaron a la licitación y calificaron, pero una semana antes de la presentación de los segundos sobres se introdujeron cambios de último momento enlas condiciones legales (por ejemplo el nivel de activos requeridos) y como consecuencia tan sólo fueron tres las ofertas recibidas en la fase de cotización de precios: la de Telefónica de España, Bell Atlantic y STET/France Telecom. El grupo encabezado por Telefónica de España resultó ganador en ambas zonas. Como los pliegos no permitían que el mismo consorcio obtuviera las dos compañías, Telefónica decidió quedarse con la del sur. La zona norte fue entonces entregada al segundo mejor postor, el grupo de Bell South. Sin embargo, este consorcio no pudo juntar los títulos de deuda que había prometido y aunque le extendieron el plazo se retiró, quedando entonces el tercer grupo como adjudicatario.
La recaudación total fue la parte en efectivo acordada en la licitación mas títulos de deuda externa argentina por un valor nominal de U$S 5150 millones, correspondiéndole U$S 2372 millones a STET/Telecom y U$S 2778 millones a Telefónica de España. Dichos títulos cotizaban a un 14% de su paridad. De esta manera se constituyeron las nuevas empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones: Telefónica de Argentina S.A. (Operador: Telefónica de España) y Telecom Argentina S.A.(Operadores: STET y France Telecom).
El Banco mundial prestó asistencia técnica y financiera para la privatización de ENTEL, ya que dicha venta era una de las condiciones que el organismo exigía al gobierno argentino para otorgarle el “Préstamo para la Reforma de Empresas Públicas”.
La privatización fue completada con la venta de 30% de cada una de las compañías mediante oferta pública de lasacciones que mantenía el gobierno. La venta de las acciones de Telefónica de Argentina se realizó en diciembre de 1991 y generó ingresos para el estado por U$S 838 millones. El año siguiente en Marzo se realizó la venta de las acciones de Telecom obteniéndose ingresos por U$S 1.227 millones. El restante 10% de cada una de las compañías fue adquirido por los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

A partir de 1992 se comienza a priorizar la obtención de efectivo, no obstante se siguieron recuperando títulos de deuda que cotizaban al 46% de su valor nominal en 1992, llegando al 71% en 1994.
Cuadro 5: Paridad Promedio de los Títulos Públicos.
(en millones de dólares)


La recaudación del año fue de 5.477 millones de dólares, implicando un gran salto con relación a los montos alcanzados en los años previos. Esta singularidad tuvo dos motivos: por un lado, la revalorización de los activos en parte como consecuencia del éxito del plan y por otro, el gran número de empresas privatizadas. Las operaciones mas grandes fueron la venta de Gas del Estado por U$S 2.077 millones, la venta de SEGBA por U$S 1.294 millones y 30% de Entel (Zona Norte) por U$S 1.227 millones que, al igual que en el caso de Telefónica de Argentina, se realizó a través de una colocación en la bolsa de valores.
La privatización de la empresa estatal Gas del Estado se realizó a través de una licitación pública internacional. Las actividades de gas del Estado fueron divididas verticalmente en dos empresas dedicadas al transporte –Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gasdel Sur - y ocho dedicadas a la distribución - Metrogas, Distribuidora de Gas Pampeana, Gas Natural Ban, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Gasnor y Distribuidora de Gas del Sur.
Cada consorcio debía incluir un operador técnico y cumplir otros requerimientos técnicos. Los consorcios competían por un porcentaje del capital que variaba según la compañía junto con una concesión por 35 años para transportar o distribuir gas natural con opción a renovarlo por otros diez años.
La recaudación total por la privatización de Gas del Estado ascendió a U$S 2.077 millones de los cuales U$S 680 fueron pagados en efectivo y el resto con títulos de deuda interna y externa.
La empresa estatal SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) se encargaba de la generación, transmisión y distribución de electricidad en la Capital Federal, conurbano bonaerense y La Plata. Para su privatización la empresa fue dividida verticalmente en distintas unidades de negocios que dieron origen a 4 empresas dedicadas a generación (Central Costanera, Central Puerto, Central Dock Sud y Central Pedro de Mendoza) y a 3 empresas de distribución (Edenor, Edesur y Edelap). Como parte de esta operación las líneas de transmisión de SEGBA fueron fusionadas con las de Hidronor y las de Agua y Energía y transferidas a una nueva compañía llamada Transener que se privatizó al año siguiente.
Los consorcios que participaron de la licitación competían por un porcentaje mayoritario del capital (51% para las distribuidoras, 60% para Central Puerto y Central Costanera y 90%para las otras dos centrales) junto con una concesión por 95 años para proveer electricidad. No se fijaron precios mínimos y cada consorcio debía presentar dos sobres, uno con las especificaciones técnicas y otro con el precio ofrecido incluyendo la forma de pago (efectivo / entrega de títulos públicos) que se abriría una vez analizadas las cuestiones técnicas. En el caso de las empresas generadoras, entre los consorcios preseleccionados se eligió el que ofreciera mayor efectivo. En el caso de las distribuidoras se dio mayor importancia al monto de deuda pública a retirar.
El pago se realizó de la siguiente manera: U$S 281 millones en efectivo, entrega de títulos públicos por un valor efectivo U$S 705 millones (valor nominal U$S 1.441 millones) y en el caso de Edenor y Edesur se constituyeron fideicomisos por un monto de U$S 308 millones.
A lo largo de 1993 se continúa con la misma política y la recaudación obtenida es levemente inferior a la de 1992. También se destaca la gran cantidad de empresas privatizadas, pertenecientes a una gran variedad de sectores de la economía. El hecho mas significativo es la privatización del 58% de YPF, por la que el gobierno y las provincias obtienen 3.918 millones de dólares. Este traspaso se llevó a cabo a través de la colocación del capital en bolsas del exterior y Argentina y por el canje de acciones por títulos de deuda. (ver recuadro 3)

