EL INDIGENA EN LAS DIFERENTES CONSTITUCIONES Y POLITICAS DE ESTADO
En nuestro país, en las últimas décadas ha habido una serie de movilizaciones, protestas y manifestaciones, los cuales han desafiado la territorialidad del Estado. En especial, se han establecido nuevas relaciones entre democratización y descentralización, y en la lucha contra la exclusión y la discriminación han surgido nuevas formas de subjetividad e identidad espacial. Estas nuevas formas, que cuestionan la territorialidad (dada de antemano) del sistema estatal, pueden considerarse como reflejo de lo político expresado de manera espacial. En respuesta, la administración central han introducido toda una gama de reformas que buscan reconocer las exigencias de los pueblos indígenas Al buscar realinear y reestructurar el poder territorial del Estado central, se ha buscado contener y pacificar lo geopolítico dentro de su ya constituida frontera.

El discurso de los nuevos movimientos indígenas establece un vínculo cada vez más claro entre territorialidad, autogobierno y jurisdicción, como expresiones del derecho a la libre determinación. Pero esto no significa plantear la separación o el aislamiento, sino el intento de promover una mayor participación indígena en la sociedad y fortalecer las culturas e instituciones indígenas para construir un nuevo modelo de Estado más incluyente. De lo que se trata, es de la búsqueda de un equilibrio entre la participación indígena en el Estado y sus instituciones y el respeto para la autonomía de las instituciones indígenas. Lasdemandas indígenas se concentran en ganar el acceso a las instituciones políticas del Estado, mientras al mismo tiempo buscan fortalecer sus propias instituciones para hacer posible su participación.
A pesar de las limitaciones que se observan en el uso de los términos “pueblos”, “territorios” y “libre determinación”, en la normativa internacional (Declaración Universal de los derechos sobre los Pueblos Indígenas (ONU) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA), Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989), los movimientos indígenas han logrado avances significativos.
Los procesos de reconocimiento de los derechos indígenas en general y de sus territorios en particular, a nivel regional y local, muestran un fuerte vínculo con los procesos de democratización. Esto a su vez ha conducido a la revisión de las instancias y mecanismos de los Estados y del papel que deben ocupar los pueblos indígenas en las actuales sociedades latinoamericanas y la venezolana, como sujetos activos que participan en una nueva relación entre el Estado y la sociedad.
En Venezuela, a partir de la puesta en vigencia de la Constitución de 1999, se adelantan importantes acciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Muestra de estos avances se aprecian a través de la ratificación por parte del Estado venezolano del Convenio 169 de la OTI (2000), y de la promulgación de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001). No obstante, estosavances, la legislación venezolana presenta las mismas limitaciones y restricciones que se observan en la normativa internacional relacionada con los derechos indígenas sobre sus tierras y su autonomía.
El proceso de territorialidad de la política que se realiza en Venezuela, muestra una compleja y contradictoria dinámica, por una parte se trata de reconocer a los indígenas los derechos sobre las tierras que siempre han ocupado y de incluirlos en la geopolítica institucional, y por otra parte, esto debe hacerse, respetando la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado.

TRANSCULTURACION CAMPO CIUDAD
La palabra transculturación se generó en el terreno de la Antropología a partir del año 1935, con el fin de clasificar el estudio del contacto cultural entre grupos diferentes, sin embargo, su definición ha ido modificándose para delimitar más claramente su campo de acción ya que la terminología es una herramienta esencial en la investigación.
La Marginalidad, principal problema social de Venezuela en la actualidad
El más complejo problema social en la Venezuela de hoy, lo constituye la realidad de la marginalidad, problema éste que posee naturaleza social. Hoy día, según cifras suministradas por el Instituto Nacional de Estadística, más del 50% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza, estando en constante aumento ésta cifra día a día. La imposibilidad de amplios sectores de la sociedad venezolana de acceder a los más elementales servicios básicos, tales como agua potable, alimentos, educación, representa unarealidad cada vez más común. El perfil Nacional de la pobreza, 2002

El origen de la marginalidad se encuentra profundamente asociado a la naturaleza y características de la estructura económica del país, pues ella se halla, como la mayoría de las economías subdesarrolladas de América Latina, deformada y desarticulada, en especial por su poca competitividad y por la gran dependencia de las economías del Primer Mundo. Ésta situación económica produce fuertes desajustes sociales como consecuencia de la ausencia de empleos bien remunerados, así como por las dificultades para acceder a los más elementales servicios de salud o educación en la que se encuentran las personas que viven en condiciones de marginalidad. En general, las políticas del Estado venezolano para combatir la pobreza han fracasado, ya que no han sido capaces de lograr un fortalecimiento de la economía que se traduzca en la creación de empleos.

La inmensa mayoría del denominado gasto social de los gobiernos que desde 1958 y hasta la actualidad han gobernado a Venezuela, ha sido ineficiente, pues se ha dirigido a aplicar políticas inmediatistas ïsœes decir ïsœPaños Calientesïsœ- que muy poco han logrado mejorar la realidad socioeconómica venezolana.

