La situación del aborto en Colombia:
entre la ilegalidad y la realidad Current situation with abortion in Colombia: between illegality and reality
La situación del aborto en Colombia dentro del
contexto latinoamericano
Colombia
es un país lleno de contradicciones. La presencia de una
población mayoritariamente devota a la iglesia católica,
contrasta con la situación de violencia. Por otra parte, mientras el aborto
esta penalizado en todas las circunstancias, las estimaciones mas
conservadoras hablan de 200.000 abortos al año y otras llegan a afirmar
que en Colombia suceden alrededor de 400.000 abortos inducidos anualmente 1.
Así es, puesto que las leyes colombianas han
permanecido estaticas, penalizando el aborto en todas las circunstancias
desde 1936. Esta situación ubica a las mujeres en Colombia, dentro del
0,4% de la población mundial que vive en países donde el aborto
esta totalmente prohibido, mientras que el restante 99,6% de la
población se encuentra en países donde el aborto esta
permitido, al menos para proteger la vida de la mujer. Con Colombia sólo dos países
mas en América Latina comparten ese
deshonroso lugar prohibiendo el aborto en todos los casos: Chile y El Salvador. El gobierno colombiano
y los y las legisladoras colombianas han hecho caso
omiso de las múltiples convenciones y tratados internacionales en los
que se le ha recomendado a Colombia
revisar la penalización absoluta del
aborto. A esta situación de ilegalidad, se suma
la realidad del abortocomo un problema
This article discusses the illegality of abortion in Colombia, situating this country
within the 0.4% of the world population where abortion is completely banned.
Absolute criminalization of abortion turns it into a public health matter and
produces social inequality. The Colombian legislation has always disregarded
women as individuals and as persons in full possession of their legal rights.
In contrast to a comprehensive conceptualization of sexual and reproductive
rights, the various abortion bills merely refer either to “morally
unacceptable” situations such as pregnancy resulting from rape or to
therapeutic motives. Contradictions between illegality and reality give rise to
a public discourse that features rejection of abortion practices, in keeping
with the prevailing stance of the ecclesiastic hierarchy, while in practice,
and at the private level, people resort to voluntary interruption of pregnancy
under conditions of safety and confidentiality, at least for women from the
higher socioeconomic strata. This situation not only causes social inequality
but also reflects how laws lose meaning and create the collective impression of
being useless or unnecessary, thus undermining the state’s governing
role. Criminal Abortion; Social Inequity; Legislation; Abortion
de salud pública que durante mas de una
década ha ocupado entre la segunda y tercera causa de muertematerna en
el país. Según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), los embarazos que terminan en aborto corresponden al
16 % de las causas de muerte materna 2. El estudio La
Incidencia del Aborto Inducido en Colombia muestra que el 22,9% de todas las
mujeres encuestadas entre 15 y 55 años declaró haber tenido por
lo menos una experiencia de aborto inducido y afirma que aunque el riesgo de
aborto es alto para todos los grupos de edad “una joven de menos de 19
años embarazada tiene el doble de riesgo de aborto que una mujer mayor
de 40 años: casi la mitad de estas jóvenes menores de 19
años embarazadas ha tenido una experiencia de aborto” 3 (p. 50).
Pese a la situación de salud pública y a la ilegalidad que
caracteriza a Colombia con respecto a otros países del mundo, el
único esbozo de cambio que se ha visto en el país vino con la
última reforma al Código Penal en 2000. En este
Código, a renglón seguido de la ya conocida penalización
para todas las circunstancias, aparece un paragrafo que para algunos ha
sido considerado una ventana hacia el camino de la despenalización
parcial y para otros una figura retórica que no significa avance alguno
en la legislación, ni en el reconocimiento de los derechos de las
mujeres. En los delitos contra la vida y la integridad personal, el aborto
esta penalizado considerando circunstancias de atenuación
punitiva cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, deinseminación
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
“Paragrafo: en los eventos del inciso anterior, cuando se
realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de
motivación, el funcionario judicial podra prescindir de la pena
cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto” 4. Sin embargo,
vale la pena anotar que en esta misma reforma al Código Penal se
tipificaron como delito, por primera vez en el país, las llamadas
“lesiones al feto” que una vez mas exponen el menor valor
relativo que se da a la vida de las mujeres, en relación con el valor
que se otorga a la vida fetal, al situar a la mujer en condición
delictiva, por ejemplo, por el solo hecho de padecer una enfermedad que pueda
ser transmitida al feto durante el embarazo o el parto.
