EL IMPERIO DE LA LEY EN MÉXICO



En nuestro país el Estado de Derecho es débil, la cultura de la legalidad es incipiente y el acceso a la justicia desigual. En teoría, tanto el Estado como la sociedad estan sujetos al “Imperio de la Ley”, sin embargo existen en la practica “recursos” para evadirla.

La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos señala que la justicia debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita para todos y los tribunales estaran expeditos para impartirla (Art. 17 constitucional). Los órganos del poder público tienen la obligación de regirse según el principio de legalidad, es decir, sólo pueden hacer aquello que la ley les faculta expresamente, en cambio, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido por la ley.

El deficiente acceso a la justicia y el escaso respeto a la ley tienen razones de orden económico, cultural, procesal y organizativo. A quienes cuentan con abundantes recursos económicos y relaciones sociales suelen sortear el cumplimiento de la ley. En la conciencia colectiva se tiene la idea de que es valido el sustraerse a la aplicación de la ley cuando se le considera injusta. En un estudio de opinión, a la interrogante “Cuando usted piensa que tiene la razón, ¿esta o no dispuesto a ir en contra de lo establecido por la ley?”, el 45% delos encuestados contestó que sí, mientras el 40% contestó que no. (IIJ, 2004).

Es una realidad que la impartición de justicia en México adolece de sobre carga de trabajo y poco personal en los juzgados, lo que genera el rezago judicial (con excepción de la materia electoral), y como consecuencia los juicios tardan mucho en ser resueltos, si a esto le agregamos que en las diversas instancias de los juicios las partes recurren a los Tribunales de alzada y al juicio de garantías de forma sistematica con el fin de entorpecer el asunto, volviendo los procesos judiciales tortuosos y tardados.

Si bien es cierto que la justicia es gratuita también lo es el hecho de que implica costos que no todos pueden sufragar, por ejemplo, los de peritajes y presentación de pruebas, entre otros, lo que implica una limitante para el acceso igualitario a la justicia. Otro aspecto que influye de manera importante en el acceso a la justicia tiene que ver con la ubicación de los juzgados que generalmente esta en las capitales y ciudades principales, esto dificulta que las personas que viven en comunidades apartadas y de escasos recursos puedan acudir a los mismos; el tema de las fianzas es otro problema al que se enfrentan.




En lo que se refiere a los servidores públicos tanto federales, estatales y municipales, se encuentran sometidos al imperio de la ley ya quecuando reciben su nombramiento protestan: “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen…” (Art. 128 constitucional) de no hacerlo así implica que incurren en responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles, penales y políticas según se desprende de los artículos 108 a 114 constitucionales y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus homólogas estatales. No obstante lo anterior un buen numero de ellos no pueden ser procesados por la justicia sin autorización previa de la Camara de Diputados lo que dificulta que efectivamente impere la ley.

La Auditoría Superior de la Federación (que se integra por la Camara de Diputados), la Secretaría de la Función Pública (que depende del Poder Ejecutivo Federal) y los órganos de control interno de las entidades públicas, así como sus homólogas estatales, tiene la tarea de supervisar la actuación de los servidores públicos.

En cuanto al presidente de la República, los legisladores federales y locales, gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros altos magistrados, secretarios de estado, procuradores de justicia, y consejeros del IFE, gozan del llamado “fuero constitucional” esto significa que para poder ser sometidos ajuicio primero la Camara de Diputados debe “desaforar” al inculpado. El “fuero” tiene como finalidades: 1) evitar acusaciones temerarias o sin fundamento contra funcionarios públicos mencionados durante el periodo de su encargo público; 2) evitar que sean procesados por opiniones propias de su encargo; 3) protegerlos contra orden de detención arbitraria. El tema del fuero ha generado, y con razón, la percepción entre los ciudadanos de que es sinónimo de impunidad. En una encuesta de Mitofsky, tres de cada cuatro mexicanos se pronunciaron en contra de ésta figura.

Aunque contamos con una Constitución y un nutrido número de leyes y reglamentos con sus respectivos mecanismos e instituciones cuya finalidad es hacerlas cumplir, su efectividad y eficiencia es precaria lo que hace reflexionar si en la practica efectivamente todos los ciudadanos incluyendo a los servidores públicos estan efectivamente sometidos al Imperio de la Ley.

Se requiere entonces que como nación construyamos decididamente una sólida cultura de la legalidad, es desde las escuelas donde el civismo debe volver a ser eje rector de la educación y desde las Instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se difunden los derechos político-electorales y se capacita no sólo a los funcionarios públicos sino también a los ciudadanos en la cultura de la legalidad.