El sistema de tenencia de tierras en Puerto
Rico se había convertido en un serio problema
socio-económico durante las primeras décadas del siglo XX. La mayor parte de las tierras
cultivables se encontraban acaparadas por las grandes compañías
azucareras cuyas ganancias eran ausentistas. El predominio económico de
las grandes corporaciones azucareras significó el empobrecimiento de la
clase trabajadora puertorriqueña al ésta encontrarse desplazada
de la tierra y con ingresos que dependían del trabajo agrario
asalariado debido al incumplimiento de la enmienda de las quinientas acres.
En la década de 1930, la tensión socio-económica prevaleciente
en la Isla había aumentado debido, principalmente, a los efectos de la
depresión económica mundial y los daños al sector agrario
ocasionados por los huracanes San Felipe y San Ciprian. Ante la aguda
crisis reinante, se comenzaron a implantar proyectos de reformas
socio-económicas del
programa del Nuevo Trato de Estados Unidos en Puerto Rico. Estos fueron el Puerto
Rico Emergency Relief Administration (PRERA) y la Puerto Rico Reconstruction
Administration (PRRA). Junto a estos programas,
se formularon proyectos nacionales de reformas con apoyo novotratista como lo fue el Plan
Chardon. Consistía en propuestas para diversificar la producción
agrícola con el propósito de satisfacer el mercado interno y de
explotar la posibilidad ciertos productos; crear agricultores independientes
con el apoyo del gobierno;desintegrar las corporaciones azucareras para
quitarles el poder económico y político; promover nuevas
industrias que se adaptaran a las condiciones de Puerto Rico como la pesca, la
selvicultura y la industria de la aguja; reestructurar los salarios a todos los
niveles de manera que aumentara el poder adquisitivo de la clase trabajadora y
fomentar la emigración de familias de la zona rural a países
tropicales vecinos para formar granjas de producción agrícola..
Una de las propuestas mas importantes del Plan
Chardón fue la reforma agraria. El Plan
proponía poner en vigor la Ley de 500 acres contenida en la Ley Foraker
de 1900. La ley disponía que ninguna sociedad o negocio excediera
esa cantidad de tierras. Ante el incumplimiento a las disposiciones de la ley
de 500 acres, el Plan dispuso la limitación de la producción de
azúcar, la compra de centrales azucareras y la repartición de
tierras entre los Campesinos: Pobladores de la zona rural que, dentro de las
distintas categorías designadas por la antropología y la
sociología, constituyeron una proporción elevada de los
pequeños y medianos propietarios de la tierra en el Puerto Rico
agrícola de antes de la década de 1950. y
pequeños agricultores, entre otras propuestas. A pesar del empeño
del Plan Chardón por poner en vigor la reforma agraria, la misma no se
pudo consolidar ante la oposición de diversos intereses políticos
vigentes.
Previo al establecimiento de la ley de tierras, el gobierno deEstados Unidos organizó
un comité para que investigara el sistema de
tenencia de tierras en Puerto Rico. Este comité estuvo dirigido por Rexford G. Tugwell quien
tenía vasta experiencia en asuntos agrarios. Tugwell había
sido Secretario Auxiliar y Subsecretario de Agricultura de la
administración del presidente Franklin D. Roosevelt en 1934 y fue un
colaborador del Plan Chardón. La investigación del comité
arrojó que existía un alto porcentaje de personas sin tierras y
con un bajo nivel de vida. El sistema de tenencia resultaba
injusto y desigual. Paralelo a los trabajos del comité, el
licenciado Miguel Guerra Mondragón (quien luego fuera el abogado de la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico) llevó ante el tribunal el caso
legal a favor del cumplimiento de la ley de 500 acres. En 1940, el Tribunal
Supremo de Puerto Rico y la Corte Suprema de Estados Unidos reconocieron la
ilegalidad de las corporaciones azucareras al no cumplir con la ley de 500
acres. El fallo judicial emitido contribuyó a fortalecer el proyecto de reforma
agraria que en 1941 el Partido Popular Democratico (PPD) sometió
a la legislatura bajo el liderato de Luis Muñoz Marín.
La Ley de Tierras
La ley de tierras que dio paso a la reforma agraria de 1941 se implantó
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En la
Exposición de motivos, la ley declaraba que la tierra era fuente de vida
y de libertad económica. La reforma agraria afianzaba la
seguridad social en la coyunturacrítica de la guerra. La ley
disponía el establecimiento de una política agraria en Puerto Rico. Esta política consistía en
limitar a 500 acres el sistema de tenencia de tierras, eliminar el latifundio
corporativo, impedir el surgimiento de nuevos latifundios, distribuir tierras
en parcelas y estimular el desarrollo de cooperativas de pequeños
agricultores y trabajadores. La legislación dispuso, también, la
creación de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
Con el objetivo de cumplir con los fines de la ley, la Autoridad de Tierras
adquirió el poder de comprar y de expropiar tierras en manos de los
latifundios. La Autoridad de Tierras creó una estructura para articular
la reforma agraria y el proceso de redistribución de la tierra. Estos
mecanismos fueron: las fincas individuales, las fincas de beneficio
proporcional y el Título V de la ley de tierras.
Las fincas individuales no podían exceder de 25 acres ni
ser menor de cinco acres. éstas podían
ser cedidas, vendidas o arrendadas a un individuo que pagara por un
período de cuarenta años con bajos intereses. Las
fincas de beneficio proporcional fueron unidades de producción agraria
cuyos beneficios serían repartidos proporcionalmente entre los
trabajadores y obreros que la hicieran producir. Esta unidad no
debía exceder los 500 acres y podía ser arrendada a agricultores, agrónomos y administradores
agrícolas. El Título V de la ley consistió en la
repartición gratuita de tierras en parcelas con elpropósito de
eliminar el sistema de agregados y de hacer justicia social a los
desposeídos de la tierra. La repartición de tierras se
haría mediante sorteo público. El día y el sitio del
sorteo lo establecía la Autoridad de Tierras. Bajo el
Título V se implantó, también, el Plan para la
Creación de Comunidades Rurales. El objetivo del plan era
establecer comunidades con toda clase de servicios públicos y facilitar
el acceso de las familias a dichos servicios.
Para la implantación del
proyecto de reforma agraria, el PPD contó con el apoyo del gobernador Rexford G. Tugwell. La
legislación, no obstante, provocó diversas reacciones de los
sectores políticos de oposición al Partido Popular
Democratico. Asimismo, los desposeídos
reclamaron la atención de la legislatura dominada por el PPD para
obtener acceso a la tierra. En la coyuntura
crítica de la guerra, la tierra se convirtió en centro de
intereses diversos. De una parte, la legislatura expropiaba a los
latifundistas para repartir tierras entre los desposeídos y por otra,
los intereses estratégicos estadounidenses en Puerto
Rico reclamaban tierras para fines militares. La reforma agraria
auspiciada por el PPD tuvo que armonizar entre ambos sectores de
interés.
El proyecto de reforma agraria que tanto interés suscitó por la
reafirmación de la justicia social comenzó a decaer una vez se
inicia, a partir de 1947, el programa de incentivos industriales conocido como
Operación Manos a la Obra.