Recuadro 3: El caso de YPF
YPF era una gran compañía petrolera verticalmente integrada. Antes de vender las acciones de la empresa, se llevó a cabo una profunda reestructuración. Losactivos y actividades fueron clasificados de acuerdo con su rentabilidad y estrategia. De esta manera YPF retuvo activos y actividades que definían sus posibilidades de rentabilidad en mercados competitivos, concesionó activos no estratégicos pero rentables (como los relacionados con la exploración y producción) y se desprendió de activos y actividades no estratégicos y de rentabilidad limitada como refinerías, oleoductos y transportes.



Las acciones de YPF S.A. resultantes luego de la reestructuración fueron divididas en acciones clase A (51%) asignadas al gobierno nacional, acciones clase B (39%) asignadas a los gobiernos de las provincias en cuyo suelo se hallaban las reservas, y el 10% restante fue reservado para el Programa de Propiedad Participada (PPP). La venta de las acciones de los gobiernos nacional y provincial efectuada en 1993 se hizo a través de la oferta global en el mercado argentino e internacional. El monto obtenido por el 45.3% de las acciones de YPF ascendió a U$S 3040 millones. En ese mismo año el gobierno rescató títulos de deuda publica por un valor nominal de U$S 1064 millones (valor efectivo U$S 749 millones) entregando acciones de YPF representativas del 11.2% del capital y canceló deuda con los jubilados por un valor nominal de U$S 207.5 millones con la entrega de acciones de YPF (1.9% del capital). De esta manera a fines de 1993 el 58.4% de las acciones estaba en manos privadas, el estado retenía 31.6% (20.3% el Estado Nacional y 11.3% las provincias) y el 10% restante era propiedad de los empleados a través del PPP. Durante el año 1995las provincias reducen gradualmente su participación hasta llegar en marzo del 96 a 4.7%.
La empresa pasó a ser 100% privada en 1999. En enero de ese año el Estado Nacional vendió el 14.99% de las acciones a la empresa española Repsol a un precio de U$S 38 por acción recaudando U$S 2010 millones. En junio, Repsol realiza una oferta pública de adquisición por el total de las acciones de YPF a un precio de U$S 44.78 por acción. Tanto el Estado Nacional como los provinciales vendieron sus acciones recaudando U$S 838 millones y U$S 743 millones respectivamente. Con esta operación, Repsol pasó a controlar el 98% de las acciones de YPF.

* Corresponde a la participación que mantiene YPF en cada empresa luego de la privatización.

