CAPITALISMO POPULAR
SOQUIMICH Y CAP



PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Con miras a la industrialización, Chile comienza con la privatización de las empresas públicas bajo el poder de la dictadura militar. La idea era buena, desde el punto de vista de que el Estado es un regulador y través de los impuestos distribuye la riqueza del país, sin embargo, la privatización de grandes compañías públicas, a través del capitalismo popular, fue un oscuro y turbio procedimiento, considerado un robo al patrimonio fiscal.

El “capitalismo popular” comenzó a dar sus primeros pasos en SOQUIMICH, anunciados ya en febrero del año 1983, cuando el gerente de empresas CORFO, y representante en la Subcomisión de venta de activos, Eugenio Ponce Lerou, recordó que el gobierno había establecido la venta de bienes del Estado y su formalización y, como un objetivo secundario, la atomización de la propiedad.

Pocos días después, el 18 de marzo, SOQUIMICH fue inscrita como Sociedad Anónima abierta en la Superintendencia de Valores. El 6 de junio fue admitida en la Bolsa de Comercio de Santiago. Hasta entonces, CORFO tenía el 99 % de las acciones y ENDESA el 0,001 % restante.
Aquel año, el último en que Ponce Lerou estuvo a la cabeza del directorio de SOQUIMICH, fue vendido el 1,3 % de la empresa, es decir, aproximadamente un millón y medio de acciones.La Compañía Exportadora de Minas Cemin, Ligada a quien luego sería su gran socio, Juan Rasmuss, adquirió un 0,82% de las acciones, mas dé un millón. También apareció como accionista Julio Ponce Zamora, padre del presidente del directorio de SOQUIMICH.
Julio Ponce, en su calidad de gerente de empresas de CORFO, propuso la venta de acciones de SOQUIMICH y ENDESA a través de la Bolsa hasta un 30% de su capital. En ese momento aún no se reconocía que se caminaba hacia la privatización total.
Desde 1983 —cuando se transaron en la Bolsa de Comercio de Santiago sus primeras acciones— hasta 1988, cuando se completó totalmente su privatización, SOQUIMICH fue el centro de una serie de discutibles operaciones financieras, protagonizadas por Ponce Lerou, su padre, sus hermanos y sus amigos, primero como funcionarios de gobierno y mas tarde como particulares.
Ponce Lerou ya no estaba en SOQUIMICH, aunque en verdad seguía presente. Su hermano Eugenio, numerosos ejecutivos y empleados leales, esperaban el momento de su retorno triunfal. Con el nuevo código minero, establecido por el régimen militar, los nitratos y sales analogas, el yodo y los compuestos químicos de estos productos ya no quedaban reservados exclusivamente al Estado. Sin embargo, la Dictadura dispuso un periodo de seis meses para que CORFO y SOQUIMICH fuesen los únicos que pudieran constituir propiedad sobre estos recursos mineros.
En marzo de 1984, CORFO entregó poder a un grupo de abogados vinculados a SOQUIMICH —entreellos, Armando Gutiérrez— para que presentaran los pedimentos correspondientes. Ellos manifestaron propiedad minera en favor de CORFO sobre los yacimientos mas importantes de salitre y yodo de la I y II Región, considerados los mejores del mundo, y correspondientes al 90 % de los existentes en todo el país.
Hubo protestas por esta decisión. Compañía de Salitre y Yodo de Chile (COSAYACH) fue la empresa reclamante. Pertenecía al futuro candidato presidencial Francisco Javier Errazuriz. En una demanda contra SOQUIMICH y CORFO, denunció que en 1985 “CORFO transfirió directamente, sin licitación previa, sin previo conocimiento y refrendación de la Contraloría General de la República, a espaldas del público y por un precio irrisorio (poco mas de ocho millones de pesos, que nunca se pagaron totalmente), el total de sus derechos sobre esas propiedades mineras a SOQUIMICH”.
En la operación los hombres de Ponce Lerou acapararon para SOQUIMICH mas de 93 mil hectareas de terreno (siete veces la superficie de Isla de Pascua), con los mejores yacimientos de yodo y salitre, incluidos Pedro de Valdivia y María Elena. El proceso de privatización estaba en pleno desarrollo. Sólo faltaba saber quiénes tomarían el control. La empresa empezó a tener utilidades. En 1986 se decidió aumentar la participación del sector privado hasta el 49 % del capital social.
Ese año, un ejecutivo de SOQUIMICH, el gerente general Eduardo Bobenrieth, enfrentado a un período de negociación colectiva con lostrabajadores, tomó una medida que abriría paso a la captura de la empresa por parte de Ponce Lerou. CORFO le había prohibido a Bobenrieth negociar con los trabajadores las utilidades futuras de la empresa.
Los sindicatos pedían una gratificación fija y, si las utilidades sobrepasaban lo calculado para el primer caso, ellos pedirían que se les pagara la diferencia. Bobenrieth consultó al ministro de Hacienda, Hernan Büchi, y éste le respondió que estaba de acuerdo, siempre y cuando la pagara en acciones. Se negoció la diferencia en acciones y, en dos años, hasta 1987, los trabajadores pasaron a ser dueños del 4 % de SOQUIMICH.
