Conflicto armado en Guatemala - masacre de las DOS ERRES Casos

1. Masacre de las DOS ERRES
El parcelamiento Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, fue fundado en 1978 en el marco de una fuerte migración motivada por la búsqueda de tierra por campesinos y por efecto de la colonización promovida por la agencia gubernamental Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP). Los fundadores del parcelamiento fueron Federico Aquino Ruano y Marcos Reyes, a quienes la institución mencionada autorizó 100 caballerías de tierra, para que la repartieran en lotes de cinco, dos y una caballerías a quienes lo solicitaran.
En 1981 se comenzó a vivir un clima de creciente tensión en la zona, debido a que en la aldea Las Cruces algunas personas desaparecieron o fueron asesinadas.3  A principios de 1982 miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) entraron en Las Cruces, para celebrar un mitin y comprar víveres, lo que propició se incrementara la presencia militar que estableció un destacamento en la propia comunidad. El clima de tensión en Las Dos Erres se acentuó después de la masacre que se había cometido en abril de 1982 en la aldea Josefinos.4  Comenzaron a sobrevolar aviones militares de combate a baja altura por esa zona, y el Ejército, a partir de entonces, empezó a visitar con regularidad el parcelamiento.

En septiembre de 1982 comandos de las FAR atacaron con morteros los cuarteles de la Policía Militar Ambulante y la Guardia de Hacienda de Las Cruces. Como consecuencia, el comisionado militar del lugar organizó la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) en su comunidad y en Las Dos Erres. Elobjetivo era que esta última no patrullara en su parcelamiento sino que se integrara en la PAC de Las Cruces, alternativa que fue rechazada por la población de Las Dos Erres, que sólo accedió a formar la patrulla para proteger su comunidad.
En febrero de 1994 la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) solicitó las exhumaciones al juez de Primera Instancia de San Benito, Petén. En julio del mismo año se iniciaron los trabajos, estando a su cargo el Equipo Argentino de Antropología Forense. Debido a que las tareas se iniciaron en época de lluvias, así como por la complejidad técnica de la excavación, sólo pudo concentrarse 16 días en la labor y las exhumaciones hubieron de suspenderse hasta el año próximo. Sin embargo, durante ese tiempo lograron exhumar los restos de diez personas. Unas, tenían el craneo destrozado otras, impacto de bala.
El 24 de noviembre de 1995 el fiscal encargado del caso solicitó ser relevado, debido a las amenazas que había recibido, y el querellante adhesivo (FAMDEGUA) pidió el nombramiento de un fiscal especial. El caso se transfirió a la Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público. A juicio del querellante adhesivo, las pocas diligencias realizadas fueron inútiles para el desarrollo de la investigación del caso. Mas tarde, se nombró un fiscal especial para el caso.
En septiembre de 1996, ante la lentitud de las investigaciones, los representantes de FAMDEGUA decidieron someter el caso al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril de1997 el fiscal general decidió designar un nuevo fiscal especial para que prosiguieran las indagaciones.
El 19 de diciembre de 1997 la CEH solicitó al ministro de la Defensa Nacional información sobre la masacre en Las Dos Erres, entre otros casos. El ministro respondió el 5 de enero de 1998 inhibiéndose de realizar comentarios, aduciendo que este caso estaba sujeto a proceso judicial ante los tribunales
Antecedentes:
En 1996 FAMDEGUA presentó el caso de la masacre de las Dos Erres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el 2000 se llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con el Estado de Guatemala, el mismo incluía:
1. Una investigación exhaustiva y seria para identificar los autores materiales e intelectuales de la masacre.
2. La aplicación de justicia al caso en concreto.
3. Apoyo psicosocial y clínico para los familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes.
4. Resarcimiento moral y económico.
5. La construcción de un monumento para dignificar a las víctimas.
6. Elaborar un documental para ser transmitido en canales de televisión en horas de mayor audiencia
En cuanto al apoyo psicosocial se intentó una colaboración con la escuela de psicología de la Universidad de San Carlos (USAC), sin embargo, se quedó en el intento. Por parte del Ministerio de Salud se intentó también dar un apoyo y hay en el Centro de Salud de Las Cruces, una practicante que ha empezado a atender, pero este ha sido sumamente deficiente.
El video documental se realizó, sin embargo el proceso tuvo muchasdificultades y finalmente no se difundió de la manera acordada, pues se transmitió una sola vez en un canal de televisión. Hubo que cambiarlo varias veces por no llegar a acuerdos con la COPREDEH, finalmente se nos entregaron varias copias, pero no se volvió a pasar en la Televisión.
El monumento fue construido en el cementerio general de Las Cruces, pero no fue posible la construcción del monumento en el Parcelamiento de Las Dos Erres donde estaba ubicado el pozo y fueron exhumadas las víctimas.
En diciembre del 2001 el gobierno cumplió con el resarcimiento económico a las familias de las víctimas de la masacre, anteriormente en el 2000 el entonces presidente Portillo había asumido públicamente la responsabilidad del Estado de “algunos abusos”, como la masacre de las Dos Erres.
La investigación y la justicia, como aspecto prioritario planteado por las víctimas no se ha cumplido. 36 acciones de amparo mantienen paralizado el proceso, por lo cual es evidente el retardo malicioso y la complicidad por parte del sistema de justicia.
Por lo tanto, en marzo del 2007, Famdegua y los familiares de las víctimas plantearon a la CIDH, el rompimiento del “Acuerdo de Solución Amistosa”, debido al incumplimiento de una parte de lo pactado, fundamentalmente lo que se refiere al proceso de investigación y justicia, cuya deficiencia no tiene antecedente histórico en Guatemala.
Guatemala, 08 de julio de 009
Manuel Pop Sun y Reyes Collin Gualip son los únicos dos de diecisiete aprehendidos luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara lareactivación del proceso en cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Caso FELIPE CUSANERO
El ex comisionado militar Felipe Cusanero es el primer guatemalteco que enfrenta un juicio en este país centroamericano por desapariciones.
El juicio oral y público se reanudó el pasado miércoles en el Tribunal de Sentencia de la ciudad noroccidental de Chimaltenango en contra del ex comisionado Cusanero, luego de estar suspendido por año y medio, por acciones legales que había interpuesto el acusado.
Fuentes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que asesora a familiares de las víctimas, explicaron hoy a Efe que solo falta escuchar por última vez una declaración de Cusanero y otra de Hiliarón López, padre de uno de los desaparecidos.
Después de esta declaración, el juez tiene que entrar a debatir para dictar su resolución, por lo que la sentencia es inminente, aseguró.
La semana pasada los querellantes adheridos al proceso y el Ministerio Público (MP) presentaron las pruebas documentales en contra del ex comisionado, recordó.
Según el portavoz de Caldh, Cusanero se enfrenta a una sentencia que va desde los 25 hasta los 40 años de prisión por cada una de las seis desapariciones, de acuerdo con el Código Penal guatemalteco.
Cusanero, quien esta en libertad bajo fianza, es acusado de la desaparición forzada de Lorenzo Avila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984.
asdesapariciones ocurrieron en la aldea Choatalum, del municipio de San Martín Jilotepeque, en el departamento noroccidental de Chimaltenango.
La acusación penal en contra del ex comisionado militar fue presentada el 9 de junio de 2003 por familiares de los seis indígenas desaparecidos y a ellos se unió como querellante la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).
El conflicto armado que acabó en diciembre de 1996, luego de tres décadas de enfrentamientos, dejó unas 200.000 víctimas, entre ellos unos 45.000 desaparecidos.
Tras analizar los mas de 2.500 folios que contenían las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito de Chimaltenango, y luego de escuchar a mas de una veintena de testigos de cargo, los miembros del tribunal hallaron culpable a Cusanero de la desaparición forzada de seis indígenas ejecutada por miembros del Ejército guatemalteco en los años ochenta.
Septiembre del 2009
3. Chiyax, un caso paradigmatico
La sentencia mas importante con base en este convenio y que es objeto del presente trabajo, se dio en Totonicapan entre marzo y junio del 2003. En el Cantón Chiyax, en Totonicapan, en el altiplano
occidental de Guatemala, area habitada en un 95% por indígenas K’iche’s y caracterizada por conservar un sólido sistema de autoridad tradicional.
La sentencia fue excepcional por ser la primera de esta naturaleza
que se da en el país; por sus características y consecuencias
constituyó un ejemplo único para una nación que se encuentra
inmersa en una transformación profunda,en la conformación de un
nuevo Estado, como dicen los Acuerdos de Paz, que va del viejo
modelo excluyente y hegemónico a uno que sea incluyente,
participativo, descentralizado, respetuoso de la diferencia, diverso, y
con perspectiva de género.
Un Estado de Derecho que fortalezca el ejercicio de la ciudadanía
y que frente al orden social y la equidad promueva la justicia
comunitaria. El caso Chiyax que analizaremos a continuación es, en