Otra operación importante en 1993 fue la venta de Hidroeléctrica Norpatagónica SA (HIDRONOR) que explotaba el complejo hidroeléctrico Chocón – Cerros Colorados. El decreto 287/93 dispuso la constitución de 5 hidroeléctricas en las que se dividió HIDRONOR: Alicura, El Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Aguila y Pichi Picún Leufú que se dedicarían a la generación de energía eléctrica. En 1993 se vendieron paquetes mayoritarios (59%) de las cuatro primeras empresas por un monto total de U$S 746.6 millones.5
También en este año se vende la empresa Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener) que nucleaba las actividades de transporte de energía eléctrica a cargo de Agua y Energía SE, Hidronor y Segba. El monto pagado ascendió a U$S 234,1 millones.
Desde 1994 en adelante el ritmo privatizador se desacelera porquela mayoría de las empresas mas importantes ya habían sido vendidas. Se colocaron los remanentes de empresas de gas y de energía eléctrica en la bolsa. En 1995 la recaudación asciende a 1.410 millones de dólares, de los cuales 546 millones son por la venta de acciones de Edenor y Edesur en poder del Estado y 365 millones corresponden a la venta de Indupa y Petroquímica Bahía Blanca. Entre 1996 y 1998, la recaudación por privatizaciones provinciales supera a las nacionales. La mayor parte de las empresas provinciales privatizadas fueron de energía eléctrica.
Recién en 1999 las ventas de empresas nacionales vuelven a superar a las provinciales. Es en este año que se privatiza el remanente de acciones de YPF, en donde el estado nacional todavía tenía un 20.3% del capital y las provincias 4.7%. Por esta operación el estado Nacional recibe U$S 2.848 millones y los estados provinciales U$S 734 millones. También en 1999 se privatiza la empresa OSBA (Obras Sanitarias de Buenos Aires)6 por la que la provincia recibió la suma de U$S 438 millones.
Cabe destacar que la ley 23.696 contemplaba como formas de llevar a cabo la reforma del estado las privatizaciones (la venta de activos de las empresas estatales y/o venta de acciones de las empresas estatales) y las concesiones de servicios y de obras públicas. Una concesión implica el traspaso de poderes del gobierno a un particular y pueden ser gratuitas, onerosas o subvencionadas. La aplicación de esta modalidad se inició en 1990 y continuó durante todo el período que se analiza en el presente trabajo. Dado que los ingresos parael estado generados por este tipo de contratos (canones), son percibidos a lo largo del período de concesión, en este trabajo sólo se han considerado los ingresos fiscales por las privatizaciones. Como anexo I se presenta un resumen de las concesiones de servicios y obras públicas llevadas a cabo a lo largo de la década, indicando la modalidad que adoptaron (gratuita, onerosa o subvencionada) y el plazo de duración de las mismas.
II.4. Composición de los consorcios de las empresas privatizadas.
Muchas de las privatizaciones llevadas a cabo a lo largo de la década - especialmente en el sector de servicios (Electricidad, Gas y Agua) - se realizaron a través de la venta de un porcentaje de la empresa a un consorcio que en general adquiría al menos el 51% del capital total de la empresa privatizada. Los pliegos del Estado requerían la participación en el consorcio de un operador del negocio que tuviera experiencia en el sector en cuestión. A partir de esta condición, en general, la conformación de los consorcios fue bastante similar en todas las empresas e involucraba a un operador extranjero experto (que aportaba su experiencia en el sector), a un grupo nacional (que podía actuar como co-operador o en algunos casos aportar a la dirección) y por último en algunos casos, y sobre todo en los primeros años del proceso, participaba un banco extranjero que proveía el financiamiento con títulos.
Con el transcurso de la década se produjo un movimiento de repliegue de los grupos nacionales - que estaban diversificados horizontalmente en muchos sectores -, acompañado por unmovimiento por parte de los grupos extranjeros a tomar el control de las empresas.
Cuadro 6: Participación de grandes grupos económicos nacionales en los consorcios de las privatizaciones.
(en millones de dólares)


En la mayoría de los casos los porcentajes de participación vendidos por los grupos nacionales del cuadro precedente fueron vendidos a no residentes. Otra forma que los grupos extranjeros estan actualmente utilizando para ampliar su participación en las empresas privatizadas, es a través de la bolsa de valores, ya sea mediante una oferta pública de adquisición a los restantes accionistas (como ha sido el caso de YPF y Repsol) o un canje de acciones (el canje de acciones de Telefónica de Argentina)
II.5. Distribución sectorial de los ingresos por privatizaciones
El gobierno nacional se desprendió de casi la totalidad de las empresas en que tenía participación, abarcando una gran cantidad de sectores de actividad económica. Los sectores que han concentrado casi la totalidad de los ingresos originados en las ventas de esas empresas fueron: petróleo (39%), seguido por energía eléctrica (25%) y luego comunicaciones (13%) y gas (12%).
Al realizar estas comparaciones hay que tener en cuenta los diferentes contextos en que fueron realizadas las ventas. Los primeros activos vendidos, en cierta forma, ayudaron a elevar el precio en las operaciones posteriores, dado que éstas fueron unos de los pilares del plan económico que logro revertir el retroceso de fines de los ochenta. Esta dificultad debe ser tenida en cuenta al comparar los ingresos en sectores endonde se privatizó en distinto momento.7
Cuadro 7: Distribución sectorial de los ingresos por privatizaciones
(en millones de dólares)

II.6. Empresas pendientes de privatización.
A fines de junio de 2000, el Estado Nacional mantiene participación accionaria en las siguientes empresas:

A comienzos del año 2000, el gobierno anunció sus planes de vender las acciones remanentes de estas empresas privatizadas en su poder, esperando obtener entre U$S 700 y 800 millones como resultado de las ventas. Durante el tercer trimestre del año, se han anunciado las ventas de las participaciones en Transener y en Camuzzi Gas Pampeana, el resto de las operaciones se completarían entre fines del presente año y comienzos del próximo.