Bobenrieth dio vida así a la Sociedad Pampa Calichera el 25 de noviembre de 1986. La base de la sociedad eran las acciones que él, otros ejecutivos y los trabajadores tenían en SOQUIMICH. Las acciones recibidas por los trabajadores como parte del convenio colectivo se multiplicarían por tres, por la vía de unirse en sociedad, pedir créditos a los bancos y luego pagarlos con los dividendos. Se les prometió que finalizado ese objetivo, en unos pocos años, la sociedad se dividiría y le entregarían a cada persona el triple de las acciones de SOQUIMICH aportadas originalmente.
En mayo de 1987 reapareció Ponce Lerou en el directorio de la empresa y en septiembre ya era el presidente del directorio. En diciembre de ese año CORFO tenía el 17 % de la compañía y Pampa Calichera era el segundo accionista con el 12,34 %. Ponce contaba entonces con el apoyo decapitales nacionales y norteamericanos —ICC, una filial del American Express Bank— y con los directores de SOQUIMICH, Enrique Valenzuela Blanquier —ex ministro de Minería—, el brigadier René Mendoza y el brigadier de Ejército Guillermo Letelier, ex vicepresidente de CORFO, posterior director de FAMAE en tiempos del gobierno de Aylwin, e íntimo colaborador del general Pinochet.
La estrategia para la toma de SOQUIMICH era compleja. Pampa Calichera aparecía como un obstaculo real y el único camino era su cooptación. La Sociedad de Inversiones Oro Blanco, ligada a Ponce Lerou, a sus hermanos y los ejecutivos y empleados “leales”, poseía el 17,5 % de Pampa Calichera. ¿Qué ocurrió entonces? Dado que el directorio de Pampa Calichera debía incluir a dos ejecutivos de SOQUIMICH, a Julio Ponce le bastaba acumular el 25 por ciento de los votos para tener mayoría en Pampa Calichera, con tres directores. Se produjo un círculo vicioso: AFP Unión tenía un 4 % de SOQUIMICH y Pampa Calichera un 10% de AFP Unión. Kowa, una empresa japonesa que comercializaba el salitre en Japón, tenía un 2 % de la empresa. Para la administración no era difícil, por lo tanto, conseguir apoyo en las elecciones del directorio.
Durante la primera semana de abril, sujetos no identificados recorrieron en auto los campamentos de la Pampa. Compraban acciones de Pampa Calichera.
Un documento elaborado por la Federación Nacional de Sindicatos del Salitre y filiales número 2 de SOQUIMICH denunció anomalías ocurridas enPedro de Valdivia, María Elena, Tocopilla y Antofagasta, donde “se recurrió al expediente de presionar a través de la línea de mando interna (ejecutivos y supervisores) con el fin de lograr que los trabajadores-accionistas otorgaran poderes a determinados individuos”. Estos, a su vez, aportaron su consenso en numerosas juntas que permitieron transformar los fines originales de Inversiones Pampa Calichera. El mismo procedimiento fue utilizado para la elección y renovación del directorio.
Hacia 1988 las antiguas lealtades ya se habían roto. Ponce Lerou aceptó la renuncia de Bobenrieth y se produjo el regreso triunfal desde Estados Unidos de su viejo amigo Patricio Contesse, para instalarse en la Gerencia General de SOQUIMICH.
Con su influencia en el directorio de Pampa Calichera cambió el sentido de ella: la convirtió en una sociedad de inversiones, aumentó su participación en SOQUIMICH, adquirió nuevos créditos y compró a un promedio de 800 pesos cada una, acciones que valían menos en la Bolsa, con tal de controlarla rapidamente. Con los poderes recolectados por los jefes de turno se aprobaron cambios de estatutos y compras de acciones para Pampa Calichera. También adquirieron el 10 % de AFP Unión.
El creador de Pampa Calichera, Bobenrieth, intentó dar la pelea. Sus nuevos dueños compraban acciones a los trabajadores y congelaron el precio en 650 pesos. El calculó que estaban siendo engañados y les ofreció 1.700, para obtener nuevamente el control de la sociedad. El directoriocontraatacó con una oferta de dos mil pesos por acción. Los trabajadores que aceptaron fueron obligados a firmar dos documentos en blanco en los que no se especifica el precio, el 10 de abril de 1990.
Como no era suficiente para superar la mitad mas una de las acciones, “ingresaron a las faenas y mediante presión de amenaza de despidos, de jefes y supervisores, obligaron a una gran cantidad de trabajadores a firmar estos dobles traspasos en blanco”, según denunciaron dirigentes sindicales ante los tribunales de Antofagasta.
Se calculó en diez millones de dólares el valor de los mil traspasos firmados en blanco y, según denunciaron los afectados en un recurso de protección, los documentos estaban en las oficinas de SOQUIMICH en Antofagasta, en calle Aníbal Pinto 3228, el viernes 13 de abril de 1990, donde los llenaban funcionarios designados por la empresa.