este sentido, es un escenario donde los guatemaltecos pueden ver
como funciona este modelo y hacia donde se esperaría que la nación
transitara.
2005] Revista IIDH 211
3 Desde 1996, año de la firma de la paz entre el gobierno de Guatemala y la
URNG (la organización de las diferentes fuerzas guerrilleras que sostuvieron 36
años de conflicto armado interno), se ha producido un fenómeno de
linchamientos que ha afectado principalmente areas indígenas. Hasta el 2003 se
habían dado 443 linchamientos registrados, los que han dejado 857 víctimas, de
las cuales murieron 242 personas.
El 1 de marzo del 2003 se produjo la captura de tres indígenas
sospechosos de intentar robar en una casa. La primera reacción de la
comunidad fue lincharlos3. Los sospechosos fueron golpeados y
obligados a caminar en paños menores por la comunidad. Cuando
algunas personas ya traían gasolina para quemarlos, la intervención
oportuna del alcalde comunitario y otros miembros de la comunidad,
particularmente mujeres, impidió el linchamiento, logrando detener
a la turba con base en el imperativo moral queprohíbe matar seres
humanos.
Los sospechosos fueron entregados a las autoridades de policía y
justicia, quienes los enviaron inmediatamente a la carcel de
Quetzaltenango. Ante el temor que la turba tratara de sacarlos del
sitio de detención si se les dejaban en Totonicapan, los tres indígenas
quedaron por cuenta del Juzgado de Instancia Penal de Totonicapan,
sindicados del delito de robo agravado. Lo que no se pudo evitar fue
que la gente quemara el vehículo en que se movilizaban los
sospechosos. Esa noche la comunidad estuvo reunida discutiendo los
sucesos del día y se acordó redactar un memorial el que fue firmado
por 480 adultos de ese Cantón.
Al día siguiente entregaron el memorial al Juez de Instancia
Penal, donde exigían a las autoridades estatales que castigara
ejemplarmente a los sospechosos, los cuales no podrían ser
defendidos ni dejados libres sin castigo, bajo la amenaza que las
instalaciones de las instituciones correrían la misma suerte del
vehículo incinerado por la muchedumbre. El vehículo quemado fue
puesto frente a la torre de tribunales, con la advertencia que no fuera
removido de allí, todo lo cual generó crisis entre los funcionarios de
las instituciones de justicia del departamento, quienes no estaban
seguros sobre qué camino tomar.
La defensora indígena de Totonicapan del programa de las
Defensorías Indígenas del Instituto de la Defensa Publica Penal,
envió un memorial al director del Instituto donde solicitaba se le
excusara de defender a los sindicados por el temor que las amenazas
delmemorial se cumplieran. Esta solicitud fue transmitida a los
4 El artículo 25 del Código Procesal Penal establece que delitos cuya pena no pase
de cinco años, podran ser objeto de arreglos y mediaciones.
212 Revista IIDH [Vol. 41
coordinadores del Proyecto de las Defensorías Indígenas, una de
cuyas tareas es el impulso al desarrollo de mecanismos de
coordinación entre las distintas formas de justicia que existen en el
país. De ahí surgió la propuesta de aprovechar esta crisis, en el
sentido de mejorar los mecanismos de coordinación entre el derecho
indígena y el derecho oficial. El juez aceptó y ofreció a las
autoridades indígenas de Chiyax que ellos juzgaran a los
sospechosos de acuerdo a su derecho indígena, en cumplimiento al
derecho reconocido en el Convenio 169 de la OIT. Se acordó
entonces con el Juez promover una reunión en la que participaran
todos los actores del conflicto, incluidos los funcionarios de las
instituciones de justicia y las autoridades indígenas.
En esta reunión se formalizó el ofrecimiento de parte del juez y el
fiscal, quien fue convencido sobre esta salida de la crisis, a las
autoridades indígenas. Se habló con franqueza sobre las quejas de la
comunidad a lo que ellos percibían como un sistema de justicia
inoperante, que no atendía las necesidades y demandas de la
comunidad. De parte de las autoridades de justicia oficial, se explicó
la existencia de principios de derechos humanos e imperativos
legales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa y la
presunción deinocencia, que debían ser respetados en todos los
casos.
El miércoles 25 de junio del 2003 en horas de la mañana,
observado por mas de mil personas bajo una pertinaz lluvia en
Totonicapan, se llevó a cabo la ceremonia para el juzgamiento de los
3 indígenas, dos de Quetzaltenango y uno de Momostenango, por
autoridades indígenas tradicionales en coordinación con el Juzgado
de Instancia Penal, la Defensa Pública Penal y la Fiscalía Distrital de
esa cabecera departamental. Se trataba del primer proceso por un
delito que esta por fuera del criterio de oportunidad4, juzgado en
coordinación entre el sistema jurídico maya y el sistema oficial de
justicia.
El camino para llegar a este punto no fue facil y fueron muchos
los obstaculos que debieron ser superados. Luego de varias
reuniones con representantes de la comunidad y particularmente una
sostenida en el despacho del Sr. Juez de Primera Instancia Penal de
Totonicapan, quien desde un principio se mostró abierto a darle
2005] Revista IIDH 213
espacio de participación a las autoridades indígenas, con la
participación del Juez de Paz, del Fiscal Distrital, de un expresidente
de la Asociación de Alcaldes Comunitarios de
Totonicapan, los funcionarios de la Defensoría Indígena del IDPP,
el coordinador regional del Instituto de la Defensa Pública Penal,
miembros de la junta directiva de la Asociación de Alcaldes
Comunitarios de Totonicapan y una delegación del Cantón de
Chiyax, se acordó que la comunidad, en uso de las atribuciones del
Convenio 169 y con el acompañamiento delos participantes, llevaría
a cabo el juzgamiento de los sindicados.
Lo que ocurrió desde entonces fue una interesante experiencia de
empoderamiento y de capacitación in situ sobre el Convenio 169, los
derechos humanos y los derechos fundamentales, como límites del
ejercicio del derecho maya y la creación de un nuevo paradigma
sobre las posibilidades de coordinación entre autoridades oficiales e
indígenas.
La comunidad pasó de proponer inicialmente, como lo hizo uno
de los miembros de la comunidad consultado, que los sospechosos
fueran condenados sin defensa y sin comida a 20 años de carcel; a
aplicar, como lo hicieron en la ceremonia de ese miércoles 25 de
junio (ocho Aj, en el calendario maya, día propicio para la siembra)
que los Ajq´ijab ayudaran a quienes habían caído, trayéndolos de
nuevo al seno de la comunidad de donde se habían salido, sembrando
en sus corazones la semilla del trabajo, pues lo que habían hecho
probaba su carencia.
Para llegar a ese punto la comunidad había nombrado una mesa
de 13 notables, donde estaban representados los diferentes sectores
de la comunidad: un ajq´ij (guía espiritual), una comadrona (partera
tradicional) un alcalde comunitario, un maestro, una madre de
familia, un ex-alcalde, etc., como lo sugiere el texto del Título de
Totonicapan, libro escrito entre 1554 y 1562 y traducido del K´iche´
antiguo en un trabajo dirigido por el antropólogo canadiense Robert
Carmack en la Universidad Autónoma de México en la década de los
setenta. El original, una reliquia sagrada paralos k’iche’s, es
conservado en un lugar secreto, guardado por el clan Yax de la
comunidad totonicapense.
Las autoridades tradicionales luego de vencer la inseguridad que
los acosó durante los primeros días, lograron superarla y afrontar el
reto que se les hizo de juzgar a los tres sindicados de robo,
214 Revista IIDH [Vol. 41
investigaron los procedimientos en el texto del Título y encontraron
el camino que los llevó a una justicia humanizada, restauradora,
donde en lugar de pisotear al hermano caído, se le ofrece la ayuda
para que “limpie su mente”, rehabilitarlo y permitirle encontrarse a si
mismo en el camino de la justicia, dentro de la comunidad. “El
podrido de los frutos no se tira sino que cumple una función” y “el
castigo no limpia la mente, el trabajo en cambio sí”. Fueron dos de
las frases que citaron en el acto de justicia, esa mañana de junio.
De este texto, las reuniones y debates que este acto de justicia
generó, la comunidad logró desarrollar un proceso de recuperación
de su memoria histórica y fortalecer su cohesión social, no solamente
a partir de las enseñanzas que dejaron los ancestros en el texto del
Título, sino en la búsqueda de respuestas al reto que significó para
ellos la oferta de coordinación que encontraron de parte de los
funcionarios estatales.
En curso de la ceremonia los procesados reconocieron su falta y
pidieron perdón a la comunidad, sus hijos, parientes y a las
autoridades. En un momento, la mesa de notables pidió que subieran
al estrado donde se llevaba a cabo eljuicio, los familiares de los
procesados y de rodillas frente a sus hijos, esposas, padres, suegros,
etc., cada uno pidiera perdón por su conducta. Luego, frente a la
comunidad dieron su palabra de corregir sus vidas, trabajar
honestamente y ser buen ejemplo para sus hijos y la comunidad. En
curso de la ceremonia se hicieron varias veces invocaciones a valores
éticos y principios morales, tales como el valor sagrado de la palabra,
la dignidad, la armonía, el buen ejemplo, y especialmente al caracter
del trabajo como la mas noble forma de comunicación entre los seres
humanos y la naturaleza y donde todos recibimos los dones de la
vida, la salud y la dignidad.
Cuando correspondió el turno al Ajq´ij de hacer el Pixab (dar
consejo). Éste explicó el significado del día Aj, dijo que no era casual
que este día lloviera, pues era la respuesta de la naturaleza al trabajo