III. Las privatizaciones en el balance de pagos.
Las privatizaciones llevadas a cabo durante la década del noventa estuvieron caracterizadas por su apertura al capital extranjero en todos los sectores involucrados. De hecho, como se mostrara en el presente apartado, gran parte de los fondos que obtuvo el estado a través de la venta de activos fueron aportados por inversores del exterior. En los casos en que esto ocurre, es decir, cuando el que adquiere los activos vendidos es un no residente, la operación da lugar a una transacción del balance de pagos, ya sea en concepto de inversión directa o en cartera.
III.1. La participación del capital extranjero en las privatizaciones.
A comienzos de la década de los noventa el inicio del programa de privatizaciones llevado a cabo por el gobierno marcó el principio de una etapa que estaríacaracterizada por una amplia participación del capital extranjero en la economía nacional.
La adquisición de participaciones en el capital de las empresas privatizadas por parte de no residentes se ve reflejado en las estimaciones de la cuenta financiera del balance de pagos a través de dos categorías de financiamiento internacional: inversión extranjera directa (IED), cuando un inversor extranjero adquiere al menos el 10% de participación en la empresa8 o en el consorcio de la empresa privatizada9, e inversión de cartera (IC). Se registra como inversión de cartera las colocaciones accionarias en bolsas del exterior o la proporción adquirida por no residentes de las colocaciones en las bolsas locales donde ningún accionista se identifica con al menos el 10% del capital de la empresa.

Cuadro 8: Capital Nacional y Extranjero en las privatizaciones
(en millones de dólares)

Como se muestra en el grafico 2, el 67% de los fondos totales que ingresaron en concepto de privatizaciones en el período 1990-1999 fue de origen extranjero, con un mínimo en el año 1991 de 44% y un maximo en 1999 de 97%10. Es importante destacar la relevancia de la inversión extranjera directa en este proceso ya que la mitad del monto ingresado por privatizaciones se realizó bajo esta modalidad de inversión.
Grafico 2: Ingresos totales de las privatizaciones por tipo de inversor 1990-1999

La inversión directa representó alrededor del 51% de los montos recaudados en concepto de privatizaciones. De hecho, las operaciones de compra de empresas públicas por parte de inversores extranjeros explican dealguna manera el rapido crecimiento de la IED en Argentina durante la década de los 90. En los primeros años del proceso de privatizaciones, la IED dirigida al sector público explica mas del 40% de los flujos totales en concepto de inversión directa. Si bien este porcentaje se reduce desde 1993, en toda la década, el 22% de los flujos de IED se relacionan con privatizaciones nacionales y provinciales.
Cuadro 9: Participación de las privatizaciones en el flujo total de IED
(en millones de dólares)

En el caso de las privatizaciones que se realizaron a través de la colocación de acciones en el mercado de valores, cuando las acciones eran colocadas en el exterior o cuando eran colocadas en el mercado local y adquiridas por no residentes se generaba un flujo de inversión de cartera. Estos flujos representan el 16% del monto total recaudado por el gobierno durante todo el período. Tienen el mismo efecto que los flujos de IED, es decir, en un primer momento impactan positivamente en el balance de pagos ya que constituyen un ingreso de capitales. En el período 1991-1999 los flujos de IC generados por las privatizaciones representan el 30% de los flujos totales ingresados en este concepto.
Cuadro 10: Participación de las privatizaciones en el flujo total de IC
(en millones de dólares)

III.2. Origen de las inversiones de no residentes.
Los flujos de inversión directa generados por las privatizaciones presentan una alta concentración en cuanto al origen del inversor: los cinco países que mas participaron en este proceso explican alrededor del 90% de los flujos totalesdesembolsados. El principal inversor hasta 1998 fue Estados Unidos con una participación de 33% en los flujos acumulados, seguido por España con 17% y Chile con 15%, y luego por Francia e Italia con 11% y 10% respectivamente. En 1999 Estados Unidos fue desplazado del primer puesto por
España que luego de la privatización, en el primer semestre del año, de las acciones de YPF que todavía estaban en manos del estado aumenta su participación al 42%. 11
Grafico 3: Origen de los inversores externos en las privatizaciones
1992-1998 1992-1999

