Un documento involucra al ex subdirector de inteligencia del DAS como promotor del G3. 
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía sobre el escandalo de las ‘chuzadas’ han arrojado los primeros resultados. En éstos se advierte que el grupo especial de inteligencia conocido como el G3 fue el abrebocas de una cadena de ilegalidad al interior del DAS. 
En un documento de 99 paginas, la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia argumentó las razones con base en las cuales llamó a juicio a siete funcionarios y ex funcionarios del DAS, entre ellos, al ex subdirector de inteligencia Miguel Narvaez. Ellos se convirtieron en los primeros vinculados formalmente al proceso de las ‘chuzadas’. 

La principal calificación que hace la Fiscalía sobre el G3 en el escrito de acusación, radicado el pasado 26 de enero, es que ese grupo se había “conformado con la finalidad indeterminada de cometer delitos contra organizaciones y personas opositoras del Gobierno”. A esto, señala que evidentemente “constituía una empresa criminal creada al interior del DAS, con concertación y acuerdo de voluntades, no sólo de quienes fueron miembros del grupo, sino igual y principalmente de los superiores y directivos de la entidad, los que a su vez debían rendir informes a miembros del Gobierno”. 

En este orden se estableció que existen pruebas suficientes que demuestran que en el caso de las ‘chuzadas’ se cometió eldelito de concierto para delinquir, el mismo que se concretó con personas que promovían la “organización delictiva”. 
Para acusar a los siete ex integrantes del G3, especialmente a Narvaez, el ente acusador reunió once carpetas inicialmente entregadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en donde reposan copias de documentos que envía Narvaez, en su calidad de Subdirector del DAS, al ex director de inteligencia Enrique Ariza Rivas, quien también fue llamado a juicio por este mismo escandalo. En estas copias se habla de indagatorias a 29 ex funcionarios del organismo de seguridad, principalmente las que tenían relación con el ex director de inteligencia Carlos Alberto Arzayús y con Jaime Fernando Ovalle Olaz, que fue coordinador del grupo y falleció en días pasados por un cancer terminal que lo aquejaba. Estos dos últimos testimonios se convirtieron en pieza clave de la Fiscalía, ya que describieron cómo funcionaba el G3, al igual que las actividades que adelantaron entre 2004 y 2005. 

Blancos eran opositores del gobierno 
De los testimonios, el de Ovalle Olaz fue destacado por la Fiscalía: “en el año 2003 fui designado por el entonces director de inteligencia encargado, Gian Carlo Auque De Silvestre, para colaborarle en la formación de un grupo que iba a funcionar bajo las ordenes del recién nombrado asesor de la dirección del DAS, José Miguel Narvaez, quien me encargó la responsabilidad deobtener información sobre varias ONG”. Afirmó que las interceptaciones solicitadas por el G3 estaban a cargo de la subdirección de contrainteligencia, a través del grupo de desarrollo tecnológico, pero posteriormente este grupo fue transformado en subdirección. 
“Yo sólo conozco de esa dependencia, aunque no puedo dejar de mencionar que había otras salas de interceptación en el DAS a cargo de la dirección operativa, pero no tuve que ver con ellas”, dijo Ovalle. A la pregunta de la Fiscalía en la que Ovalle Olaz es requerido para que describa los resultados de trascendencia del grupo, éste contestó: “El modelo de investigación sobre los objetivos planteados y la ejecución de tareas de interceptación permitía prevenir al Gobierno Nacional sobre las maniobras ejecutadas por las ONG”. 

Gracias a testimonios como este y pruebas documentales recopiladas a lo largo de la investigación, la Fiscalía determinó que en el G3 se escogían de manera permanente objetivos o blancos, todos con una característica en común: ser opositores del Gobierno. 
“Se realizaban, respecto de ellos, toda clase de actos delictivos, tales como seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas, de móviles (teléfonos) y de correos electrónicos, con la específica finalidad de conocer sus movimientos y alertar al Gobierno sobre los mismos, al igual que diseñar estrategias para debilitar e intimidar a quienes ostentaban ideologíadiferentes”, precisa el escrito de acusación en alusión al G3. 
Según Ovalle, la razón por la cual el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y sindicatos como Sinaltrainal (sindicato de la industria de alimentos), ademas de algunos políticos, eran objetivos fijos del G3, fue porque “buscaban ante los tribunales nacionales e internacionales que se condenara al Estado por supuestas violaciones a derechos humanos”. De acuerdo con la investigación, quien escogía a las organizaciones de derechos humanos, periodistas, políticos y sindicalistas como blancos del G3 era José Miguel Narvaez. 
“Él (Narvaez) entregaba diversos libros y folletos de ONG sobre las que debíamos adelantar inteligencia”, precisó Ovalle en uno de sus testimonios rendidos a la Fiscalía. 
Actuaciones ilícitas 
El primero en ser vinculado mediante indagatoria fue Carlos Alberto Arzayús Guerrero, quien señaló que existe una prueba de las reuniones que demuestran la actividad del G3. 