humano para ayudar a la siembra y dijo que este día era propicio para
hacer justicia pues también los seres humanos podemos ser fértiles
con las buenas semillas, como la siembra en nuestros corazones de
la semilla del trabajo. Explicó que el trabajo es la mejor forma de
comunicación entre la naturaleza y los humanos y que después de
una dura jornada de trabajo se duerme en paz y el descanso es pleno.
Dijo que el mal que ellos trataron de hacer, dañaba a personas
pobres, como ellos, que con el fruto del trabajo habían logrado
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conseguir lo poco que tienen, con mucho esfuerzo y sudor, que ellos
debían agradecer su juventud y salud yganarse con el trabajo lo que
quisieron robar a otros.
Al finalizar la ceremonia se pidió a los procesados compensar a
la comunidad con 30 días de trabajo comunitario en obras necesarias
para la comunidad donde se pretendía robar, después de lo cual se
pidió a los juzgados poner su mano sobre 20 granos del sagrado maíz
y responder a un juramento que leyó el Alcalde Comunitario, donde
se les pidió respetar la palabra empeñada de trabajar honestamente,
no robar, ser un buen ejemplo para sus hijos y cumplir el
compromiso de la labor comunitaria, lo cual explicó el Alcalde, no
es castigo pues el trabajo nunca lo es.
Después del juramento el Alcalde Comunitario explicó que ellos
tenían la opción de sembrar el maíz o de botarlo. Si hacen esto último
estaran tirando su dignidad, el valor de su palabra, el amor a sus hijos
y a sí mismos, si en cambio lo cuidan y siembran, el sagrado maíz,
les respondera con alimento y protección. Ese día los procesados
recuperaron su libertad de manos del Juez de Instancia Penal quien
estuvo presente durante toda la ceremonia y quien dijo a la gente
reunida que con su presencia, el Estado estaba reafirmando su
respeto por el derecho indígena y sus autoridades. De la misma
forma otras autoridades oficiales, el Fiscal Distrital, y la Defensora
Indígena del Instituto de la Defensa Pública, afirmaron que con este
ejemplo de coordinación entre el derecho oficial y el derecho
indígena, se estaba enterrando para siempre el fenómeno de los
linchamientos y se abría un camino de colaboración conequidad y
justicia para todos.
Al día siguiente, los tres se presentaron a las 8:00 en la
comunidad, donde fueron recibidos por una comisión nombrada para
coordinar el trabajo que harían y proveerles la alimentación, de
acuerdo con la decisión acordada el día anterior. Esto mismo
hicieron todos los días sin interrupción, salvo por uno de ellos que
transcurridos 8 días, tuvo un accidente en una bicicleta y por
incapacidad médica no pudo continuar el trabajo comunitario, razón
por la cual y luego de discutirlo con las autoridades tradicionales, se
optó por el pago de los jornales que correspondían a los días que no
pudo presentarse.
A manera de corolario de esta experiencia de aplicación de
justicia indígena, el Juez de Instancia Penal, respondiendo a una
pregunta sobre que hubiera pasado si el caso hubiera continuado en
5 Según un reciente estudio, que todavía no esta en prensa, del sociólogo
Edelberto Torres Rivas, (“Guatemala: un edificio de cinco pisos”) de un total de
11.4 millones de guatemaltecos, alrededor de 2 millones viven en condiciones
de pobreza extrema (menos de un dólar diario de ingreso) de los cuales el 71%
son mayas; cerca de 5.6 millones pertenecen al estrato bajo (un poco mas de un
dólar de ingreso promedio) entre los cuales 2.7 millones son mayas.
216 Revista IIDH [Vol. 41
su despacho, respondió que para llegar a debate, el proceso hubiera
tenido que esperar por lo menos un año, con los muchachos presos y
que en el mismo, seguramente ellos habrían sido condenados a penas
que oscilaríande entre 6 a 15 años, que es el castigo previsto en el
Código Penal para el robo agravado.
Al comentar esto al Alcalde Comunitario, quien había coordinado
esta experiencia, dijo que uno de los problemas mas serios que
habían enfrentado era cómo conseguir la comida que había que
darles a los muchachos durante los treinta días de trabajo
comunitario, “todos somos pobres y a nadie le sobra la comida” dijo.
Entonces comentó, “si ellos hubieran sido condenados a 10 años,
imagínese lo que nos cuesta a los guatemaltecos alimentarlos todo
ese tiempo, y al final, ¿para qué? Si todos sabemos que de una carcel
saldrían peor que como entraron”.
Consecuencias y enseñanzas
El examen de lo que sucedió en Chiyax es importante para el
proceso guatemalteco de consolidación de la paz. La justicia guatemalteca
requiere de adecuaciones para atender apropiadamente a la
población indígena maya, xinca y garífuna, que representa mas del
50% del total de la población. Estos ajustes pueden ser de dos
órdenes: por un lado, reformas a la justicia oficial para hacerla mas
accesible desde el punto de vista lingüístico y cultural, y por otro, el
apoyo a la plena entrada en vigencia del derecho a su propio derecho.
Las principales dificultades de la población indígena para acceder
a la justicia oficial son de caracter lingüístico, cultural y económico;
dado su condición de hablantes de idiomas distintos al español y de
un muy deficiente servicio de interpretación judicial oficial. Esta
población, en su mayoría, se encuentra en condicionesde extrema
pobreza5, adolece de ausencia de educación escolarizada y enfrenta
serias dificultades de contar con asistencia jurídica, todo lo cual se
agrava por la actitud de algunos funcionarios, mezcla de ignorancia
y racismo, que convierte a los tribunales en escenarios casi
inaccesibles para atender sus necesidades.
2005] Revista IIDH 217
6 Elogio a la dificultad y otros ensayos. Fundación Estanislao Zuleta, Bogota,
1994.
El derecho de acceso a la justicia implica para la población
indígena, en el marco de la legislación vigente, no sólo el libre paso
a los tribunales y en general a las oficinas del Estado para informarse
y hacer valer sus derechos, sino también el desarrollo de mecanismos
que le permita a la comunidad, en el marco de su historia particular,
idioma, cosmovisión, formas de organización social, valores,
espiritualidad, etc., evolucionar como colectividad en la resolución
de sus conflictos, creciendo a partir de ellos, en un elogio a la
dificultad que dignifique a los seres humanos6.
Son varios los ejemplos que hemos documentado, en el proyecto
de las Defensorías Indígenas del Instituto de la Defensa Publica
Penal, de cómo una comunidad puede desarrollarse y mejorar si se
le reconoce y propicia la posibilidad que tiene de poner en practica
sus principios, valores y procedimientos en el ejercicio de su propia
concepción de justicia.
El hecho que la primera reacción de la comunidad de Chiyax al
capturar a los delincuentes haya sido el linchamiento, dice mucho de
las dificultades que el Estadono ha podido resolver en relación con
el acceso a la justicia a los pueblos indígenas. Habla, así mismo, de
las particularidades de la historia del país.
Los linchamientos
Por razones contrainsurgentes, durante la década de los 70 y los
80, el ejército de Guatemala, bajo gobiernos militares, creó las
patrullas de autodefensa civil o PAC’s, en las que cerca de un millón
de personas, en su mayoría indígenas, fueron obligados a formar
parte de ellas. La autoridad tomó la forma de Comisionado Militar y
para lograr su inserción en las comunidades, el ejército declaró como
objetivos militares a las autoridades tradicionales.
Según el informe del REMHI, (Reconstrucción de la Memoria
Histórica) conducido por la Iglesia Católica para abordar lo que
ocurrió durante los 36 años de conflicto armado interno,
aproximadamente el 80% del total de las víctimas fueron mayas y en
sus comunidades se particularizó en todos aquellos que ostentaban
alguna forma de autoridad o liderazgo.
El vacío que quedó con este ataque frontal a la autoridad
indígena, fue llenado por los nuevos mandos que con el respaldo del
ejército desempeñaron autoridad hasta su desmonte y desmovilización,
formalizado en 1996, cuando se firmó la paz. Hasta ese
año, los patrulleros y comisionados militares fueron un referente de
autoridad, pero a partir de su desmonte, aunque continuaron
ejerciendo mando, éste se dio de una manera mas solapada y
atendiendo a consignas de orden político y electoral. No es casual
que sea en este año que haya comenzado laoleada de linchamientos
que en forma masiva ha sacudido el país en forma dramatica desde
entonces. La hipótesis de la anomia, parece ser la que mejor explica
este fenómeno, entendiendo por esto la enfermedad social que se
produce cuando la autoridad o norma que existía desaparece y su
reemplazo no se produce, tarda o no es aceptado.
El hecho que se da una coincidencia de las areas mas afectadas
por los linchamientos con aquellas donde el conflicto armado fue
mas intenso en relación con militarización de comunidades,
masacres, presencia de PAC’s, y ausencia de servicios del Estado,
sustenta esta hipótesis. Fue tanta la violencia que se ejerció contra las
comunidades, que éstas quedaron expuestas sin amparo ni
protección, lo que condujo a una cesación de principios y normas
que lleva a la gente a responder con una violencia ciega a todo acto
que es percibido como agresión a la comunidad.
Es también cierto que muchos de los linchamientos han sido el
resultado de agitadores, generalmente sectores cercanos a las PAC,
con agendas precisas, pero lo que también nos debe inquietar es la
pasividad con la que cientos, a veces miles de personas, observan
impasibles cómo se cometen toda clase de atrocidades contra
sospechosos de delitos, a veces tan nimios como el robo de unos