En el caso venezolano, a diferencia de las grandes aglomeraciones urbanas de los llamados países desarrollados, la población que se agrupa en ciudades no es consecuencia de la industrialización sino de la aglomeración en búsqueda de oportunidades diversas. En la época en que se concentraron las obras públicas en Caracas(1948-1958) mucha gente se desplazó a la capital. Más tarde la urbanización fue consecuencia del relativo fracaso de las diferentes políticas agrarias emprendidas y de los bajos niveles de producción y de productividad en el campo. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se ha frenado algo, debido a diversas causas, entre las cuales se cuenta la presencia de los centros poblados surgidos de la reforma agraria, así como el aumento de la producción agropecuaria en volumen y remuneración.

A pesar de esto, el proceso de aglomeración urbana ha sido, en gran parte, ruralización de las ciudades porque el campesino que emigra del interior transporta con él sus hábitos sin cambiarlos por los de la cultura urbana. Al desubicarse se desarraiga de su Ecología, de su sistema de vida y de su ambiente afectivo. Esto produce un trauma muy común en las grandes áreas urbanas del país, en algunas de las cuales se producen fenómenos de contradicción y de violencia social, de criminalidad e inseguridad, cada vez más notorios.

La presencia de la marginalidad afecta todos los órdenes de la vida social, económica, política y cultural de la sociedad venezolana, entorpeciendo además, todos los esfuerzos planificadores del Estado venezolano. Esta dura realidad ha sido catalogada como ïsœBomba de Tiempoïsœ por distintos especialistas, ya que la frustración de las expectativas de la mayoría de la población puede originar, como ya ocurrió el 27 de febrero de 1989, fuertes explosiones sociales, que además repercuten en la estabilidad del sistema democráticovenezolano. Además el problema de la marginalidad genera una especie de círculo vicioso en el que, muchos hijos reciben de sus padres la pesada herencia de tener que vivir en condiciones de exclusión y pobreza extrema.
La superación de la marginalidad, como ya se señaló, constituye el mayor reto que enfrenta la sociedad venezolana en la actualidad, pues su superación implica un esfuerzo que desborda la sola actuación del Estado, para convertirse en responsabilidad de toda la sociedad. Superar la pobreza requerirá de distintos planes, políticas y sobre todo, mucha voluntad y conciencia política y ciudadana. Entre las directrices que han de seguirse se destacan:
• La superación de la Pobreza debe ser un objetivo prioritario no sólo para el Estado, sino para todo el conjunto de la sociedad. Esto implica la adopción de políticas estructurales y de carácter global para lograr ese objetivo.
• Es absolutamente necesario construir un sistema educativo de calidad, que garantice a la mayoría de la población y sin exclusiones, una capacitación adecuada, además de dotarle de una sólida formación en valores.
• El Estado debe ejercer la planificación y control de los movimientos migratorios, planes de urbanismo y en general, todos aquellos aspectos que incidan el crecimiento de los sectores marginales en las ciudades; para ello, es necesario el fortalecimiento y diversificación del aparato productivo nacional, para garantizar el pleno empleo en todo el territorio.
• Es necesario invertir mayores recursos en Educación, salud y en general enla seguridad social. Sin embargo, ese gasto debe ser racionalizado para que sea eficiente y tenga en realidad impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población.
Debe evitarse la aplicación de políticas que aborden la pobreza exclusivamente desde su dimensión económica; los famosos ïsœpaquetesïsœ económicos aplicados en América Latina en los años Noventa, lejos de ser la solución prometida al problema de la pobreza, paso más bien a ser parte del problema.

DEMAGOGIA POLITICA PARTIDISTA
El trato demagógico hacia el pueblo tiene en la historia política suramericana un número incontable de capítulos. Si colocáramos en libros las promesas hechas a la población por candidatos presidenciales, funcionarios ministeriales y cuánto personaje público esté cerca de las instancias del poder, no alcanzaría el espacio de las bibliotecas nacionales para almacenarlas, ni habría sistema de catalogación que pudiera darle orden, sentido y justificación.

En Venezuela, país que en promedio ha sostenido durante los últimos cincuenta años una de las mejores dimensiones económicas de la región, y una de las tradiciones democráticas más estables (ininterrumpida desde 1948), resulta inexplicable e ilícito la aplicación del discurso demagógico y menos aún la presencia de indicadores sociales y económicos negativos.
Sin embargo, la demagogia se tornó costumbre en nuestra política nacional, al punto de alcanzar efectos alarmantes, como el de cegar la voluntad del pueblo por años y producir la atrofia de su conciencia social, hastaconvertir al ciudadano venezolano en una especie de máquina robotizada, a la cual se programaba para entender la democracia fundamentada en tres aspectos bastante degradantes de su naturaleza perfectible:

1.- El cíclico ejercicio del voto electoral, impuesto además bajo patrones escasamente alternativos;
2.- La representación política bi-polar, manejada mediante cúpulas directivas, sin real participación de base; y
3.- La sumisión a una doctrina de mercado que imponía las reglas políticas de participación social y de ejercicio gubernamental; es decir, determinaba la relación pueblo-gobierno.
El instrumento o vehículo más eficaz para la programación de la conciencia de participación política de la población era el Partido, institución cuyos mecanismos de desvirtuación ideológica y control social llegaron incluso a penetrar y accionar dentro de los núcleos comunitarios, asociativos y gremiales más representativos para la sociedad venezolana –por lo menos durante las décadas de los 70 y 80-: las asociaciones de vecinos, los sindicatos laborales y el estudiantado.