Intentos de cambio en la legislación sobre aborto
Después de que en 1973 el Senador del Movimiento Cristiano, Fernando
Mendoza Ardila, presentara al Congreso un proyecto de ley que tenía como
propósito dar entre 16 y 30 años de prisión a “la
madre que quite la vida a su hijo futuro, fruto de acceso carnal violento o de
inseminación artificial no consentida”, se han discutido en el
país en estas dos décadas un número de aproximadamente
ocho proyectos de ley y se han presentado cuatro demandas de
inconstitucionalidad relacionadas con el tema del aborto y dos intentos de
reforma al Código Penal. Dejando de lado el proyecto del año 1973, en el que de manera franca y abierta se propone una legislación en la
que con la penalizaciónabsoluta del
aborto se criminalizan, como
menciona la Corte Constitucional Colombiana, “conductas no exigibles de
una persona, entre ellas la de continuar un embarazo que es producto de una
violación. Condiciones, en las que es difícil
entender o aceptar el hecho de que la mujer que aborta sea considerada una
delincuente” 5 (p. 16), los otros proyectos presentados tienen elementos
que ofrecen al analisis de esta situación varias reflexiones.
La mayoría de estos proyectos, presentados en su momento por senadores y
senadoras liberales, si bien buscan avances para despenalizar el aborto en
algunas circunstancias comunes a casi todos ellos, como el peligro para la vida
o la salud de la mujer, la violación, y las malformaciones del feto,
entre otras, incluyen en sus requerimientos la autorización expresa del
marido, dejando de lado la autonomía reproductiva de las mujeres que
debería primar en estas circunstancias. A esto se suma el requerimiento
de comprobar la violación por parte de un juez,
confirmando cómo en las decisiones reproductivas de las mujeres y en el
dominio del
territorio de su propio cuerpo, la legislación siempre ha desconocido el
respeto a las mujeres como personas y sujetos plenos de derechos. Sólo
dos de estos proyectos avanzan un poco al proponer que se permita el aborto
también en caso de que existan condiciones socioeconómicas que
hagan imposible la gestación para las mujeres, cuando estas
personalmente así lo consideren, y uno de ellos explica claramente en su
argumentación que setrata de proteger la vida de la mujer y no la del
feto, que no es un sujeto activo de derechos. En términos generales
estos proyectos no parten
de una concepción integral sobre los derechos sexuales y reproductivos y
se reducen, por lo general, a los argumentos terapéuticos o a las
situaciones “moralmente inaceptables”, como el embarazo por
violación. De acuerdo a estos proyectos podemos deducir que
aproximadamente cada diez años, a partir de los 70, el país ha
venido discutiendo el tema del aborto en el Legislativo,
proponiendo la despenalización por distintas causas y dejando luego
períodos de silencio social y político sobre el tema. Como bien
resume Mara Viveros en el artículo El Aborto en Colombia: Veinte
Años de Debate en la Prensa 6, podríamos decir que el primer
proyecto presentado es resultado de las intensas discusiones sobre el
crecimiento demografico en el mundo y que a este le sigue un intenso
período de debates ocasionado por un segundo proyecto de ley que
proponía despenalizar en casos de violación, para salvar la vida
de la madre y por malformaciones fetales 6. Según Viveros, en esta
época se generaron “el mayor número de artículos que
se hayan escrito sobre el tema en los diarios colombianos durante
los últimos veinte años” 6 (p. 190). Participaron de este debate tanto los políticos como los juristas, los profesionales
médicos, la iglesia y algunas mujeres. A este
período le sigue un momento dediscusiones desatadas por un proyecto de
ley presentado por un senador liberal entre cuyos argumentos mas
provocadores esta el de “la inoperancia real e inutilidad de la
ley al respecto y segundo lugar, la disociación cada vez mayor entre el derecho
nacional y la moral social vigente” 6 (p. 200).