De hecho, en las AZ (carpetas de archivo) encontradas en la subdirección de analisis había actas sobre diferentes temas, al igual que listados de los asistentes a las mismas. Al respecto, la Fiscalía determinó que “surgen plenamente acreditadas las diversas reuniones (en muy pocos casos plasmadas en actas) que se realizaron para analizar la labor de inteligencia del G3”. 
“Las AZ revelan cómo el G3 solicitó y obtuvo demanera recurrente comunicaciones privadas de sus blancos, que fueron analizadas y procesadas por los miembros de dicho grupo para posteriormente elaborar presentaciones en las reuniones, establecer estrategias y acordar nuevos blancos”, señala la Fiscalía. 
Según la Fiscalía, la persona que tiene mas implicaciones jurídicas en este primer capítulo de las ‘chuzadas’ es José Miguel Narvaez. 
El Ministerio de Defensa sera investigado 
Al entonces coordinador del G3, Jaime Fernando Ovalle, la Fiscalía le preguntó exactamente a quién se refería cuando hablaba del Gobierno Nacional, a lo cual contestó que no tenían la potestad de difundir a quién se le entregaban los informes sobre las interceptaciones y añadió que sólo sabía que era para alertar principalmente al Ministerio de Defensa. 
Al no quedar clara esta situación, la Fiscalía determinó que se abrira una investigación por separado para establecer cuales eran los funcionarios del Gobierno Nacional a quienes se les rendían dichos informes, quienes ademas tenían conocimiento de las actuaciones ilegales de esta naturaleza que se perpetraban al interior del DAS. 

Para la Fiscalía resulta claro que “el G3 no actuaba de manera aislada en la entidad y tampoco respecto del Gobierno Nacional”. Sin embargo, hasta ahora no se han hallado responsables o sospechosos dentro del Gobierno. 

La cifra 
2007 fue el año en que iniciaron los escandalos en variosorganismos de seguridad por la ‘chuzadas’.
Escandalo por supuestas chuzadas a negociadores de La Habana
Las comunicaciones de los plenipotenciarios de los dialogos de Paz fueron interceptadas por miembros de inteligencia militar, reveló Semana.com, para buscar información de los avances de las conversaciones con las Farc. 
 En lo que era un restaurante ubicado en el barrio Galerías de Bogota, pero que en su segundo piso tenía una oficina en la que trabajaban militares activos y hackers civiles, estos últimos con el 'fin poder eventualmente negar cualquier vínculo con la institución',precisa el sitio web de la revista Semana, se hacían las interceptaciones.

De acuerdo con la publicación, la operación tenía como nombre clave ‘Andrómeda’ y se dedicaba a recolectar información de correos electrónicos y conversaciones de Blackberry y Whatsapp de los negociadores del Gobierno en Cuba, así como de ONG e integrantes de la oposición.
El informe periodístico señala que supuestamente los negociadores como el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Eder y, el Jefe Negociador, Humberto de La Calle, tenían seudónimos y que la operación tenía como fin obtener la mayor cantidad de información sobre el avance de las negociaciones.
De acuerdo con Semana, ‘Andrómeda’ estaba a cargo de un oficial perteneciente al batallón de Inteligencia Técnica delEjército (Bitec-1), que hace parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, CITEC. 
En ‘Andrómeda’, señala la publicación, trabajaban incluso militares y ‘hackers’ civiles que habrían sido reclutados en ferias de tecnología como los ‘Campus Party’, a fin de recolectar información de correos electrónicos y conversación de Blackberry y Whatsapp.
 Ademas de 'chuzar' a los negociadores de paz, según el informe también se interceptaban las comunicaciones de líderes de izquierda como la exsenadora Piedad Córdoba y el representante a la Camara, Ivan Cepeda, que dijo en su cuenta en Twitter: 'Es evidente que el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, debe renunciar una vez que se ha conocido este escandaloso episodio de espionaje'.
 Precisamente el ministro Pinzón pidió investigar las supuestas chuzadas, y el ministro del Interior, Aurelio Irragori, dijo que hay que esperar los resultados de las pesquisas. 
 El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, dijo a Caracol Radio que la denuncia de Semana.com le parece de extrema gravedad, pues las chuzadas habrían empezado desde el inicio del proceso de paz, y 'esto indicaría que lamentablemente aún no hemos podido superar esa practica nefasta para la democracia de estar interceptando comunicaciones y haciendo espionaje'.
De acuerdo con la publicación, ‘Andrómeda’ funcionó con normalidad hasta que en octubre de 2013 se ordenó borrar rastros de lainformación recolectada. 
Igualmente, se da cuenta de la existencia y posterior cierra de una sala de interceptaciones del Ejército Nacional conocido como la ‘Sala Gris’, cuyos equipos fueron trasladados al búnker de la Fiscalía, al parecer, luego de que se conocieran de las irregularidades que allí se habrían presentado. 

De hecho, la publicación cita al Fiscal General Eduardo Montealegre: “Ante las versiones que empezamos a tener sobre irregularidades optamos por cortar por lo sano y desmontar y trasladar la 'sala gris' de inteligencia militar y traerla al búnker en donde hay posibilidades de tener mayores controles”.

De acuerdo con la publicación, también se decidió cerrar otras salas, incluidas dos que estarían funcionando en la sede del desaparecido DAS.
 En abril del año pasado el expresidente Alvaro Uribe Vélez reveló en su cuenta en Twitter unas coordenadas secretas de despeje que indicaban el punto exacto desde donde una comisión del Gobierno sacaría del país a un jefe guerrillero. En ese momento el ministro de Defensa aseguró que se haría una pesquisa dentro del Ejército para saber quién había filtrado la información. De la investigación no se tienen resultados hasta el mundo.
 Hace unos meses también se conocieron unas fotografías que mostraban a los jefes guerrilleros que estan hace mas de un año en Cuba, paseando en un velero, lo que generó diversos comentarios en las redes sociales.