rabanos en Zuníl (Quetzaltenango) o el no pago de una bebida
gaseosa, en Solola, quemados en vida o golpeados hasta la muerte.
Este diagnóstico sugiere dos vías para la solución de este flagelo.
Por una parte, un incremento en la presencia del Estadocon
comprensión lingüística y cultural, autoridades y jueces bilingües o
por lo menos capacitados adecuadamente para atender población
caracterizadamente diversa, con herramientas apropiadas para su
atención, intérpretes judiciales formados, leyes traducidas y
glosarios de términos jurídicos en los idiomas que habla la
población, sensibilidad cultural, respeto a sus tradiciones y formas
218 Revista IIDH [Vol. 41
2005] Revista IIDH 219
7 Constitución Política de Guatemala, 1985, Art. 66. Protección a grupos étnicos.
Guatemala esta formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los
grupos indígenas de ascendencia maya. El estado reconoce, respeta y promueve
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el
uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
de organización social, etc., lo cual implica necesariamente una
inversión considerable y un mediano o largo plazo para su
implementación.
La otra vía, demanda de menos recursos económicos y se puede
dar en un tiempo considerablemente menor. Hablamos del
fortalecimiento de la autoridad tradicional y un incremento de su
papel como referente de justicia para las comunidades. Estos dos
aspectos no son excluyentes sino complementarios e inaplazables en
el proceso de construcción de un estado multiétnico y pluricultural,
como lo especifican los Acuerdos de Paz.
Lo que ocurrió en Chiyax es un claro ejemplo de esta situación.
Del linchamiento la comunidad pasó, gracias a la apertura de las
autoridadesjudiciales y a la lectura que hicieron del Convenio 169,
para beneficio de todos, a asumir y ejercer el derecho que tiene,
desde el punto de vista legal y político, de expresar formas de vida,
costumbres, tradiciones y formas de organización social, como
pueblos diferenciados que son, y a quienes las leyes han reconocido
su status particular.
Reconocimiento del derecho indígena en Guatemala
En el artículo 66 de la Constitución7, el Estado, ademas de
reconocer el caracter multiétnico de la nación, asume tres
obligaciones con implicaciones jurídicas y políticas. Las de
reconocer, respetar y promover, las formas de vida de los diversos
grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de
ascendencia maya, sus costumbres, tradiciones, idioma, y las formas
de organización social. El reconocimiento del derecho indígena
forma parte de este cuerpo, pues es una de las expresiones culturales
mas importantes que hacen posible una organización social y alguna
forma de orden, expresado en un sistema normativo y autoridades
que lo administren.
Este artículo, junto con el 44 (Derechos inherentes a la persona
humana), el 46 (Preeminencia del Derecho Internacional) y el 58
220 Revista IIDH [Vol. 41
8 La parte dogmatica esta conformada por los artículos 1 al 140.
9 Corte de Constitucionalidad, expediente 199-95.
10 Rohrmoser Valdeavellano, Rodolfo. Magistrado de la Corte de Constitucionalidad
de Guatemala, “La Operatividad del Convenio 169 de la OIT en el
Derecho Interno Guatemalteco”. Ponencia en el Foro Internacional,Contexto
Jurídico para una Adecuada Coordinación entre el Derecho Indígena con el
Derecho Oficial.
(Identidad cultural), forman parte de la base constitucional para el
reconocimiento del derecho indígena, por lo demas este reconocimiento
se ubica en la parte dogmatica de la Constitución8 y en
tal caracter forma parte de los principios filosóficos y políticos que
enmarcan las instituciones y los ciudadanos y a partir de los cuales
se construye todo el ordenamiento legal.
Esta interpretación sigue las líneas señaladas por la Corte de
Constitucionalidad en cuanto a que debe interpretarse la
Constitución como un conjunto armónico, prefiriendo la conclusión
que armonice y no la que coloque en pugna a los distintos preceptos
del texto constitucional9, dado que de hacerse una interpretación
aislada o anteponiendo los artículos, se correría el peligro de
lesionar, restringir o anular un derecho reconocido en otra parte de la
carta constitucional. Por ello deben considerarse los principios
generales del derecho y especialmente los derechos fundamentales y
derechos inalienables para cualquier interpretación constitucional.
El artículo 46 de la Constitución establece la jerarquía de las
leyes y la preeminencia del derecho internacional en materia de
Derechos Humanos, considerando que el Convenio 169 de OIT es
sobre derechos humanos y al ser ratificado por el Congreso de la
Republica de Guatemala, ingresó al ordenamiento o derecho interno
“a través del acto (aprobación o ratificación, según el país) de quien
tenga, conformeel orden constitucional, el poder de legislar”10. Su
aplicación se encuentra por encima del derecho interno en virtud de
lo que establece el artículo 46 que reza “Se establece el principio
general que en materia de Derechos Humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen
preeminencia sobre el Derecho interno”.
El artículo 58 protege la identidad cultural individual y colectiva,
al reconocer el derecho a la identidad cultural individual y de las
comunidades, integrando al concepto de identidad cultural, la
costumbre, las lenguas y los valores. En este sentido, debemos traer
a la argumentación lo que preceptúa el artículo 44 constitucional que
2005] Revista IIDH 221
trata sobre derechos inherentes a la persona humana. En este artículo,
la Constitución define los derechos reconocidos en ella como un
conjunto mínimo de derechos pero no exceptúa otros que aún no
nominados, constituyen derechos inherentes a las personas. Tal es el
caso del derecho inalienable al ejercicio de su cultura, de su
espiritualidad, o el ejercicio del propio sistema jurídico.
Una de las enseñanzas del caso Chiyax, es que con un cambio en
la actitud de un juez, un fiscal, un defensor público, es mucho lo que
se puede avanzar en la transición de un Estado Contrainsurgente a un
Estado de Derecho.
Es importante recordar que el Estado no es sólo una idea
abstracta. El Estado es también gente de carne y hueso, con
sentimientos, anhelos y temores; gente de quien depende la
construcción de una sociedad masjusta, donde los derechos que
existen para algunos sean para todos, gente protagonista de una
sociedad que deja atras el racismo que lleva a temer y desconfiar del
otro, por que el otro no es mas mi enemigo, ni mi víctima, tampoco
el criminal que hay que encerrar o eliminar, el otro es mas el espejo
donde cada uno ve su humanidad reflejada.
Bibliografía
Alvarado Flores, Humberto. El derecho de la costumbre. Ensayo
sobre la normatividad jurídica consuetudinaria en Guatemala,
INAP, Mineo, julio 1992.
Esquit, Choy y Ochoa García, Carlos. El respeto a la palabra. El
orden jurídico del pueblo maya. Centro de Estudios de la Cultura
Maya, Guatemala, 1995.
Gaviria Días, Carlos. “La justicia indígena en la Constitución
colombiana de 1991”. Ponencia presentada en el Seminario
Internacional sobre Justicia y Pueblos Indígenas. Guatemala, 1998.
Guzman Böckler, Carlos y Jean-Loup Herbert. Guatemala, una
interpretación histórico-social. Editorial Cholsamaj. Guatemala,
1995. Jonas, Susanne. De centauros y palomas: El proceso de paz
guatemalteco. FLACSO, Guatemala, 2000.
EL PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA
Desde mil novecientos sesenta hasta mil novecientos noventa y seis, el estado de Guatemala experimento un estado de conflicto interno. Durante los treinta y seis años del conflicto hubo periodos de alta y baja intensidad en términos de las fuerzas armadas involucradas.
Varios estudios demuestran claramente que la época de mas alta intensidad del conflicto tuvo lugar durante los años de 1981 hasta 1983.
Al hablar de intensidad serefiere a la cantidad de muertos, desplazado, heridos, torturados y otras formas de sufrimiento. Durante los años de 1981 hasta 1983 tanto el ejercito como la guerrilla adoptaron una estrategia mucho mas agresiva en comparación a los 20 años que había precedido el conflicto armado.
Lastimosamente se dio el ataque no solo a los integrantes combatientes de las fuerzas de la guerrilla o de los miembros del ejercito, sino que se se atacaron también las areas donde se considero que habían bases de apoyo social para las fuerzas de la guerrilla. Estas areas yacieron sobre todo en los depatamentos de Huehetenango, el quiche, baja verapaz y Chimaltenango.
Las fuerzas armadas del Estado de Guatemala, durante los años de 1981 a 1983, fueron dirigidas por una política institucional anti- comunista la cual se opinia a la ideología que identificó a la mayoría de miembros del grupo de asendencia maya (de las areas previmente establecidas) que los hacis simpatizantes de la ideología comunista de las fuerzas insurgentes y por eso se presume se ordeno su destrucción.
Lastimosamente se dieron una serie de matanzas y desplazamiento masivo… generando una enorme herida y secuelas tanto físicas como psicológicas en la población.
I. Origenes del Enfrentamiento armado
Ubico quien después de 14 años decidió renunciar. Quedó en su lugar para acelerar el periodo de transición un triunvirato encabezado por el también General Federico Ponce Vaides; éste también quiso retardar su salida, originando un movimiento civico-militar con tal fuerza que despuésde seis meses entre escaramuzas y manifestaciones, se llegó al 20 de octubre de 1944 en que se depone al General Ponce. A este movimiento histórico se le conoce como “Revolución del 20 de Octubre de 1944”.