en el nivel de lo privado se recurre a la
interrupción voluntaria de la gestación en condiciones de
seguridad y confianza, al menos entre las mujeres de los estratos
socioeconómicos mas altos. Esta situación paraliza entonces
el debate, lo hace “innecesario” y promueve la coexistencia de
leyes totalmente restrictivas con practicas permisivas. A esta situación se suma hoy el acceso cada vez
mas generalizado al aborto con medicamentos que hace aun mas
privada, mas segura y mas asequible a grupos mas amplios
de mujeres, la decisión de interrumpir un embarazo. Esto
lleva a que se vuelvan invisibles una porción importante de los
embarazos no deseados y de los abortos, tranquilizando aún mas
las conciencias de la doble moral. Paradójicamente entonces, un avance en la técnica que facilita y simplifica el
acceso de las mujeres al aborto seguro se convierte en arma de doble filo en la
medida que silencia aun mas la posibilidad de la discusión y el
debate social para la legalización franca
y abierta. Esta descripción no desconoce, sin embargo, la presencia
aún abundante en el país de una oferta de servicios de aborto que
se prestan de manera insegura y sin calidad, poniendo en riesgo la vida y la
salud de las mujeres, yque existen solamente gracias a la condición de
ilegalidad y clandestinidad del tema en el país. Esta
oferta de servicios sólo agranda la brecha de inequidad a la que nos
referiremos mas adelante. ¿Es la penalización del
aborto un instrumento de control o de inequidad social? Retomando el
analisis de las estadísticas de los abortos que suceden en Colombia cada
año, podemos concluir que este hecho confirma
de manera casi permanente un debilitamiento de la norma y de su función
de control. Una ley que se pasa por alto por qué para las ciudadanas son
mas importantes las consideraciones personales y el balance individual
que hace cada una sola o con su pareja, frente a las circunstancias
particulares de su momento en la vida, va perdiendo sentido y va creando en el
imaginario colectivo la impresión de que las leyes no sirven, ni son
necesarias y de esa manera se va debilitando el Estado en su función
normativa 6. De esa manera la penalización pierde su función de
control para convertirse en un instrumento de
inequidad social. Se ha demostrado que los efectos mas adversos de la
clandestinidad los viven las mujeres mas vulnerables: aquellas que
pertenecen a los sectores socioeconómicos mas bajos y las
mas jóvenes. Son es-
Las contradicciones entre la ilegalidad y la realidad
¿Es la ilegalidad un instrumento de la doble
moral que permite la tolerancia evitando el debate público? Pese a la
ilegalidad absoluta del aborto en Colombia, al menos en algunas de las grandes
ciudades del país las mujeres tienenacceso a servicios seguros y de
calidad, lo que ha determinado que el aborto haya pasado de ser la primera
causa de mortalidad materna en la década de los setenta a ser la tercera
causa en los primeros años del siglo XXI. Nuestra hipótesis es
entonces que la condición de ilegalidad permite mantener una
posición pública y discursiva de rechazo frente a la
practica del
aborto, acorde con la posición dominante de la jerarquía
eclesiastica, mientras que en la practica y
tas quienes en últimas se ven sometidas a practicas inseguras,
indignas y deshumanizadas. ¿Podra desaparecer el aborto de las
alternativas contempladas por las mujeres frente a un
embarazo? Mucho se ha trabajado en identificar los factores
que protegen a las mujeres de la ocurrencia de embarazos no deseados y de
abortos, concluyendo que el acceso generalizado a la educación y a los
métodos anticonceptivos son quizas los factores mas
importantes para evitar la ocurrencia de estos hechos. Al analizar el
caso colombiano a la luz de esos indicadores encontramos que 82,0% de las
mujeres estan matriculadas en la educación secundaria y el 76,9%
de las mujeres de 15 a 49 años en unión usan métodos
anticonceptivos 7. A esto se suma la existencia de una serie de normas y guías técnicas y una política
nacional de salud sexual y reproductiva, que contiene entre sus prioridades la
reducción de embarazos no deseados. Surge entonces lapregunta sobre la
razón para que en Colombia mas de la mitad de los embarazos sean
no deseados y en el país la tasa de abortos (32 abortos por cada 1.000
mujeres entre 15 y 49 años para 1991 y el número de abortos
realizados anualmente, sigan siendo persistentes 8. Comencemos por decir que el
uso de métodos anticonceptivos es irregular, en
ocasiones inadecuado y discontinuo, lo que conlleva a fallos anticonceptivos
frecuentes. Por otra parte, la proporción de relaciones sexuales no
consentidas que suceden por cuenta de la violencia intrafamiliar, el abuso y la
violencia sexual en contra de las mujeres, hacen muy difícil para
algunas de ellas prever un encuentro sexual y por lo tanto protegerse contra el
embarazo, al igual que es difícil para muchas negociar el uso de
métodos especialmente de protección como el condón. De otro lado, una cultura que por una parte sobrevalora la
maternidad y estimula la sexualidad, pero que por la otra condena y estigmatiza
el embarazo ocurrido por fuera de lo “aceptable socialmente”, es
una cultura que fuerza indirectamente la ocurrencia de abortos. Por lo
tanto, basta con decir que por las razones expuestas, entre otras, la
prevención no es suficiente y que por lo tanto una proporción
mayor o menor de mujeres siempre tendra que recurrir al aborto para
espaciar los nacimientos, para limitar el número de hijos o para ejercer
los derechos sobre su propio cuerpo: evitando los embarazos que resultan de
violación, salvando su propia vida cuando esta en riesgo por la
gestación,negandose a ser un “ataúd ambu-
lante” de fetos con malformaciones incompatibles con la vida humana o
simplemente para tener un hijo en condiciones dignas, tanto de salud mental
como de estabilidad socioeconómica 9. El caso de Holanda donde la
interrupción voluntaria del
embarazo no esta penalizada y es gratuita, y los anticonceptivos son
ampliamente asequibles, y la tasa de aborto es la mas baja del mundo, pero aun
así esta presente, es un claro indicativo de lo aquí
enunciado 10. En este escenario el papel del Estado
mas que el de prohibir e intentar forzar respuestas distintas,
debería ser el de tomar medidas para enfrentar el impacto que sobre la
salud pública tienen la morbi-mortalidad por aborto, corrigiendo las
condiciones de inequidad y desigualdad.