III.3. Las privatizaciones en las cuentas corriente y financiera del balance de pagos.
Si bien en una primera instancia se refleja en la cuenta financiera del balance de pagos el ingreso de los recursos del exterior por la compra de los activos del sector público, y posteriormente en la cuenta corriente, el devengamiento de las utilidades generadas por el uso de estos recursos externos, estos no son los únicos efectos que habría que identificar si se quiere medir el impacto en el balance de pagos de las privatizaciones.
La política de privatizaciones al abarcar una parte importante del sector de la producción y de los servicios del país, tuvo efectos sobre la capacidad de captación de financiamiento externo, de inversión y por ende, de crecimiento económico. Por lo que la incidencia en el balance de pagos no se limita a los efectos directos, sino también a los indirectos dados a través de distintas tasas del nivel de actividad y de las distintas cuentas fiscales y monetarias.
Una medición del impacto de lasprivatizaciones en el balance de pagos debería basarse en un analisis de simulación bajo ciertos supuestos que permitieran armar un escenario alternativo a las privatizaciones en general y a las compras de estas empresas por no residentes en particular. Dada la variedad de posibilidades, el conjunto de supuestos adoptados también condicionaría los resultados de la comparación.
Estos supuestos deberían adoptarse respondiendo a preguntas como ser: en qué medida las privatizaciones implicaron una mayor tasa de inversión y posibilitaron el financiamiento de inversiones que el país requería (en especial en el ambito de servicios públicos); se hubieran realizado las inversiones de igual forma; cual hubiera sido el costo alternativo de financiar las inversiones realizadas en las empresas privatizadas; en qué medida el manejo privado de estas empresas implicó una mejora en la eficiencia de la economía; se hubiera podido cerrar de todas formas la negociación de la deuda sin la cancelación de deuda contra la venta de activos; cual hubiera sido la tasa de desocupación y su efecto sobre el consumo12; cómo se hubieran visto afectadas las cuentas fiscales13; cual hubiera sido el sendero de la tasa riesgo país14. Las respuestas a estas preguntas deberían permitir adoptar un conjunto de supuestos y estimar las cuentas nacionales, fiscales y monetarias alternativas, de las cuales derivar el balance de pagos en ausencia de privatizaciones.
En este trabajo, el comentario sobre las privatizaciones en el balance de pagos se limita solamente a mostrar la incidencia directa de estas operaciones enlas cuentas corriente y financiera del balance de pagos identificando los movimientos de la cuenta financiera de estas empresas y sus rentas, y los servicios directamente relacionados con la privatización15.
El primer efecto de las privatizaciones en el balance de pagos es el ingreso de capitales que tiene lugar cuando el Estado vende las acciones ya sea a inversores extranjeros directos o a inversores de cartera no residentes. De hecho, a lo largo de la década las privatizaciones (de IED y de IC) constituyeron una parte importante del financiamiento externo de la economía argentina, representando en el período 1992-1999 el 14% de los ingresos netos de la cuenta capital y financiera y el 18% del ahorro externo.

Cuadro 11: Ingreso de capitales por privatizaciones en el balance de pagos
(en millones de dólares)

Por otro lado, a medida que se concreta la transferencia de empresas públicas al sector privado, se generan efectos relacionados con la operatoria de las nuevas empresas privatizadas16.
La relación de inversión directa, no solo comprende la transacción inicial que establece la relación entre el inversor y la empresa sino también todas las transacciones que tengan lugar posteriormente entre ellos.17 En este caso, ademas de los flujos que se registran como IED en el momento de la venta de la empresa, también se consideran los flujos que se generan luego, es decir, la reinversión de utilidades de la empresa, los aportes del inversionista directo, la deuda con la matriz y los cambios de manos dentro de los consorcios (entre privados). Asimismo, tambiénimpactan en la cuenta financiera los flujos de inversión en cartera de no residentes originados en las operaciones en el mercado secundario. Estos conceptos implicaron un ingreso en la cuenta financiera de U$S 10.050 en el período 1992-1999.

Cuadro 12: Inversión Directa y de Cartera de las empresas privatizadas.18
(en millones de dólares)

Si bien la mayoría de las empresas públicas daban pérdidas al estado, una vez transferidas a manos privadas, en poco tiempo revirtieron sus resultados pasando en general a dar ganancias. Las utilidades generadas impactan en el balance de pagos ya que contribuyen a elevar el déficit de la cuenta corriente. En el cuadro siguiente se muestra la importancia de las utilidades de las empresas privatizadas en el total.
Cuadro 13: Utilidades y dividendos de las empresas privatizadas
(en millones de dólares)

La participación de las utilidades y dividendos de las empresas privatizadas en la renta total muestra una tendencia creciente a lo largo del período compatible con el mayor nivel de las inversiones. En promedio entre 1992 y 1999 estas empresas generaron el 38%19 de las utilidades y dividendos totales.
Otro efecto importante de las privatizaciones sobre el balance de pagos es el acceso al financiamiento externo. El sector privado aumenta considerablemente su nivel de endeudamiento en el transcurso de la década partiendo de los bajos niveles que se registraban al inicio como consecuencia del restringido acceso al financiamiento externo a partir de la interrupción de los pagos externos registrada en la década anterior. Como semuestra en el siguiente cuadro, las obligaciones externas totales crecieron fuertemente a lo largo de la década y gran parte de ese aumento - el 43% - se relaciona con incremento del endeudamiento de las empresas privatizadas.
Cuadro 14: Obligaciones externas de las empresas privatizadas
(en millones de dólares)

El grafico 4 muestra la importancia de estas empresas en el endeudamiento externo total del sector privado.
Grafico 4: Obligaciones externas de las empresas privatizadas en el total

Este aumento del nivel de endeudamiento trae aparejado una corriente de intereses que se pagan al exterior que aumentan el déficit de la cuenta corriente. Las empresas privatizadas pagaron en el período 1992-1999 U$S 5.830 millones en concepto de intereses a los distintos acreedores externos, lo que representa un 42% del monto total.