Los trabajadores perdieron la mayoría en Pampa Calichera. Pasó a tenerla Oro Blanco, vinculada a la familia Ponce Lerou. En 1991 controlaba el 54 % de las acciones.
SOQUIMICH, totalmente privatizada, comenzó a pertenecer a la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, en un 19,50 %; a Inversiones RAC Chile Ltda., en un 10,03 %; a las AFP Provida (7,04 %), Santa María (5,34 %), Habitat (5,10 %); S.Q. Holdings S.A. (4,29 %); GT Chile Growth Found Limited (3,78 %); Cía. Exportadora de Minas Cemin (2 %); Cía. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros (2,34 %) e Inversiones ICC Chile Ltda (2,05 %).
Algunos de loshombres que pasaron a controlar el directorio de SOQUIMICH fueron su presidente, Julio Ponce Lerou; su viejo patrón y benefactor Juan Rasmuss; los ex ministros Sergio de Castro y Enrique Valenzuela, y los economistas del régimen militar Ernesto Fontaine Ferreira Nobriga y Juan Carlos Méndez. En la administración estaban Eugenio Ponce Lerou, Patricio Contesse y su hermano Jaime.
En el caso de CAP (Compañía de Acero del Pacífico), la privatización fue muy por debajo del valor efectivo de la empresa, en el cual hubo una perdida millonaria del patrimonio del Estado.
Al momento del golpe de Estado de 1973, un 97 % de la propiedad de CAP estaba en manos de CORFO, y sus usinas abastecían practicamente todas las necesidades de la industria nacional. Al llegar al poder los jóvenes economistas chilenos formados en Estados Unidos, la suerte de las empresas públicas estaba echada: en la nueva ideología dominante no había espacio para la capacidad empresarial del Estado, ni para el concepto de la soberanía productiva. En ese entonces Büchi un economista con estudios en EE.UU, llegó a revolucionar como vicepresidente a la compañía formando un holding de inversiones con sus siete divisiones en calidad de empresas subsidiarias (Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., Compañía Minera del Pacífico S.A., Acero Comercial S.A., Abastecimientos CAP S.A., Manganesos Atacama S.A., Pacifics Ores and Trading N.V. y AFP El Libertador S.A.). Lo siguiente que hizo fue impulsar el ingreso de privados ala compañía, emitiendo acciones serie B, donde mas del 16% de la compañía pasó a manos de privados. Posteriormente el 16 de noviembre 1984, ocurre algo insólito, en una junta extraordinaria de los accionistas se suprime el valor nominal de las acciones, quedando sin distinción acciones A (CORFO) y B (privados), pese a que la diferencia de precios en libro es 4 a 1.
En 1986, se establece una junta extraordinaria, encabezada por el vicealmirante Guillermo Aldoney Hansen, a quien acompaña un funcionario que había logrado llegar a la gerencia general de la firma en 1983, Roberto de Andraca Barbas. A su vez, en CORFO, el consejo lo componían Büchi, Juan Carlos Délano, Sergio Melnick, el general Hormazabal y el brigadier general Renato Fuenzalida en representación personal de Augusto Pinochet, entre otros. Éste grupo de celebridades de la dictadura dio hincapié a la estrategia que se desplegó a partir de entonces, perversamente.
CAP terminó la emisión de las acciones libradas en 1984 y redujo su capital, para luego rescatar y anular sus acciones. De esta manera, la empresa volvió a tener las mismas acciones que antes del esfuerzo fracasado de recapitalización, pero con distinto valor: como previamente se habían igualado las acciones A y B, los privados pasaron de controlar el 16 %
del capital al 49%, sin invertir un centavo. Traducido en dinero, según los documentos reservados de la Contraloría obtenidos por LND, la CAP contaba entonces con un patrimonio total de casi720 millones de dólares.
El informe 99/90 de la división de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado el 23 de abril de 1990, señala: “La Corporación de Fomento de la Producción era dueña en la Compañía de Acero del Pacífico, al 30 de abril de 1986, de 364.859.613 acciones, equivalentes a un 83,2%. A través del proceso de rescate y enajenación efectuado durante 1986 y 1987, la CORFO vendió un total de 364.859.163 acciones, que representaban el 99,99% de su participación, en un monto de 105,5 millones de dólares, cuyo valor libro era de 811.5 millones de dólares (2.500 millones de dólares actuales), originando una pérdida neta de 706.436.785,34 dólares”.
En la actualidad, la Compañía de Acero del Pacífico es conducida por el mismo ex empleado público que llegó a la gerencia hace apróx 30 años, Roberto de Andraca, actualmente uno de los empresarios mas relevantes de la plaza y uno de los mas ricos del país.

Las denominadas sociedades cascada consisten en una estructura societaria compuesta por una serie de sociedades matrices y filiales. Este tipo de organización puede tener múltiples objetivos. Entre ellos se cuentan la limitación y separación de riesgos económicos, así como la división, con fines de orden, de distintos aspectos de un negocio, como pueden ser la explotación y la administración. El financiamiento y la planificación tributaria y laboral son otros de los fines que puede perseguir este tipo de estructura corporativa.