Posteriormente resultó electo Presidente de la República el Doctor Juan José Arévalo, en esa época funcionaba en el país una escuela de probado tinte marxista conocida como “Claridad”, mas bien era una escuela de formación ideológica dirigida especialmente por extranjeros. “En enero de 1946, el presidente Arévalo con base en lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución de la República promulgada en 1945 y que prohibía organizaciones políticas de caracter extranjero o internacional, tomó la drastica decisión de ordenar el cierre de la Escuela Claridad, lo cual provocó el alboroto del cotarro marxista –leninista, incluyendo a algunos diputados que, durante una sesión del congreso se lanzaron en contra de “esta alevosa y antidemocratica arbitrariedad”.[1]
 
La organización comunista tuvo que soportar el cierre legal de su principal, bien estructurado y fecundo plantel de formación ideológica, continuandola pero esta vez proscrita. El 28 de septiembre de 1947 aún en la clandestinidad, y bajo el nombre de Vanguardia Democratica fue fundado el primer partido comunista del que, en 1948 José Manuel Fortuny fue electo secretario general. Al año siguiente, el 28 de septiembre de 1949 conmemorando su segundo aniversario celebró su primer Congreso Nacional tomando el nombre de Partido Comunista.
 
Este cambio tuvo dosconnotaciones históricas, la primera que con ese nombre el 19 de diciembre de 1952 fue inscrito legalmente por el gobierno del entonces Presidente de la República, Coronel Jacobo Arbenz electo en 1950 y gran amigo de Fortuny. La segunda connotación fue que esto encendió la mecha para que internamente se iniciara una serie de manifestaciones en contra del gobierno por que se consideró que estaba guiando al país a un sistema comunista. Por supuesto todo era promovido por un partido político anticomunista llamado Movimiento Democratico Nacional, contando “con el apoyo directo del presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, de su secretario de Estado John Foster Dulles y de los gobernantes de México Adolfo Ruiz Cortínes y de Honduras Julio Lozano Días. El resultado de esto fue que en julio de 1954 fue derrocado el gobierno del Coronel Arbenz, el PGT fue proscrito y todos sus dirigentes así como el derrocado Presidente Arbenz salieron al exilio.” [2]
Este giro violento en la política marcó en la historia del país las profundas diferencias ideológica y sociales que se viven hasta la fecha y que aún con la firma de la paz, no se han logrado resolver especialmente los resentimientos y frustraciones.
 
  
II. Inicio del Enfrentamiento Armado.
 
El 13 de noviembre de 1960 liderado por un grupo de Oficiales del Ejército de Guatemala con tendencias revolucionarias como herencia de las enseñanzas de la “Escuela Claridad” desde la Revolución del 44, aduciendo corrupción e intolerancia política y reforzado por lainfluencia del triunfo de la revolución cubana, se produjo un alzamiento contra el entonces Presidente de la República General Miguel Ramón Ydígoras Fuentes.
 
Este movimiento sectario de insubordinación militar fue la raíz de la primera facción guerrillera que adoptó el nombre de MR-13 en conmemoración de la fecha de la asonada. Desde esa fecha hasta mediados de 1967, los marxistas en la clandestinidad y sus grupos afines aprovecharon el tiempo para fortalecer su base idiológica en este movimiento el cual tenía su centro de operaciones en los departamentos del Nor-Oriente del país, basicamente en la Sierra de las Minas, sin embargo las acciones de violencia se daban aisladamente en la capital y se abundaba en pronunciamientos, propaganda y elogios a la revolución cubana.

Pero en 1967 el denominado grupo guerrillero MR-13 que ya había cambiado su nombre por el de Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) encendió la mecha de la guerra cuando en la Aldea Sunzapote, departamento de Zacapa emboscó a un Oficial del Ejército y su patrulla motorizada que estaban en misión de vigilancia y seguridad en ruta durante toda la noche, los asesinaron y robaron armamento y pertenencias, dejando al conductor del vehículo vivo con la orden de ir a contar lo sucedido a las autoridades de la Zona Militar del departamento. Esta acción inició la cruenta guerra interna y la reacción del Ejército que lanzo ofensivas tanto militares como sicosociales hasta derrotar a éste grupo terrorista habiendo muerto por las acciones la mayoría de sus comandantes y dirigentesclandestinos, el resto de dirigentes huyeron al extranjero.
 
En 1971 según los ideólogos de la guerrilla, hace su ingreso con un pequeño grupo de avanzada desde México por el area del Ixcan departamento de Quiché al Nor-Occidente del país, los primeros miembros de otra facción clandestina marxista, denominada Ejército Guerrillero de los Pobres (E.G.P). Este grupo ya venía mas organizado y encontró bases rurales de apoyo las cuales habían sido trabajadas ideológicamente especialmente por organizaciones de fachada y catequistas. En el area del Ixcan al igual que en Petén, la mayoría de colonos eran campesinos llegados años atras desde el oriente y sur del país, también familias de origen salvadoreño y comunidades indígenas tanto Quichés como Keqkchis.
 