Cuadro 15: Intereses pagado por las empresas privatizadas
(en millones de dólares)


Como resumen de lo expuesto en este punto, el cuadro siguiente muestra la participación de las empresas privatizadas en los conceptos identificados20 de la cuenta corriente y de la cuenta capital y financiera del balance de pagos. La lectura de los datos debe tener en cuenta las restricciones expuestas en cuanto a las limitaciones del analisis sobre el impacto de las privatizaciones en el balance de pagos que se presenta en este trabajo.

Cuadro 16: Las empresas privatizadas en el balance de pagos
(en millones de dólares)

IV. Conclusiones.
El programa de privatizaciones llevado a cabo en la década 1990-1999 alcanzó a la mayoría de las empresasestatales, cubrió practicamente todos los sectores, y estuvo caracterizado por la rapidez con la que se llevó a cabo. El grueso de las ventas se realizó durante los primeros años - el 66% de los ingresos por privatizaciones tuvo lugar en los primeros cinco años del programa -, cumpliendo un papel determinante en el reordenamiento de las delicadas cuentas fiscales; tanto por el importante ingreso de efectivo en un momento en que el acceso al crédito internacional era limitado, como por la recuperación de títulos de la deuda externa, que fue vital para el logro de la regularización de los pagos externos.
De los U$S 23.849 millones recaudados en todo el programa, el 67% fue de origen extranjero, lo cual refleja la importancia de este tipo de capitales en el proceso de privatizaciones. De hecho, las privatizaciones fueron el punto de partida de una amplia expansión de la participación del capital extranjero en la economía argentina, particularmente mediante la modalidad de Inversión Extranjera Directa.
En la cuenta capital y financiera del balance de pagos, los efectos directos estan dados por el ingreso de capitales en el momento de la venta de las empresas a inversores no residentes (privatizaciones nacionales y provinciales de inversión extranjera directa y de inversión en cartera en acciones) y por los flujos que generan luego las empresas privatizadas en concepto de inversión directa (reinversión de utilidades, deuda intrafirma, aportes de capital, cambios de manos entre privados), de inversión de cartera (operaciones en el mercado secundario) y de obligaciones conel exterior. Estos flujos representaron a lo largo del período 1992-1999 un 40% del total de flujos de la cuenta capital y financiera del balance de pagos, con un mínimo de 19% en 1996 y un maximo de 75% en 1995.

Grafico 5: Flujos de las empresas privatizadas en la cuenta capital y financiera 1992-1999

Asimismo, una vez que estas empresas han pasado a manos privadas generan también flujos en la cuenta corriente (servicios de gerenciamiento y rentas de la inversión). Estos flujos representaron en el período 1992-1999 un 20% del total de la cuenta corriente con un mínimo de 7% en 1992 y un maximo de 40% en 1995.

Grafico 6: Flujos de las empresas privatizadas por servicios y rentas
en la cuenta corriente 1992-1999

Las rentas de la inversión y los servicios de gerenciamiento que las empresas privatizadas pagan al exterior implican el costo en términos del balance de pagos, del financiamiento generado por las privatizaciones y por las operaciones de las empresas una vez privatizadas. Para el período 1992-1999 los débitos anuales por estos conceptos resultaron, en promedio, un 8,6% del stock21 de financiamiento aportado, tasa que resulta inferior a la tasa anual promedio de las colocaciones internacionales del Sector Público en el mismo período (9,12%).
Sin embargo, como se dejo en claro anteriormente, la medición del impacto global de las privatizaciones en las cuentas del balance de pagos es una tarea que va mas alla de los propósitos del presente trabajo. Para ello, ademas de los efectos directos, habría que tener en cuenta que el pasaje de un grannúmero de empresas públicas a manos privadas tiene efectos sobre la asignación de recursos y la eficiencia global de la economía, y por ende sobre el crecimiento; afectando de esta manera al balance de pagos.