Analisis y conclusiones
El único camino posible para evitar las muertes por abortos que se
practican clandestinamente en forma insegura amparados en la situación
de ilegalidad, para evitar la inequidad que se deriva de esta misma ilegalidad
y para recobrar el sentido de la norma y propender el ejercicio pleno de la
autonomía reproductiva de las mujeres y las condiciones para ejercer sus
derechos sexuales y reproductivos, es buscar la legalización del aborto
en forma definitiva. Legalización que debe acompañarte de un debate social y público que sea amplio y
responsable sobre el tema. Debate que deben asumir sin demora los distintos
poderes que tienen en sus manos las decisiones legislativas y políticas
del país, y también la sociedad organizada.Entre los argumentos
que tenemos para esta defensa cuatro son claves y resultan de lo expuesto
anteriormente: primero que existen condiciones legales nacionales e
internacionales que lo sustentan y cuya aplicación se hace necesaria
para recobrar el sentido de la norma. La Constitución Nacional y los
diversos instrumentos internacionales desde la Declaración de los
Derechos Humanos hasta el Plan de Acción sobre Población y
Desarrollo 11. Segundo que el aborto es un problema de
salud pública, que se genera fundamentalmente por la ocurrencia de
abortos inseguros que ocurren al amparo de la clandestinidad. La
despenalización del aborto resulta en descensos
inmediatos en la mortalidad de las mujeres, mientras que cuando el aborto
esta penalizado, las mujeres se mueren. En Carolina del Norte (Estados
Unidos), la mortalidad materna debida al aborto
inducido se redujo casi un 85 %, en un período
de cinco años, una vez que el aborto fue despenalizado. En cambio en
Rumanía la política pronatal del régimen
de Ceaucescu resultó en su momento en la tasa mas alta de
mortalidad materna en toda Europa (aproximadamente 150 muertes por 100.000
nacidos vivos). Se calcula que el 87 % de estas
muertes resultaron de abortos clandestinos e inseguros. Tercero que la vida de
las mujeres tiene que recobrar su valor social y que en situaciones de
conflicto
moral, como la que supone la practica del aborto, el papel de un estado
laico ydemocratico es garantizar la toma de decisiones con respeto pleno
de las personas y sus derechos sin imponer los principios de una moral
religiosa dominante, y cuarto que el Estado no puede permitir al amparo de la
ley situaciones que deriven en inequidad e injusticia social como ocurre para
las mujeres mas pobres y jóvenes en el caso del aborto.
Resumen
Este artículo describe la ilegalidad del
aborto en Colombia cuya
población forma parte del
0 % mundial que vive en países donde el aborto
esta totalmente prohibido. La penalización absoluta hace de este un problema de salud pública generador de inequidad
social. En las decisiones reproductivas la legislación siempre ha
desconocido a las mujeres como personas, y enfrentada a una concepción
integral sobre derechos sexuales y reproductivos, los proyectos de ley apenas
se refieren a las situaciones “moralmente inaceptables” –
embarazo por violación – o a razones terapéuticas. Las
contradicciones entre la ilegalidad y la realidad permiten mantener un discurso
público de rechazo frente al aborto (posición dominante de la
jerarquía eclesiastica), mientras que en la practica, se
recurre a la interrupción voluntaria de la gestación en
condiciones de seguridad y confianza al menos entre las mujeres de los estratos
socioeconómicos mas altos. Esto no sólo genera inequidad
social, sino que refleja la forma en que las leyes van perdiendo sentido,
creando en el imaginario colectivo la impresión de que no sirven ni son necesarias, debilitando el Estado en su
funciónnormativa. Aborto Criminal; Iniquidad Social;
Legislación; Aborto
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