Las acciones bélicas nuevamente fueron iniciadas por los insurgentes cuando a mediados de 1975 fue asesinado mientras pagaba el salario a sus obreros, el terrateniente Luis Arenas conocido como “El Tigre de Ixcan” en su finca “La Perla”, la cual había forjado dentro de la montaña. Nuevamente el Estado intervino y la lucha se fue extendiendo. El EGP desde 1976 logró extender su area de operaciones la que llegó hasta los municipios indígenas al norte del Quiché, llamados Chajul, Cotzal y Nebaj conocido como el “Triangulo Ixíl”, también abarcaron Uspantan y la cabecera departamental Santa Cruz del Quiché donde instalaron su base de operaciones clandestina; crecieron al departamento colindante de Huehuetenango y se extendieron al Sur hasta los departamentos de Solola,Quetzaltenango, Totonicapan, Chimaltenango y el norte de Sacatepequez 
 
El 18 de septiembre de 1979 salió a luz pública otra denominación terrorista auto-denominada Organización del Pueblo en Armas (ORPA) que tomó como base de operaciones los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Sacatepequez, completando así mas de dos terceras partes del territorio nacional con presencia guerrillera. De tal manera que Fidel Castro en Cuba, ofreció mantener su apoyo directo pero con la condición que las cuatro organizaciones (EGP, PGT, ORPA Y FAR) se unieran en el esfuerzo aunque cada una con sus comandantes, naciendo así la hasta hoy conocida Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
 
Con la integración de la URNG y la toma del poder en Nicaragüa por el Sandinísmo, el apoyo cubano fue mas directo para los grupos subversivos que también manejaban la opinión pública internacional, especialmente en Europa. De tal manera que en 1981 ya se habían formado la creencia triunfalista y concluyeron que no sería difícil tomar el poder. Así en ese año teniendo todo a su favor, planificaron como primer paso, declarar liberada la región nor-occidental del país y desde allí lanzar el asalto final sobre la capital de la República para tomar el poder total. Cuando estaban a punto de hacerlo y lograr el reconocimiento internacional se dio la reacción del Ejército de Guatemala lanzando una contraofensiva que desarticuló en pocas semanas todo lo que la URNG, encabezada por el EGP había planificado. Las facciones clandestinas sereplegaron e iniciaron su reorganización con nuevas tacticas contando siempre con el apoyo internacional.
 
A raíz de la desarticulación de la ofensiva final que pretendían los facciosos, se dieron tres hechos históricos en la estructura de gobierno que cambiaron el rumbo de la amenaza.
* Primero: En 1982 debería tomar posición un nuevo gobernante, sin embargo se alegaba fraude para imponer al candidato oficial, si así hubiese sido la URNG y grupos afines reforzarían sus banderas políticas en el extranjero y tendrían mas razones para continuar la guerra interna. El 23 de marzo de ese año, un Golpe de Estado permitió la llegada al poder del General de Brigada Efraín Ríos Montt. Este concebía la lucha integral, su intención principal era quitar el apoyo de la población indígena a la guerrilla. Para esto se hizo presencia físicamente en mas del 90% del territorio con Zonas Militares Departamentales y se convocó posteriormente a una movilización nacional. Desde un año antes especialmente el EGP, estaba perdiendo apoyo de la población rural e indígena con la formación de los primeros grupos de autodefensa civil en 1981, quienes comenzaron a pelear contra sus anteriores aliados. De esa forma los planes del gobierno de facto lograron desarticular casi en su totalidad las bases indígenas y campesinas de la URNG la cual en 1983 quedó extremadamente debilitada, considerandose practicamente derrotada en el campo militar, aunque muy fuertes en el campo político y aún contando con pequeñas bases clandestinas y grupos familiaresllamados Comunidades de Población en Resistencia CPR, a las que llevaron a las montañas para tenerlas como mano de obra y abastecimiento tanto logístico como personal.
* Segundo: El 8 de agosto de 1983 el General de Brigada Oscar Humberto Mejía Victores relevó por otro golpe militar al General Ríos Montt y su acción inmediata fue proponer un cronograma para la apertura eleccionaria con la intención de debilitar la demagógica posición subversiva.
* Tercero: En 1985 en elecciones generales llega a Presidente de la República el Abogado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.
 
III. Cronología de Las Negociaciones Para el Proceso de Paz.
 
Se describen aquí los esfuerzos legales mas importantes que se hicieron para evitar la escalada de violencia, producida por la intención de las guerrillas y sus grupos internacionales de instalar un gobierno marxista.

1. 1.      Gobierno del Licenciado Julio César Méndez Montenegro (1966-1970)
 
Recién iniciaba el accionar subversivo, así que durante este gobierno se crearon las condiciones políticas basicas para que los grupos alzados en armas se acogieran al decreto de amnistía promulgado con fines legales y humanitarios. Fue una medida que causó sensación, el mismo escritor Miguel Angel Asturias Premio Nobel de Literatura 1967, trató de mediar, pero la insurgencia rechazó la propuesta del gobierno y la primera gran oportunidad de paz.
 
2. 2.      Gobierno del General Efraín Ríos Montt (23 marzo 1982-agosto 1983)
 
En éste periodo se intensificó la violencia terrorista, elgobierno decretó una amplia amnistía política para dar oportunidad a los terroristas a deponer las armas, pero aunque la URNG perdió gran cantidad del apoyo humano, ciertamente no perdieron su visión ambiciosa de triunfar por medio de las armas, pues aún recibía mucho apoyo logístico y político internacional. Así que no la aceptaron.
 
3. 3.      Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Victores (8 agosto 1983-15 enero 1986)
 
En este periodo se consolido el cronograma electoral y con el triunfo eleccionario del Licenciado Cerezo Arévalo, se inicia la apertura democratica. En el gobierno del General Mejía Victores, se hicieron contactos con lideres insurgentes en Tapachula, México a fin de entablar dialogos positivos para alcanzar la paz, pero no fueron aceptadas las propuestas aduciendo que “No podían defraudar a sus combatientes”.[3] Sin embargo algunos lideres políticos vinculados a la plataforma política exterior de la subversión, retornaron al país sin tener dificultad para incorporarse a la vida política nacional. Es importante resaltar que en esta misma época nació el “Grupo Contadora” y su grupo de apoyo, como muestra de la preocupación de la Comunidad Internacional por los conflictos en el area, especialmente en Nicaragua y sus posibles consecuencias mundiales.
 
4. 4.      Gobierno del Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo (15 enero 1986-15 enero 1991)
 
En éste período de gobierno se lanzó la mayor ofensiva politico-diplomatica para encontrar acuerdos de consenso con los países de Centroaméricapara la pacificación, así fue como se generaron los “Acuerdo de Esquipúlas” que se constituyeron en el marco conceptual para lograr la pacificación. Según lo acordado en el Acuerdo de Esquipúlas II, se crea la Comisión Nacional de Reconciliación en los países donde había enfrentamientos, lograndose posteriormente con algunas variantes los Acuerdos de Paz en Nicaragua y El Salvador.
 
Pero en Guatemala los actos de terrorismo indiscriminado por la URNG continuaban. Los esfuerzos no eran del agrado de estos grupos terroristas, siempre los definieron como una tactica contrainsurgente y no como un mecanismo serio para su incorporación al proceso político institucional al cual siempre temieron. Lo anterior se comprobó en el primer dialogo directo sostenido en octubre de 1987 en Madrid, España, donde se les planteó la concesión de garantías y facilidades para su incorporación a la vida política del país, pero en su respuesta propusieron planteamientos polarizantes, radicales e inaceptables por inconstitucionales. Por ejemplo demandaban control de territorio (territorio liberado), planteaban la desmilitarización de las zonas en conflicto, se querían adjudicar ser una fuerza militar paralela al Ejército de Guatemala y exigían el desmantelamiento de toda forma de organización social de autodefensa civil y organismos de seguridad.[4] Por esto se interrumpieron las platicas, pero en agosto de 1988 en Costa Rica, la Comisión Nacional de Reconciliación se reunió nuevamente con la comisión política de la URNG pero su posiciónintransigente no varió. Los esfuerzos durante este gobierno continuaron, dandose los siguientes acontecimientos:
 
El 6 de agosto de 1987, en la Ciudad de Esquipúlas, Guatemala se reunieron los cinco presidentes Centroamericanos y tras dos días de debates suscribieron el documento denominado “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centro América”, conocido como Acuerdo de Esquipúlas II. Este Acuerdo contiene una serie de compromisos para alcanzar la paz basada en la reconciliación nacional y se definen sus mecanismos, tales como el dialogo, la amnistía y la conformación de comisiones de reconciliación nacional.
 