ANEXO I. Otra forma de privatizar: las concesiones
Las privatizaciones incluyen toda transferencia de activos del sector público al sector privado, por lo tanto ademas de todas las ventas directas de activos a inversores privados también deben considerarse los contratos de concesión. La ley 23.696 contempla como instrumentos para la reforma del estado las privatizaciones (venta de activos de las empresas estatales constituyendo unidades económicamente operables o venta de acciones de las empresas) y las concesiones. Una concesión implica el traspaso de poderes del concedente (la administración) al concesionario (un particular). Existen dos modalidades. 1) La concesión de servicios públicos en la que el Estado encomienda a un particular la organización y funcionamiento de un servicio público por un determinado lapso. La retribución del concesionario es el precio pagado por los usuarios. 2) La concesión de obra pública: la administración contrata a una empresa para la realización de la obra a la que no le paga un precio por ella sino que le otorga por un plazo determinado la explotación de la obra que se construye.
Las concesiones pueden ser onerosas o gratuitas e incluso subvencionadas en el caso de actividades no rentables. En los casos de modalidad onerosa, en general los concesionarios pagan al Estado un canon cuyo monto, forma y regularidad de pago seestablecen en los contratos.
El pago del canon no implica en sí mismo una transacción de balance de pagos, ya que es una operación entre una empresa residente y el Estado. Sin embargo, cuando en un consorcio participan inversores extranjeros, el mismo es tomado como una empresa de inversión directa. Por lo tanto, las utilidades que genera se registran en la cuenta corriente y los flujos de reinversión, aportes de capital, deuda con matrices y cambios de manos se incluyen en la cuenta financiera.
En este tipo de contratos, los sectores mas dinamicos fueron los de comunicaciones (Televisión y radio), construcción de rutas y caminos, y transporte terrestre. La aplicación de esta modalidad se inició en 1990 cuando se privatizaron a través de concesiones, rutas nacionales y dos canales de televisión estatales.
Rutas y caminos
La ley de Reforma del Estado modifica la ley 17.520 (rige las concesiones) permitiendo que se otorguen “concesiones de obra para la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan vinculación…con las primeras.” La tarifa del peaje compensa la modificación ampliación, administración y mantenimiento de las obras ya existentes y la ejecución y mantenimiento de la obra nueva. En 1990 se llamó a licitación pública para entregar en concesiones de obra pública a empresas privadas la red troncal vial nacional. Cada una tomaba a cargo diferentes tramos de la red troncal nacional por un período de 12años sumando unos 10.000 km de carreteras.
Según se especificaba en el Decreto 2039/90 que otorga las concesiones, las mismas serían a título oneroso22, es decir que los concesionarios pagarían al estado un canon anual durante el período que durara la concesión. Para esto se establecía un canon basico y luego el porcentaje del mismo que se abonaría en cada año. Sin embargo, el artículo 4to. del Decreto 527/91 deja sin efecto el régimen oneroso de las concesiones, eliminando los canones que obtendría el Estado. Asimismo, en el artículo 5to. se establece que las concesiones de los corredores viales serían subvencionadas (utilizando la parte del impuesto a los combustibles asignada a la Dirección Nacional de Vialidad) con un monto anual fijo que se distribuiría entre los concesionarios en forma proporcional a los ingresos por cobro de peaje declarados para la determinación del IVA.
Cuadro A: Concesiones de la red troncal vial nacional

Radio y Televisión
También se habían declarado sujetos a privatización los canales de televisión 11 y 13 y las radios Belgrano y Excelsior. En 1990 se adjudicaron por concurso público las licencias para los dos canales de televisión a Telefé y Artear. El adjudicatario se comprometía a adquirir la totalidad de los bienes muebles y recibía en comodato los inmuebles. En 1991 se otorgaron licencias por 15 años para la prestación y explotación de las radioemisoras mencionadas y también para las radios nacionales ubicadas en las provincias (LV3 Radio Córdoba y LU33 Emisora Pampeana).
Red Ferroviaria
La reconversión de la red ferroviariase realizó a través de concesiones de explotación de líneas o sectores. Los concesionarios reciben en alquiler activos que son propiedad del Estado para explotarlos y para ello pagan un canon al Estado, es decir que no hay transferencia de propiedad. El período de concesión fue establecido en 30 años con opción a diez mas durante el cual, el concesionario debe realizar por su cuenta las inversiones necesarias.
El primer ramal concesionado fue Rosario – Bahía Blanca (5200km) en noviembre de 1991 a la empresa Ferroexpreso Pampeano SAC. Se estableció que la empresa pagaría un canon por el uso de la infraestructura y una alquiler por la entrega del material rodante. Ambos se abonan mensualmente y se ajustan en base a una serie de índices de precios. Luego en 1992 se concesionaron los siguientes ramales:

Cuadro B: Concesiones de Ferrocarriles Argentinos

En los años siguientes se continúa con la transformación de la red ferroviaria, se transfieren los subterraneos y ferrocarriles del Gran Buenos Aires. En este caso las concesiones son por un período de 10 años renovables por 10 años mas. Las tarifas son reguladas y las líneas no rentables son subsidiadas por el Estado Nacional. El concesionario que demandase el menor nivel de subsidio resultaría adjudicatario de la licitación.
Cuadro C: Concesiones de Ferrocarriles Metropolitanos SA (Femesa)