Dentro de este esquema participaron tanto partidos políticos de derecha como de izquierda, que en Venezuela “desplazaron” sus contenidos doctrinarios hacia una relación centralizada en el ejercicio del poder político al servicio de los intereses del poder económico nacional e internacional.
Para justificar este estado perverso de relación la demagogia emplea mecanismos curiosos pero efectivos, como la desnaturalización de conceptos y de propiedades y la tergiversación decategorías analógicas. Así, tanto derechas como izquierdas, repiten fundamentaciones alejadas de su realidad conceptual y aun práctica, y ocultan con ello la verdadera dimensión y alcance de las cosas, los discursos y las problemáticas nacionales.

Es el caso del cansonamente repetido señalamiento de que la pobreza es el mayor problema de las sociedades latinoamericanas y, por lo tanto, el mal principal a combatir. Con este discurso de alto contenido demagógico, los factores dominantes que actúan alrededor y dentro del poder político buscan colocar la responsabilidad en la víctima para librar de culpa al victimario.
Señalar a la pobreza como problema es sustraerla de su real dimensión, categoría y naturaleza, es demagogizar la posibilidad de solucionar la verdadera causa de su existencia, que no es otra que la concentración de riqueza en pocas manos, es decir, el desequilibrio en la distribución de los recursos y de las oportunidades de hacerlos productivos.

Este señalamiento sobre la pobreza juzga y condena sin derecho a juicio o análisis al ciudadano que está inmerso en ella. Inmersión que se produce sin duda no por gusto o amor, sino por estar ubicado en un contexto donde sociedad política y poder económico se han aliado para engrandecer sus patrimonios particulares, escamoteando al resto de la ciudadanía el derecho a oportunidades ciertas de productividad y crecimiento.
Este es el esquema político que rige a las denominadas democracias representativas, que han aplicado durante décadas el sistema populista de gobierno. sY enqué consiste este sistema? Pues de manera básica en el implemento del sistema de asistencialismo social paternalizado, o lo que es lo mismo, el establecimiento de mecanismos políticos y administrativos de asistencia social bajo esquemas reactivos y circunstanciales y con un pretendido carácter altruista.

El gobierno otorga en nombre del Estado sin esperar ni exigir nada a cambio, por simple y natural responsabilidad ética y social –lo que demagógicamente suele traducir como amor al pueblo-, cuando en realidad la verdadera función del gobierno no es la de otorgar, sino la de administrar los recursos del estado con eficiencia productiva para establecer la plataforma sociopolítica, económica, social y cultural adecuada a las posibilidades de desarrollo y crecimiento de su sociedad.

El gobierno no es, ni debe ser –ética y moralmente- un padre dadivoso o amorosamente dispendioso. No, el gobierno tiene una responsabilidad básica a la que responder: La de administrador eficiente de una heredad comunitaria.
Por supuesto, para garantizarse un retorno igualmente eficiente de la inversión de los recursos que administra para el Estado, el gobierno demanda del Estado y de la sociedad una educación social, ética y moral que responda al interes colectivo y comunitario y que propicie el crecimiento de una consciencia crítica y de una voluntad productiva nacional.

El cooperativismo comunitario y el corporativismo empresarial de las instituciones del Estado, son mecanismos válidos y generalmente eficientes para garantizar la participacióndemocrática de la ciudadanía en los procesos de producción, crecimiento y desarrollo sociopolítico, económico y cultural, y el adecuado control de los factores que inciden en el sano crecimiento estructural de una Nación, frente a las estrategias demagógicas de los gobiernos que se han enquistado en el simple y muy poco republicano ejercicio de la democracia representativa.

Hasta ahora Venezuela parece sostenerse en este camino, que fue emprendido con la llegada al poder en 1999 de un criterio administrativo gubernamental que se fundamenta en una ética social incuestionable: el Estado debe honrar los compromisos y deudas contraidos con la sociedad y sus instituciones a lo largo de décadas de ejercicio demagógico-partidista, sin desconocer que le asiste el derecho a exigir la corresponsabilidad social en la construcción de un nuevo modelo de República, uno que responda además a la dimensión que el sistema democrático de gobierno debe tener en el marco de un escenario mundial globalizado: la multipolaridad política y la participación activa de todos los actores sociales, sin distingo de raza ni condición económica y social.
El gobierno de Venezuela verá ratificada dentro de poco la misma voluntad popular que lo llevó al poder hace ya seis años atrás, y entonces su responsabilidad será mayor –algo más que histórica-. Será una reponsabilidad con la consolidación de un sistema democrático participativo y de real dimensión popular, que está siendo ejemplo para el resto del continente.
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