El 22 y 23 de agosto de 1987, reunidos en Caracas, Venezuela, los Cancilleres de los países Centroamericanos, y el grupo de apoyo a Contadora, integran la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), la cual “Tendra las funciones de verificación y seguimiento de cumplimiento de los compromisos contenidos en el acuerdo de paz de Esquipúlas II”
 
El 9 de septiembre 1987, después de suscribirse el Acuerdo de Esquipúlas II, la URNG hace pública su postura ante el dialogo, indica que: “Cerezo, su gobierno y el Ejército han respondido con ambigüedades y diferenciasno obstante los acuerdos de Esquipúlas II. Por nuestra parte reiteramos que en la situación particular de Guatemala, el primer paso del proceso democratizador debe consistir en un dialogo público entre la URNG y el gobierno; como punto de partida para llegar a un dialogo, este debe realizarse a corto plazo, en el lugar que seaposible y que reúna las condiciones necesarias”.[5]

El 10 de septiembre 1987 el Presidente Cerezo Arévalo declara ante la propuesta de la URNG, que si existen condiciones, no para un dialogo, pero si para conversaciones preliminares, las que deben darse sin condiciones previas de ambas partes.
 
El 30 de septiembre de 1987 es instalada la Comisión Nacional de Reconciliación. La integran representantes del gobierno: El Vicepresidente de la República Roberto Carpio Nicolle y Leopoldo Sandoval; por los partidos políticos: Jorge Serrano Elías y Francisco Luis Gordillo; los ciudadanos notables: Teresa Bolaños de Zarco y Mynor Pinto Acevedo; y por la Conferencia Episcopal Rodolfo Quezada Toruño y Juan Gerardi Conedera.
 
El 7 y 9 de octubre 1987 en Madrid, España en cumplimiento a los Acuerdos de Paz de Esquipúlas II, se lleva a cabo una reunión entre representantes del gobierno y de la URNG. Estas platicas preliminares son para determinar si existen verdaderos deseos de dialogo, a pesar de lo hermético se considera que habra posibilidades, pues la URNG en el terreno militar esta derrotada, subsistiendo pequeños grupos para valorizar sus exigencias.
 
El 16 de enero 1988 se lleva a cabo en Alajuela, Costa Rica, otra reunión de seguimiento por los mandatarios de los cinco países emitiendo la “Declaración de Alajuela” en la cual “Se comprometen a cumplir inmediatamente, en forma pública y evidente” los compromisos de conversaciones para concretar el cese de fuego, amnistía general y una efectiva democratización.
 
El 14 defebrero 1989 se reúnen nuevamente los mandatarios Centroamericanos en el Departamento de la Paz, El Salvador, para apoyar el proceso de pacificación de Nicaragua, apoyando ademas las diferentes instancias que coadyuven a la paz en Guatemala.
 
El 7 de agosto 1989 en la población de Tela, Honduras, nuevamente se reúnen los mandatarios y elaboran un plan conjunto y se dicta una declaración siempre en aras de traer la paz a suelo centroamericano.
 
El 12 de diciembre 1989 se lleva a cabo la cumbre de San Isidro, Costa Rica, reunidos en forma extraordinaria los presidentes Centroamericanos examinan la delicada situación de la región que afecta seriamente el proceso de paz, ratifican el acuerdo contenido en el preambulo del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica.
 
El 30 de marzo 1990 en Oslo, Noruega. Los miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación se reúnen con representantes de la URNG. Al finalizar se suscribe una declaración conjunta titulada: “Acuerdo basico para la búsqueda de la Paz por medios políticos”.
 
El 27 de mayo 1990 se lleva a cabo en El Escorial, Madrid. El dialogo entre representantes de la URNG y partidos políticos, las conversaciones se desarrollan del 27 mayo al 1 junio. La URNG se opone al proceso electoral de 1990, se emite un comunicado conjunto.
 
El 26 septiembre 1990, Se reúnen en Ottawa, Canada, representantes del CACIF entidad del sector privado, (uno de los mas afectados por la acción terrorista), miembros de la CNR. y representantes de la URNG. Aquí cadadelegación emite su propio comunicado.
 
El 30 de septiembre 1990. Se reúnen en Quito, Ecuador la CNR, URNG y el sector religioso, se emite “La declaración de Quito”.
 
El 28 de octubre 1990, en Atlixco, Puebla, México, se reúnen las instancias académica, cooperativas, profesionales y sectores de la población, con la URNG.
 
El 30 de octubre 1990, Se reúnen en Metepec, Puebla, México la CNR, el Sector Sindical y popular y la URNG, aquí esta presente el conciliador Monseñor Rodolfo Quezada Toruño y el observador de la ONU Doctor Francec Vendrell, la reunión se declara como cordial, por supuesto entre grupos que hablan el mismo idioma, y la razón de ésta es darle seguimiento a la reunión de Oslo, Noruega, se emite la declaración de Metepec.
 
En enero de 1991, toma posesión de la Presidencia de la República el Ingeniero Jorge Serrano Elías, conocedor del proceso de paz y de las argucias de la URNG. Toma las siguientes medidas:
 
El 17 de marzo 1991, en la Ciudad de Guatemala el gobierno plantea ante la opinión pública la necesidad de elaborar un documento Gobierno-URNG que conduzca a la paz total en el país. Este documento expone en siete puntos la necesidad de firmar en Oslo, Noruega en el menor tiempo posible, el acuerdo que permita encontrar la paz, tomando en cuenta que ya han conversado con las instancias adecuadas de la sociedad, por lo que ahora les propone sin demora establecer las bases para un acuerdo definitivo.
 
El 8 de abril 1991, en Guatemala, nuevamente el Presidente Serrano Elías propone públicamente“La iniciativa de paz total” tomando en cuenta que las conversaciones se retrazaban por las exigencias extremas de la URNG, las cuales unicamente dilataban el proceso para obtener publicidad especialmente en el extranjero. Los cuatro puntos de la propuesta fueron:
 
1. 1.                  Terminación de la lucha armada.
2. 2.                  Mayor equidad económica y social.
3. 3.                  Respeto y fortalecimiento del régimen de legalidad.
4. 4.                  Profundización del proceso democratico.
 
El 27 de abril 1991, en la ciudad de México D.F., el gobierno de Guatemala y la URNG, firman el “Acuerdo Marco sobre Democratización para la búsqueda de la Paz por medios Políticos” también conocido como “Acuerdo de Querétaro” por ser en esta ciudad mexicana donde se firmó. En éste se propone y acuerda el temario general sobre los temas sustantivos y operativos de la manera siguiente:
 
TEMATICA SUSTANTIVA:
 
1. Democratización y Derechos Humanos.
5. 5.      Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democratica.
6. 6.      Identidad y derechos de los pueblos indígenas.
7. 7.      Reformas constitucionales y régimen electoral.
8. 8.      Aspectos Socioeconómicos.
9. 9.      Situación Agraria.
10. 10.  Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
 
TEMATICA OPERATIVA.
 
1. 1.      Bases para la incorporación del la URNG a la vida política del país.
2. 2.      Arreglo para el definitivo cese del fuego.3. 3.      Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos.
4. 4.      Firma del acuerdo de paz firme y duradera y desmovilización.
 
El 29 de marzo 1994 se firma el primer tema importante siendo el “Acuerdo Global sobre Derechos Humanos”, era presidente el Licenciado Ramiro de León Carpio quien siendo Procurador de Derechos Humanos, fue electo por el Congreso de la República para sustituir al depuesto Presidente Jorge Serrano Elías, que intentó dar un auto-golpe de Estado por lo que fue obligado a renunciar y huir del país a finales de mayo 1993.
 