Obras Sanitarias de la Nación
En 1990 se decidió privatización de Obras Sanitarias de la Nación, dada la urgente necesidad de expandir la infraestructura y mejorar el servicio. En 1992 se decidió hacerla a través de unaconcesión dada la necesidad de realizar inversiones a gran escala. Se llamó a una licitación pública internacional en la que resultó ganador el consorcio Aguas Argentinas SA operado por la empresa francesa Lyonnaise des Eaux Dumez SA.
La concesión fue otorgada por 30 años ya que se consideró un período lo suficientemente largo para permitir el financiamiento de las inversiones a largo plazo requeridas por el contrato y permitir al concesionario una rentabilidad razonable sobre esas inversiones. La concesión no compromete el pago de canon por parte del concesionario al Estado, pero se le imponen ciertas metas y obligaciones de mejora y extensión del servicio a través de la realización de inversiones en las que asume los riesgos comerciales y financieros.
Sin embargo, el Decreto 1167/97 aprueba la implementación de un concepto tarifario a todas las unidades funcionales denominado Servicio Universal y Mejora Ambiental (SUMA) con el objetivo de financiar el costo de la red domiciliaria y del suministro de nuevas conexiones. Asimismo, se establece un cargo de incorporación al servicio que afecta a las unidades funcionales alcanzadas por los programas de Mejoras y Expansión del Servicio ejecutadas y financiadas por el Concesionario desde el inicio de la Concesión. Dicho cargo se paga por un período de 5 años.
Redes de acceso a grandes ciudades.
Por medio del Decreto 2637/92 se dispuso que la construcción, remodelación, mantenimiento, etc., de la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires se llevaría a cabo bajo el régimen de concesión de obra pública. En ese mismoaño, la Resolución 1485/92 del MEyOSP llamó a concurso nacional e internacional con base (tarifa tope) para adjudicar dichas obras. De esta manera, en 1994 se aprobó, por el Decreto 1638, la reformulación del contrato para la construcción, mantenimiento y explotación de las obras autopista Bs. As.- La Plata, ribereña de la capital y nuevo puente sobre el riachuelo celebrado con la empresa argentino - española Coviares S.A. Se adjudicó ademas (decreto 1167/94), por el sistema de concesión de obra pública gratuita, la construcción, mantenimiento y explotación del acceso oeste al grupo concesionario Oeste S.A.; del acceso norte a Autopistas del Sol S.A. y del acceso Richieri a AEC S.A., por un plazo de 22 años y 8 meses.
Terminales de Puerto Nuevo.
Apoyada por la ley de puertos 24093, sancionada en el año 1992, se concretó durante 1994 la privatización de 6 terminales de cargas en el Puerto Nuevo de Buenos Aires, que fueron entregadas a diferentes consorcios. Se utilizó como modalidad la concesión onerosa. Se dispuso que cada administración tenga a su cargo la señalización, dragado y otras actividades dentro de sus canales de acceso.
En 1996 se rescindió el contrato de concesión de la terminal 6 con el consorcio IN.TE.FE.MA., por incumplimiento del concesionario.
Elevadores Portuarios.
El decreto 2074/90 dispone la privatización de las unidades portuarias y elevadores terminales propiedad de la Junta Nacional de Granos. En 1992 se concesionan el Elevador Terminal del Puerto de Quequén y el Elevador Terminal Puerto de Buenos Aires.
En 1993 se otorgaron concesionespara los elevadores del Puerto de Ingeniero White, de Villa Constitución y del Puerto de Mar del Plata.
Por último en 1994 se concesionan las unidades portuarias VI y VII de Rosario.
En todos los casos la concesión es por 30 años y de caracter oneroso.
Otras concesiones.
Hipódromo Argentino. La concesión impone el pago al Estado de un 8.5% del fondo de apuestas y un 30% de lo recaudado por la venta de entradas.
Vías Navegables. En 1995 se adjudicó, mediante licitación pública, la concesión por peaje para la modernización, ampliación y operación de la vía navegable troncal.
Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (Encotesa). En agosto de 1997 se otorgó por medio de una licitación pública nacional e internacional la concesión la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba Encotesa al consorcio integrado por Itron S.A., Sideco Americana S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires con la asistencia técnica postal del BRITISH POST OFFICE (Oficina de Correos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte). La concesión es a título oneroso.

Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). En febrero de 1998 se otorgó, mediante una licitación pública nacional e internacional, la concesión de la administración, explotación y funcionamiento de un conjunto de 33 aeropuertos pertenecientes al SNA, (incluidos el J. Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza). La concesión es a título oneroso y por 30 años con opción a prorrogarla por 10 años mas.
ANEXO II Detalle de las privatizaciones