El 19 de septiembre 1996 en la ciudad de México D.F. se firma el acuerdo “FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y FUNCIÓN DEL EJÉRCITO EN UNA SOCIEAD DEMOCRATICA”, tema que al igual que el Acuerdo global sobre Derechos Humanos, llevan la mayor cantidad de propuestas de cambios constitucionales, la mayoría a instancia de organismos internacionales, resaltando el “Proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas “
 
Finalmente el 29 de diciembre 1996 siendo Presidente de la República Alvaro Arzú Irigoyen, se firma el Acuerdo de Paz Firme y Duradera con lo que formalmente queda finalizado el enfrentamiento armado interno.
Se han obtenido otras conquistas, como la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial en Contra del Racismo y el Consejo Nacional Indígena, que se encarga de los debates y relaciones con estos pueblos, pero son letra muerta por los pocos avances que hanlogrado para encaminar al Estado a una sociedad incluyente.
Como consecuencia, los grupos de izquierda que antes eran considerados enemigos del Estado ahora son partidos políticos que han participado en los procesos electorales. De hecho, de los 113 diputados hay al menos 12 que son de partidos de izquierda.
el sometimiento de los militares al poder civil y la disminución de sus efectivos. De 45 mil se han reducido a 15 mil efectivos militares.

¿Qué es la justicia transicional?
La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistematicas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones suceden de un momento a otro; en otros, pueden tener lugar después de muchas décadas.
Este enfoque surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, principalmente como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en América Latina y en Europa oriental. En ese momento, se deseaba hacer frente a los abusos sistematicos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transformaciones políticas en marcha. Dado a que
estos cambios fueron popularmente conocidos como “transiciones a la democracia”, se comenzó a llamar a este nuevo campo multidisciplinario “justicia transicional”.
Enesa época, diferentes gobiernos adoptaron muchos componentes que se convertirían en enfoques basicos para la justicia transicional. Entre estos, figuran las siguientes iniciativas:
• Acciones penales. Se trata de investigaciones judiciales de los responsables de violaciones de derechos humanos. A menudo los fiscales hacen hincapié en las investigaciones de los “peces gordos”: sospechosos considerados responsables de crímenes masivos o sistematicos.
• Comisiones de la verdad. Tienen como fin primordial investigar e informar sobre los abusos cometidos durante períodos clave del pasado reciente. Suele tratarse de órganos oficiales del Estado que formulan recomendaciones para remediar tales abusos y prevenir su repetición.
• Programas de reparación. Son iniciativas patrocinadas por el estado que ayudan a la reparación material y moral de los daños causados por abusos del pasado. En general, consisten en una combinación de beneficios materiales y simbólicos para las víctimas, que pueden incluir desde compensaciones financieras hasta peticiones de perdón oficiales.
• Justicia de género. Incluye esfuerzos para combatir la impunidad de la violencia sexual y de género, y asegurar el acceso de las mujeres, en igualdad de condiciones, a los programas de reparación por violaciones a los derechos humanos.
• Reforma institucional. Busca transformar las fuerzas armadas, la policía, el poder judicial e instituciones estatales, con el fin de modificar instrumentos de represión y corrupción, y convertirlas en herramientas íntegras de serviciopúblico.
• Iniciativas de conmemoración. Entre ellas figuran los museos y los monumentos públicos que preservan la memoria de las víctimas y aumentan la conciencia moral sobre los abusos cometidos en el pasado, con el fin de construir un baluarte en contra de su repetición. Si bien estas iniciativas son ampliamente entendidas como base de los esfuerzos de la justicia transicional, no representan una lista exclusiva.
Muchas sociedades han desarrollado otros enfoques creativos para superar los abusos del pasado, razón por la cual el campo ha ganado fuerza y diversidad a través de los años.
 Un enfoque holístico
Tratar con violaciones de derechos humanos generalizadas plantea grandes dificultades practicas. El balance político de los países en cuestión puede ser delicado, y el gobierno de turno puede estar poco dispuesto a implementar una amplia gama de iniciativas o puede ser incapaz de hacerlo sin poner en riesgo su propia estabilidad.
Los numerosos problemas que se derivan de los abusos del pasado son con frecuencia demasiado complejos para ser resueltos con una sola acción. Las medidas judiciales, como los juicios, no son suficientes, ya que si hay miles o cientos de miles de víctimas y perpetradores, ¿cómo pueden ser tratados todos de manera justa en los tribunales, sobre todo si dichos
tribunales son débiles y corruptos? Para reconstruir un tejido social dañado, se necesitan otras iniciativas, incluso si los tribunales cumplen con la tarea de enjuiciar a toda persona que lo merezca. Después de dos décadas de aplicación, laexperiencia sugiere que, para ser eficaz, la justicia transicional debe incluir una serie de medidas que se complementen.
Sin búsqueda de la verdad o esfuerzos de reparación, por ejemplo, castigar a un pequeño número de autores puede verse como una forma de venganza política. La búsqueda de la verdad, sin que vaya de la mano de esfuerzos por castigar a los victimarios y reformar las instituciones, puede ser vista como palabras nada mas. Asimismo, si las reparaciones no estan relacionadas con procesamientos o búsqueda de la verdad pueden ser percibidas como un intento de comprar el silencio o la aquiescencia de las víctimas. Del mismo modo, la reforma de las instituciones sin ningún intento por satisfacer las expectativas legítimas de justicia, verdad y reparación de las víctimas no sólo es ineficaz desde el punto de vista de la rendición de cuentas, sino que tiene muy pocas posibilidades de éxito.
También es importante mencionar que la justicia transicional debe estar diseñada para fortalecer la democracia y la paz. Estos objetivos tienen mas probabilidades de ser alcanzados si se consulta y se logra la participación de las víctimas y de la ciudadanía en general, y si se hace un examen serio de las experiencias de otras sociedades. Esto reduce el riesgo de repetir errores, pues rara vez las sociedades en transición pueden darse el lujo de cometerlos.
Por último, un enfoque holístico implica tomar en cuenta toda la gama de factores que contribuyeron a las violaciones de derechos humanos. La justicia de género debe ser unelemento central para explorar las diferencias en la forma como los hombres y las mujeres viven los conflictos y las violaciones a los derechos humanos. Esta incluye la judicialización de perpetradores de violencia de género, las reparaciones a grupos de mujeres y sus familias, las iniciativas de memoria que reconozcan las experiencias de las mujeres, y reformas institucionales que satisfagan tanto las necesidades de seguridad como el acceso de las mujeres a la justicia.
 
La justicia transicional en el derecho internacional
A medida que el campo se ha ampliado y diversificado, ha adquirido un soporte importante en el derecho internacional. Parte de la base jurídica de la justicia transicional es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1988, en el caso Velasquez Rodríguez v. Honduras, en el que determinó que todos los Estados tienen cuatro obligaciones fundamentales en el ambito de los derechos humanos. Estas son:
• Tomar medidas razonables para prevenir violaciones de derechos humanos.
• Llevar a cabo investigaciones serias cuando se cometen violaciones.
• Imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones.
• Garantizar la reparación de las víctimas.
Esos principios han sido explícitamente afirmados por decisiones posteriores de la Corte y respaldados en las providencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en las decisiones de órganos de Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos. El 1998, la creación de la Corte Penal Internacional fue también significativa, dado que elEstatuto de la Corte consagra obligaciones estatales de importancia vital para la lucha contra la impunidad y el respeto de los derechos de las víctimas.
 
De cara al futuro
Nuevos retos practicos han obligado al campo de la justicia transicional a innovar, ya que los escenarios han cambiado: se pasó de países como Argentina y Chile, donde llegaron a su fin dictaduras militares, a sociedades como Bosnia y Herzegovina, Liberia y la República Democratica del Congo, donde el tema fundamental continúa siendo la construcción de la paz. La limpieza étnica y el desplazamiento, la reintegración de los ex combatientes, la reconciliación entre las comunidades y el papel de la justicia en la paz se han convertido en asuntos importantes.
Quienes trabajan en justicia transicional también se han comprometido con medidas judiciales locales o “tradicionales”. Por ejemplo, en algunos países, como Sierra Leona y Uganda, las comunidades emplean rituales tradicionales para fomentar la reconciliación de las partes beligerantes o reintegrar a los ex combatientes. En tales casos, el papel de la justicia transicional es asegurar un enfoque holístico que incluya el ritual, pero que no excluya la posibilidad de utilizar otras medidas de justicia. 
Por último, no hay una fórmula única para hacer frente a un pasado marcado por grandes abusos a los derechos humanos. Todos los enfoques de la justicia transicional se basan en una creencia fundamental en los derechos humanos universales. Pero, al final, cada sociedad debe elegir su propio camino.